El líder de Los Monos sumó un nuevo procesamiento por vender drogas desde la cárcel de Marcos Paz
El juez federal de Morón Jorge Rodríguez resolvió hace dos semanas imponer nuevos controles y restricciones a Ariel “Guille” Cantero y su sobrino Uriel, que entre 2022 y 2024, según se comprobó, controlaron la comercialización de cocaína desde el penal de máxima seguridad
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
ROSARIO. El líder de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, y su sobrino Uriel sumaron un nuevo procesamiento a su extenso prontuario. Esta vez, por integrar, junto a otros familiares que estaban en libertad, una organización que se dedicaba a vender drogas desde el penal de máxima seguridad de Marcos Paz, donde también planearon atentar con disparos desde un auto contra uno de los ingresos de la cárcel.
El juez federal Nº2 de Morón, Jorge Rodríguez, procesó a los Cantero por seguir con el manejo de la venta de drogas desde la unidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en un lapso que la investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) precisa entre el 13 de noviembre de 2022 y el 22 de marzo de 2024.
A raíz de este caso, hace dos semanas el mismo magistrado ordenó, tras un pedido de Diego Iglesias, titular de la Procunar, y el fiscal Sebastián Basso, restringir las condiciones de detención del líder de Los Monos y del hijo de Claudio “Pájaro” Cantero. Ambos solamente pueden utilizar el teléfono oficial del penal para hablar con sus abogados defensores y también se les aplicó una limitación en las visitas.
Algo similar se resolvió con respecto a otro capo narco santafesino, Esteban Lindor Alvarado, que está preso en el penal de Ezeiza y está acusado de ser uno de los ideólogos –junto con Claudio “Morocho” Mansilla– de los crímenes que sembraron el terror en Rosario a principios de marzo pasado.
Familiares “locutorio”
En la investigación contra Guille Cantero y su sobrino se detectó que ambos usaban a familiares directos, con los que se comunicaban con el teléfono del penal, para triangular llamadas con otros miembros de la organización.
En ese plano, se detectó que en enero de 2024, Débora Soledad Rivas, conocida como Sole, recibió una llamada desde la cárcel a nombre de Cantero. Dijo “ese es Guille… yo le uno las llamadas”. El líder de Los Monos le pidió que le explique a la gente con la que debía contactarse con él que llamaran cada veinte minutos.
“Hemos de considerar que el uso indebido de las comunicaciones le permitió a Cantero hacer uso del teléfono de línea aportado por el Servicio Penitenciario Federal en pos de dirigir hechos intimidatorios”, señala el fallo. El jefe narco usaba a aquella joven como una suerte de “locutorio”, porque en realidad se comunicaba con otras personas con las que no tenía permitido hablar.
En la causa se detectó que “Guille” y Uriel Luciano Cantero, este último conocido como “Lucho”, impartieron las órdenes tendientes a llevar a cabo diversos delitos, entre los que se destacan el tráfico de estupefacientes y la intimidación efectuada el día 13 de noviembre de 2022 en inmediaciones del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.
Según el fallo, los dos Cantero usaban a familiares y allegados, como Rivas, Triana Cantero, Yanina Rolón y Ezequiel Ligoria, como una especie de “locutorios vivientes”.
Triana y Rivas armaban la conexión de los Cantero con el resto de los integrantes de la banda que estaban detenidos o en libertad, y operaban en el manejo de los réditos económicos obtenidos de los negocios ilícitos. Triana Cantero, Yanina Rolón y Ligorio se dedicaban a vender la droga, de acuerdo con el procesamiento del juez Rodríguez.
Esas maniobras de venta de drogas fueron acreditadas a partir de escuchas telefónicas y de los procedimientos efectuados el 6 y 8 de marzo de 2024 por los fiscales de Rosario. En esa ocasión se produjo el secuestro de 61 gramos de cocaína y 13,9 gramos de marihuana en poder de Triana Cantero, Rolón y Ligoria.
Operaciones de larga data
Según se desprende del fallo, los fiscales federales fueron comprobando cómo continuaba “la narcocriminalidad organizada intramuros en los establecimientos carcelarios a lo largo del tiempo”, dado que “las medidas que se aplicaron a lo largo de los últimos años para su erradicación no resultaron suficientes” y que “a pesar de los esfuerzos adoptados, estas medidas fueron sistemáticamente transgredidas”.
Esta estrategia de conducir la banda criminal desde la cárcel es algo que Ariel Cantero hace desde hace años. En 2020, los investigadores detectaron que “Guille” había organizado al menos dos estructuras para la comercialización de estupefacientes desde la cárcel federal, y que el lugar de detención desde el cual habría llevado a cabo las actividades es uno de los tres de máxima seguridad que tiene el SPF, por lo que se entendió que las medidas adoptadas durante su alojamiento no dieron el resultado buscado.
El 4 de marzo de año 2022, la Sala A de la Cámara Federal de Rosario, a instancia de los fiscales, ordenó la aplicación de varias medidas de seguridad dirigidas a evitar que el líder de Los Monos continuara realizando maniobras criminales desde su lugar de detención. En ese momento se ordenó su alojamiento en un sector que impedía el contacto con otros internos vinculados al narcotráfico o crimen organizado. También se dispuso el control de los abonados con quienes mantenía comunicaciones telefónicas, con limitación de horario. Y, además, se dispuso la realización de requisas aleatorias cada 14 días para constatar que no tuviera celulares dentro de la cárcel. Pero Cantero logró sortear esas maniobras.
Hace dos semanas, el juez Rodríguez dispuso que Cantero tendrá prohibidas las comunicaciones con el exterior y solo podrá mantener entrevistas con su abogado defensor. Esto era lo que había solicitado la Procunar en la causa en la que señaló que era necesario “aumentar las medidas de seguridad sobre las condiciones de detención” del líder de Los Monos y su sobrino.
Según se plantea en la resolución judicial y en el pedido de los fiscales Iglesias y Basso, a los que tuvo acceso LA NACION, el refuerzo de restricciones busca “detener las interacciones indebidas con personas que operan bajo sus órdenes en el planteamiento y ejecución de actos de tráfico de drogas y de violencia, todo ello en un contexto de criminalidad organizada”.
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