Delfín Castedo. Condenaron al Patrón del Norte a 16 años de cárcel por asociación ilícita y lavado de activos
Lo sentenció un Tribunal Federal de Salta, que además dictó penas de prisión efectiva para un hermano y la exesposa del líder del clan, un martillero público y tres comerciantes
- 6 minutos de lectura'
LA NACION
Durante años dominó un vastísimo territorio a ambos lados de la frontera entre la Argentina y Bolivia. Allí, en Profesor Salvador Mazza, generó un corredor para contrabandear a gran escala la cocaína que bajaba desde Santa Cruz de la Sierra; en esas 60.000 hectáreas, ejerció ese dominio con puño de hierro, y no dudó en mandar a matar a quien lo enfrentara, como le ocurrió a Liliana del Valle Ledesma, a la que dos sicarios la emboscaron el 21 de septiembre de 2006 por haberse negado a vender sus 1250 hectáreas en El Pajeal. Por todo eso, y mucho más, a Delfín Reynaldo Castedo Aguilera le calzó como un guante el apodo de El Patrón del Norte.
Hoy, tras un largo juicio, el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta lo condenó a 16 años de cárcel como jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos provenientes de dicha actividad. Además, lo sentenciaron como partícipe necesario del delito de “falsificación material de documento público” y coautor de “falsedad ideológica de documento público agravada por tratarse de un documento destinado a acreditar la habilitación para circular de vehículos”. Por el beneficio de la duda, fue absuelto por el uso de esos documentos.
Los jueces Federico Santiago Díaz, Marta Liliana Snopek y Mario Juárez Almaraz también condenaron a Raúl Amadeo Castedo, alias Hula –hermano de Delfín y supuesto encargado de conseguir cocaína en Santa Cruz de la Sierra– y al martillero público Eduardo Torino a 9 años de prisión como miembros de la asociación ilícita. La exesposa del líder de la organización, Melba del Carmen Araujo, recibió 5 años de cárcel y los comerciantes Alberto y Luis Yudi, 7 años de prisión. A Mario Alberto, hijo de Alberto Yudi, le aplicaron una pena de tres años de prisión por lavado de activos.
Todos deberán abonar multas de entre 90 mil y 1,2 millones de pesos, prácticamente “un vuelto” en relación con la multimillonaria actividad ilegal que el clan Castedo desplegó en ese “protoestado” asentado sobre el espeso monte de dos naciones soberanas.
La acusación en todas las etapas del proceso fue impulsada por los fiscales Diego Iglesias y Eduardo Villalba, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a los que se sumaron en el juicio, que comenzó el 3 de noviembre de 2021, el fiscal general Carlos Martín Amad y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, según precisó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en su portal institucional fiscales.gob.ar. También intervino, como querellante, la Unidad de Información Financiera (UIF).
Antes de que el brazo de la ley se abatiera sobre ellos, los Castedo negaron las acusaciones, que atribuyeron a una eventual “persecución” en su contra. Por su parte, el martillero Torino dijo que simplemente había sido responsables de un “mal negocio”. Los Yudi declararon su inocencia y pidieron una “sentencia justa”. Y Melba Araujo se definió como “una mujer sencilla, de pueblo, a la que le tocó ser la mujer de Castedo”, aunque aprovechó para lanzarle un dardo envenenado a Delfín: resaltó que durante el juicio se había enterado de una infidelidad de su ex. A Melba le decomisaron su Volkswagen CrossFox, que fue entregado al gobierno de Salta para su utilización en los ministerios de Educación o Salud.
El TOF salteño también se decomisó a favor del Estado Nacional la finca El Aybal, de 19.954 hectáreas, que abarca los lotes Caricate, Nupiau y Quebracho Ladeao, y limita con Bolivia. Hay más bienes cuyo decomiso había requerido la Procunar NOA, pero los jueces postergaron una resolución al respecto porque podrían estar sujetos a reclamos de terceros.
Un proceso extenso y accidentado
En sus alegatos, los fiscales generales Amad y Viltes Monier “reseñaron los vínculos que los imputados tenían con otras organizaciones del narcotráfico, tanto en la Argentina como en Bolivia y Colombia, y también sus nexos con integrantes de las fuerzas de seguridad y hasta con operadores de la Justicia provincial y la federal”.
En fiscales.gob.ar se reseñó que “existió un acuerdo de voluntades entre los acusados dirigido a gestar una asociación ilícita con el objetivo de desarrollar actividades ligadas al narcotráfico, con un número indeterminado de otros delitos aleatorios”.
Entre esos delitos destacaron el homicidio de la productora rural Liliana Ledesma, ocurrido el 21 de septiembre de 2006. La víctima había denunciado públicamente que los Castedo usaban la finca El Pajeal para “pasar droga” desde territorio boliviano, ya que el campo linda, en Bolivia, con una propiedad perteneciente a Roxana Castedo, hermana del Patrón del Norte.
En su alegato, el fiscal Amad afirmó que la organización operó entre 1999 y julio de 2016, cuando Delfín Castedo fue arrestado mientras circulaba en una 4x4 por el partido bonaerense de Ituzaingó, cuando llevaba diez años prófugo en la causa por el homicidio de Ledesma. Por este crimen fueron condenados a prisión perpetua María Gabriela Aparicio –hermana del exdiputado provincial peronista Ernesto Aparicio–, Aníbal Tárraga, Lino Ademar Moreno y Casimiro Torres; en tanto que Patricia Guerra recibió una pena de 10 años y Juan Moreno, una de cuatro.
El fiscal general indicó que inicialmente Delfín operó a las órdenes del exdiputado provincial peronista Ernesto “El Gordo” Aparicio, que era dueño de la finca El Pajeal. Tras la muerte de Aparicio, Castedo asumió el liderazgo de la organización y convirtió el vasto territorio a su cargo en una suerte de “aduana privada”, tal como la definió Amad.
A lo largo del juicio, precisó el MPF en fiscales.gob.ar, los acusadores presentaron testigos, documentos y escuchas telefónicas que les permitían dar por probado que “la utilidad de esas tierras, incluida la finca El Aybal, estaba vinculada al tráfico de drogas”.
La fiscalía también expuso sobre los vínculos que los acusados mantenían con otras organizaciones narcocriminales, como la liderada por el abogado Carlos Salvatore y Patricio Gorosito –que confesó ser testaferro del mítico presidente de la AFA Julio Humberto Grondona, condenados por contrabandear más de una tonelada de cocaína a Europa en la causa conocida como Carbón Blanco. Por esa causa, Delfín Castedo fue absuelto a principios de 2021; no porque no hubiese sido el proveedor de la droga, sino porque el paso del tiempo sin había operado la prescripción de la acción penal en su contra.
Los fiscales afirmaron que había quedado establecido, además, que los acusados “alteraron la paz social” de la localidad de Profesor Salvador Mazza como consecuencia de los “constantes conflictos” creados por la inflexibilidad de los Castedo para impedir el paso de camiones de puesteros a a través de sus fincas, con el objetivo de mantener lejos de ojos indiscretos el contrabando de drogas.
Afirmaron los acusadores que “la organización fue una de las más grandes del país, tanto por el flujo de droga que comercializó como por el nivel de corrupción propagado, ya que Castedo no solo era informado de cada orden de intervención telefónica, sino que también contó con la cobertura legal del exjuez federal de San Ramón de la Nueva Orán, Raúl Reynoso, quien fue acusado de fraguar una declaración indagatoria de Castedo, que le permitió al imputado mantenerse en la clandestinidad. En marzo de 2019, Reynoso fue condenado a 13 años de prisión.
LA NACION
Conforme a los criterios de
Más leídas de Seguridad
Drama en Mendoza. Murió un hombre que fue baleado por su madre anciana porque “no podía cuidarlo más”
Tragedia familiar. Un padre y su hija murieron tras caer a un arroyo en medio de una pelea
40 segundos de horror. El violento ataque a cuchillazos de un hombre a una mujer en una pizzería de Núñez
Boedo. Incendio y evacuación en la fábrica de alfajores Jorgito
Últimas Noticias
"Vehículo en infracción". Qué hay detrás de la nueva modalidad de estafa bajo la fachada de una multa de tránsito
Allanamiento. El Gobierno denunció que un local cedido a la universidad de Madres de Plaza de Mayo funcionaba como boliche clandestino
