El malogrado rol de las Fuerzas Armadas cuando Alberto Fernández ordenó enviar a un pequeño grupo a Rosario

ROSARIO.- El 5 de marzo del año pasado un grupo narco, llamado los Salteños, mató a Máximo Jerez, un chico de 11 años que había ido con sus primos a comprar una gaseosa a un kiosco en el barrio Los Pumitas y quedó en el medio de un enfrentamiento entre bandas, algo que era común en la zona. Después del sepelio del chico, los vecinos y parientes, muchos de ellos de la comunidad Qom, cansados de la situación, destrozaron con picos y mazas los búnkeres donde los Salteños vendían droga en el barrio.

Las imágenes de esa pueblada, con gente pobre y temerosa destrozando la referencia más visible del narco en el lugar, motivaron a que el entonces presidente Alberto Fernández desplegara un refuerzo de gendarmería y construyera un escuadrón móvil en la zona norte, con contenedores marítimos, donde debían vivir los efectivos.

En ese momento, cuando la campaña electoral ya estaba lanzada, Patricia Bullrich, en ese entonces precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, propuso que las fuerzas armadas debían participar de la lucha contra el narcotráfico en Rosario. Como si fuera una respuesta a ese planteo, que había tenido una fuerte repercusión, sobre todo mediática, Fernández anunció el envío de un grupo de miembros del Ejército para realizar tareas de infraestructura.

Como la Ley de Seguridad Interior prohíbe a los efectivos del Ejército a intervenir en tareas de seguridad ordinarias dentro del país, la presencia de los uniformados buscaba apaciguar lo que reflejaban varias encuestas y focus group que advertían que la mayoría de la población estaba de acuerdo en la utilización de las fuerzas armadas para el combate contra el narcotráfico. Una situación similar ocurre ahora.

Fernández envió un grupo de unos 20 suboficiales y oficiales del Ejército del área de ingeniería. Llegaron a Rosario a mediados de abril, con dos retroexcavadores y camiones. La tarea que tenían asignada era la de abrir una calle de 300 metros, que conectara el Camino Nuevo con la vieja ruta a Soldini.

La situación era bastante paradójica. Porque los miembros del Ejército, que no portaban armas, estaban custodiados por un grupo de Gendarmería mientras trabajaban. Lo que temían en ese momento, según señalaron fuentes de la fuerza, era que algún sicario narco atacara a un soldado a modo de provocación. La presencia de las fuerzas armadas terminó por afectar los recursos de Gendarmería, que debía utilizar dos patrulleros, con ocho hombres por turno, para custodiar a los soldados, recursos que se restaban a las tareas de seguridad en la ciudad.

Pero lo más llamativo es que las obras que iniciaron los miembros de las fuerzas armadas ni siquiera se terminaron. Quedaron a medio hacer, reconocieron fuentes del municipio de Rosario. La razón, según señalaron a LA NACION, fue que se terminó el financiamiento para las obras porque se desfinanció la Secretaría de Integración Socio Urbana, que era la que debía aportar $160.000.000 para el fin de la obra.

Seguramente fueron más altos los recursos que se gastaron en el desplazamiento de la maquinaria y del grupo del área de Ingenieros que lo que costó la obra, que quedó sin terminar, y actualmente el municipio de Rosario tuvo que hacerse cargo. “Fue un fracaso”, admitieron en la intendencia, que creen que ahora la participación de las fuerzas armadas será distinta.

En esta nueva etapa, la participación de las fuerzas armadas será, por ahora, con el aporte de vehículos a Gendarmería, una fuerza que tiene un problema de logística severo por las dificultades que existen hoy en la compra de patrulleros. En un primer momento, la ministra de Seguridad detalló que iban a ser 150 camionetas, camiones y autos los que llegarían a la ciudad, pero con el correr de las horas esa cifra se redujo a 50. Estos vehículos todavía no llegaron a Rosario. Está previsto que lo puedan hacer antes del viernes, cuando también llegarían unos 450 gendarmes para patrullar ocho barrios de la ciudad.

Con el correr de las horas empezó a circular la versión de que el Ejército tendría un rol más activo. Bullrich es partidaria, como lo dijo en la campaña y lo ratificó en diálogo con LA NACION, que las fuerzas armadas deben participar en el combate contra el narcotráfico. El presidente Javier Milei señaló ayer que el Gobierno evalúa “enviar una nueva ley de Seguridad Interior que permita que las Fuerzas Armadas puedan tomar algunas acciones adicionales”.

En esa línea, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se manifestó a favor de que el Ejército recorra las calles y pueda realizar tareas de seguridad ciudadana, ya que consideró que lo que se está sufriendo en Rosario son “ataques terroristas”. El mandatario pidió “no quedar atados a debates ideológicos” y avanzar en soluciones “que le den paz a los rosarinos”.

“Estamos viviendo hechos terroristas que tienen el claro objetivo de infundir terror, por lo tanto, hay que ser prácticos y facilitar que vengan las Fuerzas Armadas a darles paz a los rosarinos”, apuntó Pullaro.

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