El regreso de la narcopolítica. El yerno del exintendente de Itatí fue detenido en Rosario con un cargamento de droga

Ricardo Piris, yerno del exintendente de Itatí Natividad Roger Terán, condenado por narcotráfico, fue detenido en un taller mecánico en las afueras de Rosario con 567 kilos de marihuana. Esa droga tenía como destino un narco pesado de Rosario que está preso en el penal de Ezeiza.

Piris había salido de la cárcel hace pocos meses. En abril quedó en libertad condicional, tras cumplir dos tercios de la condena a 11 años, que unificó las sentencias en dos causas por narcotráfico y asociación ilícita.

Según la investigación judicial, este hombre había trasladado, junto a otros correntinos, el cargamento de marihuana a la localidad de Funes, desde donde tenía previsto que una parte quedara en Rosario y luego se distribuyera en la provincia de Buenos Aires.

La sociedad entre los narcos de Itatí y Los Monos es antigua. Se remonta a 1999, cuando Máximo Cantero, El Viejo, fue detenido con 76 kilos de marihuana en un Ford Escort en las afueras de Itatí. Los nexos entre los correntinos y rosarinos siguieron firmes a lo largo de las últimas dos décadas, y con otros protagonistas, como las nuevas generaciones de Los Monos.

Piris fue condenado a seis años de prisión por narcotráfico, luego de haber sido descubierto con nueve kilos de marihuana en 2006. Después sumó otra condena por asociación ilícita en la megacausa de Itatí. Las sentencias se unificaron en once años.

En 2017, junto con Piris fueron condenados Ramón César Luis Saucedo y Javier Ernesto Canteros. El yerno de Terán fue condenado por un hecho que data del 23 de septiembre de 2006. Ese día, personal de la Gendarmería persiguió un Peugeot 205 de color rojo que trató de evitar un retén y se metió por un camino de tierra. Antes de que los efectivos lograran detener el auto que trataba de escapar, los ocupantes tiraron por la ventanilla un bulto. En ese paquete había 9,59 kilos de marihuana. El que conducía era Piris, que iba acompañado de Canteros y Saucedo, pariente de quien está sindicado como uno de los mayores narcos de Itatí.

Ricardo Piris estaba en pareja con Mariela Terán, la hija del exintendente que fue condenado a tres años de prisión, tras firmar un juicio abreviado en 2021. Fue enviado luego de estar detenido en Resistencia, a la cárcel de Marcos Paz. Allí se sospecha que entabló nuevos vínculos con los miembros de Los Monos y otros narcos de Rosario que están presos allí por narcotráfico.

En Itatí, todos los engranajes institucionales estaban vinculados al narcotráfico. Desde el intendente hasta el comisario participaban de un negocio que se había transformado en un emprendimiento muy rentable, en un lugar que solo subsiste del merchandising de la virgen de Itatí. Allí nunca se instaló una fábrica ni tampoco se montó algún desarrollo productivo que aportara opciones para vivir mejor.

El contrabando moldeó la vida históricamente en ese pueblo, y también de la otra orilla. En la última década, la marihuana que se produce en Paraguay –segundo productor en América latina, detrás de México– se transformó en una fuente de subsistencia para muchos, entre ellos, para los chicos que hacen de “biguá” y avisan si hay algún peligro a la hora de cruzar con las lanchas cargadas de marihuana.

Final de un juicio importante

Este miércoles culminará el juicio contra los funcionarios judiciales y políticos involucrados en el tráfico de drogas en la zona. En marzo pasado el fiscal federal Carlos Schaefer pidió que Soto Dávila sea condenado a 15 años de prisión por considerarlo jefe de una asociación ilícita que le cobraba coimas a narcotraficantes que investigaba para beneficiarlos con resoluciones judiciales. El fiscal, junto con la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), concluyó su alegato en el juicio oral en el que también pidió condena para otras seis personas, entre ellos dos secretarios judiciales del ex magistrado y un ex intendente.

Schaefer acusó a Soto Dávila de ser el jefe de una asociación ilícita, de ocho casos de cohecho pasivo agravado (haber cobrado coimas) y de nueve casos de prevaricato, que es dictar sentencias contrarias a derecho. Además de la pena de prisión, solicitó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 75 mil pesos. “La sociedad está reclamando justicia en los casos de narcotráfico. Nosotros le decimos al tribunal: es justicia o corrupción. A eso le voy a agregar es justicia o es delincuencia, es justicia o narcocriminalidad, es justicia o narcotráfico para este país”, dijo Schaefer al cerrar su alegato junto con los fiscales Diego Iglesias y Martín Uriona ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

La fiscalía también pidió que sean condenados dos secretarios judiciales de Soto Dávila: Pablo Molina, a 12 años de prisión, y Federico Grau, a nueve años y seis meses. Lo mismo para tres abogados: Duylio Horacio Barboza Galeano (8 años), Gregorio Humberto Giménez (7 años) y Alfredo Viglione (5 años). Por último, requirieron dos años y cinco meses de prisión para Juan Manuel Faraone, exintendente de la ciudad de Empedrado.

Aníbal Ibarra, abogado de Federico Grau, secretario del juzgado federal, argumentó que hubo un “arrepentimiento guionado” de Federico Marín, alias Morenita. El letrado señaló que el Ministerio Público tendría algún tipo de “connivencia” con Marín.

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