El sello de la corona. La historia del narco que vendía droga y encargaba crímenes desde su celda

ROSARIO. Desde el teléfono público del penal de máxima seguridad de Marcos Paz, Brandon Bay, uno de los jefes narcos más sanguinarios de Rosario, seguía con el manejo de la venta de drogas y daba órdenes a su madre para perpetrar crímenes. La cocaína que vendía tenía el sello de una corona, y se sospecha que se la proveía a su familia, que había quedado al frente del negocio criminal, otro interno del penal federal bonaerense: el expiloto peruano Julio Rodríguez Granthon.

Todas estas maniobras que Bay perpetró desde la penitenciaría federal, que fueron investigadas por el fiscal de Rosario Pablo Socca, incluyeron también otras comunicaciones que sumaron nuevos delitos, como el pago de 50.000 pesos en concepto de sobornos a tres policías de la seccional Nº32 de Rosario que habían detenido a la hermana del líder narco con un auto robado.

“En esta causa detectamos que Bay sigue dando órdenes desde la cárcel de Marcos Paz. Lo hace a través de un teléfono fijo del penal”, aseguró a LA NACION el fiscal Socca.

Lo que deja al descubierto esta investigación es que los jefes narco que fueron trasladados el 2 de julio pasado desde la cárcel de Piñero a Marcos Paz, donde –en teoría– iban a tener mayores controles, siguen al mando de sus organizaciones, como se detectó con el líder de Los Monos Máximo Ariel Cantero, alias Guille, que está sospechado de ordenar ataques a balazos y cobrar franquicias millonarias para vender cocaína en distintos puntos de Rosario.

A Guille Cantero le secuestraron, dos veces en 15 días, dos teléfonos fijos que usaba dentro de su celda. Con ese aparato ordenó disparar contra el Centro de Justicia Penal de Rosario, un día antes de que comenzara un juicio en su contra por atentados que perpetró su banda en 2018 contra edificios judiciales y residencias de jueces. Por esa causa fue sentenciado a 22 años y sumó más de 100 años de condenas.

El 8 de noviembre pasado, Rodríguez Granthon, proveedor de Cantero, que se encuentra preso en ese penal federal, fue procesado por lavado de dinero narco. Desde la cárcel de Marcos Paz daba órdenes a sus lugartenientes en Rosario para cambiar pesos –que provenían de la venta de drogas en búnkeres de Villa Banana, en Rosario– en una cueva financiera del centro de Rosario, cuyo accionista es el extitular de Terminal Puerto Rosario Gustavo Shanahan.

Tema de discusión

El martes pasado se reunieron en Buenos Aires fiscales antidrogas de distintos países de América latina para analizar el fenómeno de la administración del crimen organizado desde las cárceles. Uno de los temas que se analizó en esa reunión, en la que uno de los protagonistas fue Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), fue el fenómeno del narcotráfico en Rosario donde las principales organizaciones están gerenciadas por jefes narco desde los penales provinciales y federales.

La semana pasada, el nuevo secretario de Seguridad de Santa Fe, Jorge Bortolozzi, planteó que se debe reformar la legislación para sumar mayor control a los presos denominados de “alto perfil”. Bortolozzi, que hasta hace dos semanas era subsecretario de Asuntos Penitenciarios, consideró que “sería bueno discutir” si los presos más peligrosos tendrían que tener las mismas condiciones de encierro que, por ejemplo, Joaquín “Chapo” Guzmán, el líder narco mexicano que está detenido en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, para lo cual reconoció “hace falta una reforma a la ley nacional”. El funcionario planteó que se deben discutir cambios a la ley Nº 24.660, sancionada en 1996.

Más allá de la legislación, fuentes de la justicia federal señalaron a LA NACION que si estuviera activa el área de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se podría tener más información de la actividad de este tipo de presos en las cárceles. Esa área de inteligencia fue desmantelada luego de que estallara el escándalo a mediados del año pasado con las escuchas ilegales que se realizaban a dirigentes políticos del kirchnerismo que estaban detenidos en el penal de Ezeiza. “Hoy estamos a ciegas porque no hay inteligencia criminal dentro de las cárceles. No sabemos si un jefe narco está comprando armas o droga o planea matar a alguien”, admitió un fiscal federal.

Un informe elaborado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), al que tuvo acceso LA NACION, advirtió que dentro de las unidades penitenciarias las altas jerarquías de las organizaciones narco continúan, a través del uso de celulares compartidos y los teléfonos públicos, con el tráfico de estupefacientes y también ordenando crímenes. Uno de los focos del informe está puesto en los grupos narco santafesinos, como Los Monos, Funes y Ungaro, pero también de otras organizaciones que tienen base territorial en otras provincias, como Corrientes, Salta y el Gran Buenos Aires.

Este martes se conoció una nueva trama criminal que se gestó desde la cárcel de Marcos y que tiene como principal protagonista a Brandon Bay, uno de los jefes narco de Rosario más sanguinarios. Su nombre apareció en diciembre del año pasado conectado al hallazgo de dos cuerpos descuartizados que aparecieron en un contenedor de residuos.

El fiscal Pablo Socca, que investigaba a este hombre en otras causas, alertó que en una escucha Bay le decía a su cuñado, que fue detenido este martes: “Fijate como los voy a cortar en pedazos”.

“No, uno me voy a llevar… te mando un video con una motosierra, fíjate como lo voy a cortar en pedazos bien a lo mexicano, le voy a dar”, se escuchaba a Bay desde la cárcel de Piñero, donde estaba preso en ese momento.

En un operativo que se realizó este martes, que incluyó 12 allanamientos, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) secuestró cuatro kilos de cocaína y dos de marihuana, junto con armas y 952.000 pesos a los miembros del clan que lidera Bay desde Marcos Paz.

Erika Altamirano, la madre del narco, quien figura entre los ocho detenidos, era la que proveía de droga a los búnkeres donde se vendía la droga. Según el fiscal Socca, la mujer era la que se comunicaba de forma casi diaria con Bay en el penal de Marcos Paz. Se contactaba al teléfono fijo del pabellón donde está alojado este jefe narco.

En una de esas conversaciones, que fueron interceptadas porque el teléfono de Altamirano estaba intervenido por orden judicial, la mujer le comentó que habían pagado una coima de 50.000 pesos a tres policías de la seccional Nº32 de Rosario para evitar que su hija Flavia Bay y su cuñado Luis Saucedo quedaran detenidos tras ser demorados el 9 de setiembre pasado por transitar en un auto robado.

Desde Marcos Paz, Bay le dio el visto bueno a su madre para que pagara el soborno. La mujer le comentó que el sumariante de la seccional le había pedido el dinero a cambio de incluir en la causa que la pareja contaba con un boleto de compra-venta (que en realidad no existía), a pesar de que el vehículo tenía pedido de captura.

Pero algo se complicó. “Nos cagaron”, le dijo en una de las escuchas Altamirano a su hijo, preso en el penal bonaerense. Lo que sucedió fue que los policías informaron al fiscal de turno que Flavia Bay y su pareja contaban con un documento que probaba que habían adquirido ese auto. El problema fue que el fiscal Federico Rébola, de turno en ese momento, había investigado a Brandon Bay por ataques a balazos. El funcionario sospechó que había algo raro y la coartada se cayó. Este martes fueron detenidos dos policías de la comisaría Nº32 y un tercero estaba previsto que se entregue en las próximas horas.

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