El Rey de la Efedrina: una hipótesis apunta a que se preparaban atentados explosivos contra jueces
En la mansión de Mario Segovia, en Rosario, secuestraron material considerado de peligro para la seguridad nacional; investigan si el sospechoso buscaba vengarse de los jueces que lo condenaron o intentaba venderlo a organizaciones criminales
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Mario Segovia, conocido como el Rey de la Efedrina, acopiaba en su mansión del barrio de Fisherton, una zona residencial de Rosario, una cantidad de materiales y herramientas para construir explosivos de “alto poder de fuego”, con detonadores a control remoto y TNT.
La pregunta que aún se hacen los investigadores de la justicia federal de Lomas de Zamora y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), dependencia a cargo del fiscal Diego Iglesias, es qué planeaba hacer Segovia, preso en la cárcel de Ezeiza, con las bombas que armaba su hijo Matías, con la guía y el asesoramiento de expertos a los que pagaba a través de sitios online de la Deep Web –la internet oscura- en Canadá y Estados Unidos.
Hay dos hipótesis que analizan los investigadores. Una es que Segovia, de 47 años, pretendía armar el know how para vender el servicio de fabricación de bombas a otras organizaciones criminales. La otra posibilidad en la que avanzan los detectives es que este narco condenado por tráfico de efedrina a carteles de México planeaba usar explosivos para vengarse de funcionarios judiciales o extorsionar a personas de alto poder adquisitivo.
No hay antecedentes en la Argentina de que un narco que está preso en una prisión federal use explosivos para desarrollar planes criminales.
Como informó LA NACION, la causa que derivó en los allanamientos del martes pasado en Rosario y donde fueron detenidos Matías Segovia y Hernán Segovia, hijo y hermano del Rey de la Efedrina, respectivamente, entre otros sospechosos, comenzó el 12 de septiembre de 2016 cuando, en el Aeropuerto Internacional Silvia Pettirossi, de la ciudad de Luque, en Paraguay, se secuestró un paquete remitido por encomienda, proveniente de Canadá, que contenía dispositivos para la fabricación de explosivos.
En la génesis de la investigación, que en su momento estuvo a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, magistrado que ordenó intervenir el teléfono que usan los reclusos alojados en la cárcel de Ezeiza, se sospechó que el móvil detrás de los dispositivos explosivos secuestrados y que pronto se vincularon con Segovia tenía como destino atentar contra algún funcionario que participó de las pesquisas y juicios que llevaron al Rey de la Efedrina tras las rejas.
“En un momento, en 2019, se especuló que Segovia había encargado cartas bombas que iban a estar dirigidas a alguno de nosotros”, afirmó un funcionario judicial que tuvo participación en uno de los expedientes donde estuvo involucrado el Rey de la Efedrina.
Un detective que tuvo participación en parte de la investigación sostuvo a LA NACION: “[Segovia] tenía trotyl para volar dos cuadras. En un momento de la pesquisa, entre distintos hallazgo de importancia, encontramos una foto de un juez”.
Peligro para la seguridad nacional
Tras los allanamientos del martes pasado, un informe preliminar del área de explosivos de la Policía Federal Argentina (PFA) detalló que Segovia tenía en su casa de Álvarez Condarco 472 bis todos los componentes para hacer detonar un explosivo de alto poder destructivo, que configura un peligro para la “seguridad nacional”.
En los procedimientos ordenados por el juez federal Luis Armella, tras un pedido del fiscal federal Sergio Mola y de la Procunar, tras casi cinco años de investigación, en la casa de Hernán Segovia, hermano del Rey de la Efederina y expolicía de Santa Fe, se encontró, además manuales para la desarmar y manipular explosivos, un fusil AR15, similar al M4 que usan las tropas norteamericanas.
Según fuentes judiciales, durante tres años Segovia se capacitó a través de la web paralela junto con su hijo Matías en la manipulación de explosivos.
Como antecedente para fundamentar la hipótesis de una venganza contra funcionarios judiciales, una fuente de la investigación recordó el incendio ocurrido en octubre de 2016 en Yapeyú al 1900, en el partido bonaerense de San Martín.
En esa oportunidad, el fuego se desató en el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 3. En ese edificio funciona también el TOF N° 4, que tuvo a su cargo el juicio oral contra el Rey de la Efedrina, cuya condena a 14 años de prisión fue confirmada en 2016 por la Cámara Federal de Casación Penal. En ese momento, la Asociación de Magistrados calificó el hecho como un “atentado”. Pero nunca se pudo determinar quién fue el autor intelectual.
Segovia y el ciudadano mexicano Juan Jesús Martínez Espinoza fueron condenados en agosto de 2012 por el TOF N° 4 de San Martín, integrado por los jueces María Lucía Cassain, Lidia Soto y Alejandro de Korvez, a la pena de 14 años de prisión al considerarlos responsables de formar parte de una banda que elaboraba metanfetaminas en una quinta de la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz y enviaba efedrina de contrabando hacia México.
Casi tres meses antes, el 31 de mayo de 2012, el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) N° 2, integrado por los jueces Claudio Gutiérrez de la Cárcova, Luis Losada y César Osiris Lemos, había condenado a Segovia a la pena de nueve años de prisión por el delito de tentativa de contrabando de de “mercaderías susceptibles de producir un daño en la salud, en ese caso se trataba de las sustancias conocidas como aconitina y ricinina.
Esta historia que tiene a Segovia como protagonista ponen al descubierto los niveles de corrupción y la falta de controles que existen en las prisiones de la Argentina. En el expediente donde se investiga el contrabando de explosivos y de armas, se dejó constancia que el 16 de noviembre de 2017 pagó 30.000 pesos por un celular.
Segovia, según se desprende en el expediente al que tuvo acceso LA NACION, empezó a adquirir explosivos de una empresa de Canadá que se llama Securesearch Inc en 2016.
En la investigación se detectó que Segovia y su hijo Matías usaban dos direcciones de mails del gobierno de Formosa, que estaban a nombre de dos docentes. Estas personas no sabían que eso ocurría. El Rey de la Efedrina usaba estos dominios “oficiales” para poder acceder al material explosivo. Simulaba que era el Estado formoseño el que lo adquiría.
Contactos en Sinaloa
Los detectives del caso sospechan que habría adquirido acceso a esas casillas de correo electrónico tras comprar esa información en la Deep Web, la llamada internet oscura. Los pagos los hizo a través de un contacto en Sinaloa, México, donde Fernando Uriarte Ramírez pagó la compra de los explosivos a través de la empresa Money Gram. La factura se hizo a nombre de G.S., docente formoseño. El plan era que esta encomienda llegara a Paraguay, como ocurrió, y desde allí Denis Pérez, el destinatario, iba a enviar a la Argentina el paquete a través de una azafata de una empresa de ómnibus. En Buenos Aires el bulto con los explosivos lo recibiría Yanina Alcides Z., que sería la encargada de llevarlo a la cárcel de Ezeiza.
Ese primer paquete de explosivos que compró Segovia tenía como destino final, según la investigación, un penal federal. La sospecha es que el Rey de la Efedrina pretendía atentar contra alguien dentro de la prisión. Pero después, cuando la pesquisa se reanudó luego del escándalo político conocido como Operación Puf, confirmaron los detectives que el clan Segovia había adquirido más insumos para desarrollar bombas en Rosario.
Este capítulo pone la situación en otro escenario. Lo que se presume es que los explosivos que llegaron a Rosario estaban alistados para ser utilizados fuera del penal.
No es la primera vez que este narco compra materiales que se pueden usar para ataques. En septiembre de 2006 la División de Control Aduanero descubrió que había llegado al aeropuerto de Ezeiza un sobre con 500 miligramos de aconitina, que iba dirigido a Hécto Benítez, el nombre de pantalla que usaba Segovia, identidad que se la había robado a un preso.
“La toxicidad de la aconitina es extrema, ya que produce la muerte en adultos en dosis de tan sólo 3 a 8 miligramos”, señala el informe de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) que figura en la causa.
Desde que su historia se hizo pública en 2008, Segovia configura una rara avis en materia criminal. Pasó de ser mozo en el club Provincial de Rosario a manejar un Rolls Royce y una camioneta Hummer en una ciudad donde transitar con esos autos genera una alta exposición. Para los carteles mexicanos, Segovia era el mayor proveedor local de efedrina, sustancia que adquiría en el mercado farmacéutico legal y que era derivada a la fabricación de metanfetaminas.
En los diálogos que figuran en la causa aparece Segovia como el gestor de varios negocios oscuros, como el ingreso a la cárcel de marihuana sintética, una droga que también se la conoce como K2 y es altamente peligrosa. Ese emprendimiento lo compartía, según el expediente, con Ignacio Actis Caporale, un narco de Rosario que fue condenado en marzo pasado a nueve años y seis meses de prisión, junto con el exjefe de Drogas de la policía santafesina Alejandro Druetta.
Segovia también ordenó desde la cárcel la compra de un barco arenero. Le propuso a su cuñado Gonzalo Ortega que ofreciese un campo en Santiago del Estero como parte de pago. Además, con su hermano Hernán, Segovia maneja inversiones inmobiliarias y se desprende que también lleva adelante el desarrollo de obras de construcción.
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