El homicidio de Oriel Briant. Las pruebas apuntaban al exmarido, pero un error policial dejó el crimen impune

Para el juez que investigó el caso había firmes indicios que involucraban en el asesinato al exesposo de la profesora de inglés; se había hallado fitofauna en las medias de la víctima, lo que indicaba que había estado cautiva en el campo del clan Pippo en Lobos, pero fallas en el acta de secuestro declararon nula esa prueba clave

LA NACIONGustavo Carabajal

Tres años antes que la mataran, Aurelia Catalina Briant, la profesora de inglés de 37 años, madre de cuatro hijos, fue víctima de violencia de género. Había denunciado a su esposo, Federico Pippo, profesor de literatura y docente en la escuela Juan Vucetich, de la policía bonaerense: afirmó entonces que amenazaba con asesinarla y, en varias oportunidades, la había perseguido con un cuchillo. La sucesión de agresiones denunciada por Oriel, como la conocían sus allegados, se originó cuando presentó el pedido de divorcio y reclamó la mitad de la casa de City Bell donde vivía.

A partir de las pruebas que se encontraron en esa casa; los elementos hallados en la escena secundaria del crimen; en el stud de la familia Pippo, en Lobos, y de los testimonios de amigos y familiares de la víctima, los responsables de la pesquisa abonaron la firme sospecha que apuntaba a integrantes del clan Pippo como responsables del asesinato.

Pero dos policías de la Unidad Regional de La Plata cometieron un error garrafal en el momento del hallazgo del cuerpo: no detallaron las características de las medias que llevaba puestas la víctima y no preservaron esa prueba. Imposibilitados de valerse de ese elemento probatorio, el Ministerio Público no seguió adelante con la acusación contra los miembros del clan Pippo.

Durante el peritaje realizado sobre esas medias de tela de toalla, los técnicos determinaron que había restos de fitofauna idénticos a las muestras levantadas en el campo de los Pippo, en Lobos, en un sector donde la familia del exesposo de la víctima elaboraba morcillas. Así lo confirmó a LA NACION, 37 años después de ese suceso -uno de los grandes misterios de la historia criminal argentina- un allegado al juez de La Plata Julio Desiderio Burlando, que fue el máximo responsable de la investigación del homicidio ocurrido entre el 11 y 13 de julio de 1984 en La Plata.

Sin embargo, esa prueba que indicaría que Oriel estuvo cautiva en el stud de los Pippo, en Lobos, quedó sin efecto debido a los errores cometidos por un comisario mayor y un subcomisario de la Unidad Regional La Plata, que no detallaron cómo eran las medias y que características tenían. Se trata de un requisito que, de no ser cumplido, podría provocar un pedido de nulidad, por el “principio del fruto del árbol venenoso”, que indica que toda prueba que se obtiene de una diligencia o acto jurídico irregular podría haber sido contaminada por esos mismo vicios.

“En aquella época no existían los protocolos para preservar la escena de un crimen. Se trabajaba de una forma más precaria. Así que muchas de las pruebas se perdieron o se contaminaron por la gran cantidad de gente que no tenía ningún vínculo con la investigación y que pisoteó la arboleda donde fue hallado el cuerpo de la víctima, a pocos metros de la ruta 2, cerca del cruce de Etcheverry”, explicó un policía jubilado, quien, a pesar del tiempo transcurrido, aún pide que se mantenga su nombre en reserva.

El posible móvil

Según fuentes judiciales, la casa de City Bell que habían compartido hasta su separación había sido escriturada después de que Briant y Pippo se casaron. Entonces, la mitad de la propiedad le correspondía legalmente a la profesora de inglés. Ella había forzado el divorcio despues de haber sorprendido a su esposo en un episodio de infedelidad. El reclamo de Briant desencadenó la furia de los familiares del docente de la policía, que habían aportado el capital para la adquisición de la vivienda y se negaban a compartirla con Oriel.

Aunque se tejieron toda clase de hipótesis en torno al homicidio que conmocionó al país a partir del 13 de julio de 1984, día en que fue encontrado el cuerpo de la víctima en un descampado situado al lado de una arboleda, a la vera de la ruta 2, cerca del cruce Etcheverry, la pista más firme que prevaleció entre los investigadores apuntaba a que Briant habría sido asesinada por un familiar de Pippo, una persona que, por el trabajo que desempeñaba, contaba con la capacidad de trasladar a la mujer secuestrada en su auto sin que lo detuvieran en un eventual control policial.

Esta presunción se fundó, además, en que Briant habría conocido a quien la mató. El homicida ingresó en la casa de City Bell sin violentar ninguna puerta o ventana. Cuando la bella profesora de inglés se levantó de la cama se encontró con un hombre conocido que la redujo, la subió a un Renault 12 y se la llevó secuestrada. El cuerpo fue hallado dos días después y tenía el mismo camisón y las medias que llevaba la noche que la secuestraron.

El cadáver presentaba 33 puñaladas. La autopsia reveló que algunas de esas heridas fueron causadas para provocar dolor y sufrimiento a la víctima. Según relató uno de los policías que estuvo vinculado con la investigación del asesinato de la docente, el error cometido por dos uniformados que confeccionaron el acta del levantamiento de pruebas en el lugar del hallazgo del cuerpo provocó la nulidad de todas las evidencias que se incorporaron en el expediente a partir del análisis de las sustancias encontradas en esas prendas.

“El juez tenía la firme sospecha de que el exmarido, con la ayuda de uno o dos familiares, mataron a Briant. Se encargó de consignar esta presunción en la resolución con la que dispuso la prisión preventiva de Federico Pippo, de su hermano, de su madre y del primo”, afirmó a LA NACION una fuente con acceso al añejo expediente.

En agosto de 1985, el juez Burlando ordenó la detención del exmarido de Briant; su cuñado, Esteban; su suegra, Angélica Olga Romano, y del primo de los Pippo, Néstor Romano, ante la presunción de que habrían secuestrado y matado a la bella profesora de inglés en el campo de Lobos donde, entre otras cosas, se encontraron muebles que pertenecían a la víctima, según las publicaciones de la época.

La desaparición y el hallazgo

La última vez que alguien que no estuviese relacionado con el homicidio vio viva a Oriel Briant fue el 11 de julio de 1984. Estaba en su casa junto a uno de sus cuatro hijos, Christopher, que tenía tres años. Cuando los vecinos encontraron deambulando y llorarando al niño en la puerta de la casa, alertaron a la familia de la profesora de inglés.

Denise, la hermana de Oriel, radicó la denuncia por averiguación de paradero. Al revisar la vivienda, los investigadores policiales y judiciales comprobaron que no había ninguna puerta o ventana forzada. Tampoco hallaron señales de violencia. Con estos elementos, los responsables de la pesquisa abonaron la sospecha que indicaría que Oriel habría sido sorprendida por alguien que conocía.

Dos días después, el cadáver de la profesora de inglés fue hallado al costado del kilómetro 74 de la ruta 2. Además de las 33 puñaladas, algunas agrupadas en el zona vaginal, y las heridas compatibles con maniobras de tortura, le habían disparado dos tiros. Los peritos coincidieron: el lugar del hallazgo del cuerpo sería la escena secundaria del crimen y el asesinato se había concretado en otro sitio.

Al revisar la zona adyacente al cuerpo, los peritos encontraron marcas de ruedas de un automóvil. Uno de los integrantes del clan Pippo tenía un Renault 12. Y era policía. Además, el lugar está cerca del cruce Etcheverry, que marca la intersección de la ruta 2 y el camino que permite llegar de forma directa a Lobos. Otro indicio contra el clan Pippo.

Al interrogar a los testigos, los familiares de Federico Pippo indicaron que la noche que Oriel desapareció los otros tres hijos del matrimonio estaban en la casa del padre. Con esta coartada, que situaba a Pippo lejos del lugar del rapto de la mujer, los cañones de la pesquisa apuntaron a un vidriero, Alberto José Mensi, que tenía una relación sentimental con Oriel. Este sospechoso fue el primer detenido del caso. Cuando la policía lo arrestó, en su local situado cerca de la casa de Briant, intentó quitarse la vida.

Pero, dos semanas después, la pista Mensi se convirtió en un callejón sin salida para los investigadores. Por entonces había rumores que indicaban que la violación y homicidio de Briant habrían sido filmados y las pocas copias que se hicieron se distribuyeron en un ámbito cerrado, un grupo de aficionados a las producciones del tipo gore, de violencia explícita y de grabaciones de escenas abyectas y crímenes reales. Esta hipótesis se habría fundado en la aparición de un integrante del entorno de Pippo vinculado a la producción de películas pornográficas. Después de verificar y cruzar datos, esta pista también fue descartada.

Con la misma fuerza que se desvanecían los indicios que apuntaban a la hipótesis de la secta o de las películas ponográficas, tomaba consistencia entre los investigadores la pista del clan Pippo. Otro de los fundamentos que sustentaba esa sospecha fue encontrada por los investigadores en la tormentosa relación que la víctima tenía con su familia política.

Los problemas en la pareja comenzaron en marzo de 1984, cuando Oriel fue a la casa de su madre a visitarla, luego de regresar de un viaje por Inglaterra. En principio, Oriel planeaba quedarse en esa vivienda, pero debido a que había discutido con su madre, decidió regresar a su casa. Cuando llegó a la casa que compartía con Pippo, Oriel encontró a su esposo con otro hombre: Carlos “Charly” Davis.

Después de una serie de inevitables discusiones, sobrevino el pedido de divorcio de Oriel a Pippo. Esa solicitud incluyó la obligación de que su esposo entregara el importe equivalente a la mitad del valor de la casa en la que vivían. Esta exigencia provocó la furia de la familia de Pippo, que, como se dijo, había aportado el dinero para comprar la casa de City Bell.

Pippo, su hermano policía, su primo y su madre pasaron un año detenidos. Luego fueron excarcelados. Y en 1988 resultaron sobreseídos. El fiscal Bruno Casteller decidió no seguir con la acusación contra ellos por falta de suficientes pruebas. La opinión del representante del Ministerio Público fue sostenida por el fiscal ante la Cámara del Crimen de La Plata. Dicho tribunal intervino en el caso ante la decisión del juez Burlando de rechazar el pedido del fiscal que, por entonces, seguía otra línea de investigación.

En 1998, la Suprema Corte bonaerense dispuso que se indemnice material y moralmente a Esteban Ramón Pippo, quien había sido exonerado de la policía bonaerense, luego de que lo detuvieron por su presunta vinculación con el homicidio de cuñada. La decisión del máximo tribunal provincial fue dictada en la causa civil que inició el sargento contra la fuerza de seguridad bonaerense por no pagarle los sueldos y por haberlo expulsado de la policía sin motivo.

Federico Pippo falleció once años después, en junio de 2009. Meses después, dos de sus hijos Julián y Cristopher Pippo Briant, fueron detenidos, acusados de haber cometido un robo en el “Suerte”, un supermercado chino de City Bell.

Cuando pasaron más de 37 años del homicidio de Oriel, no quedó ninguna tumba que la recuerde. Diez años después del asesinato, el cuerpo fue llevado a una fosa común en el cementerio de La Plata y quedó cubierto con el silencio tan intenso como el olvido que tapó el recuerdo del asesinato de la profesora de inglés hasta que quedara en la impunidad.

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