El homicidio de María Marta García Belsunce: el viudo pidió una reparación económica por sus años de prisión siendo inocente
Después de que su absolución quedara firme, Carlos Carrascosa solicitó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condene al Estado argentino por el tiempo que pasó preso acusado del asesinato de su esposa, ocurrido en octubre de 2002 en el country Carmel, de Pilar
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Después de haber sido absuelto de forma definitiva y tras haber pasado siete años y medio preso por el homicidio de su esposa, María Marta García Belsunce, crimen ocurrido en octubre de 2002 en el country Carmel, de Pilar, el viudo Carlos Carrascosa le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condene al Estado argentino y que se le conceda una adecuada reparación económica.
En la presentación, a la que tuvo acceso LA NACION, se sostuvo que “el Estado argentino, con su accionar ilícito merecedor de responsabilidad internacional, ha vulnerado el proyecto de vida que tenía Carrascosa”.
La presentación, que se hizo en marzo pasado, pero se conoció en las últimas horas, está firmada por el abogado Fernando Díaz Cantón. El letrado recordó que en 2010 había hecho una petición ante la CIDH, cuando Carrascosa “se encontraba injustamente privado de su libertad”. En esa oportunidad había solicitado que se ordenara “el cese de las violaciones de los derechos humanos de las que ha sido víctima Carrascosa y que recomendara reparar los derechos que le fueron conculcados”.
En diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), cerró el caso contra Carrascosa al rechazar el último recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal; así, dejó firme la absolución del viudo, que en 2009 había sido condenado como presunto coautor del homicidio de su esposa.
“Por primera vez puedo sentir tranquilidad de verdad. Hasta ahora, cuando suponía que ya se había terminado la persecución, pasaba algo y era vuelta a empezar”, le dijo a LA NACION Carrascosa después del fallo de la CSJN.
“Como hemos visto, la situación de vulneración de los derechos humanos de la que ha sido víctima Carrascosa ha cesado, porque la absolución dictada en el año 2016 ha adquirido firmeza. Sin embargo, los daños y perjuicios sufridos no han sido reparados por el Estado argentino. Ello, a pesar de que esta parte, en los diez años de trámite que lleva esta petición, siempre se ha mostrado dispuesto a acordar una solución amistosa con el Estado demandado”, sostuvo Díaz Cantón en la última presentación hecha ante la CIDH.
Díaz Cantón explicó que el “solo hecho de haber estado injustamente privado de su libertad por más de siete años, y dieciséis años sometido a un proceso infamante por un crimen aberrante, ha ocasionado a Carrascosa, como dijimos, un daño físico, moral y económico inconmensurable e implica de por sí una violación severa de su derecho a la presunción de inocencia. Todo ello debe ser reparado por el Estado argentino y no se subsana con la absolución que quedó firme y que el Estado, como dijimos, ha hecho lo posible, hasta las últimas consecuencias, para que no suceda o que suceda con la mayor dilación de tiempo posible”.
En el escrito presentado ante la CIDH, Díaz Cantón sostuvo que el esposo de García Belsunce también sufrió la violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. “Carrascosa debió soportar un proceso injusto desde el año 2002 y por decisión del Estado, por lo menos, se ha extendido hasta fines del pasado”.
Además, el abogado hizo una crítica acerca de cómo fue tratado su cliente por la prensa. “Carrascosa soportó este proceso estoicamente a pesar de que en los medios de comunicación se lo ha presentado durante más de una década, como el asesino de su esposa, por lo que también las consecuencias de dicha difamación deben ser reparadas”.
Proyecto de vida
Díaz Cantón afirmó: “A Carrascosa, el Estado argentino, por medio de la acción e inacción de sus autoridades judiciales, le ha destrozado su proyecto de vida en los términos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es que como consecuencia del proceso plagado de arbitrariedades que lo tuvo en la mira durante más de 18 años se ha visto privado de poder retomar su vida, dado que durante todo ese lapso fue presentado y acusado ante la sociedad argentina del más horrible de los crímenes que un ser humano puede cometer, como es el asesinato a sangre fría de su compañera de vida”.
El abogado de Carrascosa le puso nombre y apellido a las autoridades judiciales que “por acción e inacción” le “destrozaron el proyecto de vida” al esposo de María Marta García Belsunce. “Sesgado por una teoría absurda comandada por el fiscal Diego Molina Pico [funcionario que estuvo a cargo de la investigación hasta la condena del viudo], se lo presentó a Carrascosa ante la totalidad de la opinión pública como un ser frío y despiadado capaz de asesinar a su esposa y luego montar una escena de encubrimiento con familiares y amigos de la víctima”.
Díaz Cantón dijo que “como es obvio”, Carrascosa tiene serias dificultades para retomar la calma a la que aspiraba antes de octubre de 2002. “Durante todo este lapso no ha podido realizarse personalmente ni alcanzar los destinos que tenía previstos para esa época de su vida, que coincide con el descanso y la tranquilidad de la vejez. Al contrario, se vio obligado durante 18 años a luchar por su propia libertad y poder salir airoso del laberinto en que lo encerró la incompetencia y la negligencia de ciertos sectores del Estado argentino a través de sus funcionarios judiciales”.
Más de 18 después del homicidio de García Belsunce, tres personas serán juzgadas por su presunta participación en el crimen. Se trata del exvecino de Carmel Nicolás Pachelo y los exvigiladores Norberto Glennon y José Ramón Alejandro Ortiz, quienes están acusados de coautores del asesinato.
El juicio, que todavía no tiene fecha de realización por la pandemia de coronavirus, estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº4 de San Isidro, cuya integración estaría compuesta por los jueces Osvaldo Rossi, Federico Ecke y Esteban Andrejin. El Ministerio Público estará representado por el fiscal Andrés Quintana (su colega María Inés Domínguez, que lo acompañó en la pesquisa, falleció) y sus colegas Matías López Vidal y Federico González.
“Soy muy optimista con respecto al juicio contra Pachelo. Si los jueces dejan de lado cualquier tipo de preconcepto no tengo dudas de que habrá una condena. Estamos convencidos de la participación de Pachelo en el homicidio de María Marta”, afirmó tiempo atrás a LA NACION el abogado Gustavo Hechem, que representa a María Laura García Belsunce, la hermana de la víctima, que en el juicio desempeñará el rol del particular damnificado.
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