El plan de Kicillof. Más que 40.000 nuevos policías se necesitan cárceles para frenar la puerta giratoria

La escena se repite. Frente al reclamo colectivo de mayor seguridad en Buenos Aires la reacción política es prometer un ingreso masivo de aspirantes a policías. El gobernador Axel Kicillof expuso su plan de sumar 40.000 uniformados en dos años. Daniel Scioli hizo algo similar cuando ocupó el principal despacho en La Plata. El resultado de esa experiencia está a la vista: el delito creció y los casos de gatillo fácil se replicaron por inexperencia y falta de preparación. El homicidio del adolescente Luciano Olivera en Miramar queda como prueba del mal funcionamiento de una fuerza sobredimensionada. La policía bonaerense supera hoy los 95.000 efectivos. Con la cantidad de agentes que Kicillof planea poner en las calles en dos años, la fuerza provincial tendrá más personal que las Fuerzas Armadas.

El problema fundamental en esos proyectos de aumentar el número de efectivos es el proceso de selección. Si se quiere tener 40.000 uniformados nuevos de inmediato –dos años es un período de urgencia, electoral, tal vez–, ¿cuántos candidatos se necesitarían para elegir de manera adecuada? Si se piensa en tres postulantes por puesto, la cifra es muy poco manejable para quienes tengan que verificar las cualidades de los aspirantes en poco tiempo. El resultado sería idéntico, entonces, a lo observado en los ingresos masivos realizados en períodos anteriores: se le dan arma y placa a todo el que se anota.

¿Aumenta la seguridad o disminuye con policías con poco adiestramiento y que ven el ingreso a la fuerza de seguridad como una rápida salida laboral? La muerte del adolescente de 16 años en Miramar da una posible respuesta.

La receta de incrementar el número de policías bonaerenses ya fue utilizada. Otras variantes no fueron exploradas. De poco sirve tener 40.000 policías más en las calles si se mantiene el funcionamiento de la puerta giratoria, ese esquema que permite el rápido regreso al delito de personas detenidas. Si ese flujo no se corta, será un gasto presupuestario el ingreso de más uniformados. Y la puerta giratoria tiene una causa que no la detiene: el colapso carcelario.

El Servicio Penitenciario Bonaerense tiene 50.000 personas bajo custodia en las unidades carcelarias. No hay una sola plaza disponible. Y las comisarías también están llenas, con más detenidos de los que pueden albergar. En ese contexto, los magistrados dudan en mantener detenido a un sospechoso por las condiciones de hacinamiento. Y generan la sensación –dentro y fuera del mundo del delito– de que robar es gratis en la Argentina. Las crónicas de homicidios se riegan con criminales que habían sido arrestados poco antes de un asesinato. Más policías no cambiarán esa realidad.

Cuarenta mil plazas carcelarias adicionales podrían hacer la diferencia que 40.000 nuevos policías difícilmente puedan marcar. Claro que ningún político promete cárceles. No es una buscada foto de inauguración. Es más fácil pagar 40.000 sueldos más que anunciar obras en penitenciarías. Además, ninguno de los intendentes quiere una cárcel nueva en su distrito, y sí celebrarán la porción de inexpertos agentes que les toquen en suerte. Festejarán hasta que alguno de ellos, por falta de entrenamiento, dispare contra un adolescente y una enojada muchedumbre ataque la municipalidad. Eso pasó anoche en Miramar. El policía detenido por el crimen llevaba poco tiempo en la fuerza provincial.

Generar más cantidad de plazas en las prisiones tendría, además, un efecto casi inmediato en la tarea de prevención del delito. Permitiría liberar a los casi 9000 policías bonaerenses que hoy tienen como única misión la custodia de los detenidos que están alojados en comisarías. Si se considera que la seguridad se resuelve con más uniformados en las calles, ese es un punto a tener en cuenta. No solo en Buenos Aires, en la ciudad tienen esa tarea más de 4500 uniformados.

Todo funcionario que pasó por los ministerios de Seguridad de cualquier provincia se llevó como mantra la frase: hay que crear más cárceles. Sin embargo, ninguno pudo convencer a sus colegas de gabinete que no tienen que lidiar con las estadísticas del delito y con el humor social frente a cada crimen que alcanza el nivel de noticia estable en los medios.

Finalmente, ante la falta de variantes, se vuelve a la propuesta original y se abre la inscripción masiva en la policía.

Con una fuerza provincial de 140.000 efectivos a finales de 2023, ¿será mejor la seguridad ciudadana? Si no se empiezan a construir cárceles, en ese momento seguirá la puerta giratoria. Entonces, ¿cuál será la alternativa? ¿Llegar a 200.000 uniformados en 2025?ß

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