El crimen de Lucas González. Los policías que le dispararon dijeron que actuaron en “cumplimiento del deber” y en “legítima defensa”

El inspector Gabriel Alejandro Issasi, señalado, a través de peritajes, como el efectivo de la Policía de la Ciudad que, con un disparo de su arma reglamentaria, causó la muerte de Lucas González de un tiro en la cabeza cuando el adolescente y tres amigos salían de entrenar en las inferiores de Barracas Central, desafió al público, que en la amplia Sala AMIA de los Tribunales de Comodoro Py, donde hoy comenzó el juicio por la masacre. Fue el primero de los acusados en hacer uso de la palabra. Ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°25, afirmó que no cometió ningún delito y que había actuado “en cumplimiento del deber” y en ejercicio de su “legítima defensa”. Luego, Fabián Andrés López y Juan José Nieva, los otros dos policías que dispararon contra el Volkswagen Suran en el que iban las víctimas, repitieron el argumento, casi con las mismas palabras .

Lo hicieron después de la lectura del requerimiento de elevación a juicio del caso que comenzó el 17 de noviembre de 2021, cuando efectivos de una brigada policial, vestidos de civil y con un auto color champagne sin ninguna identificación, interceptaron el Suran en el que los cuatro chicos, todos domiciliados en la zona sur del conurbano, salían del entrenamiento matutino del club de Barracas, cuyo mandamás es el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y les dispararon cuando los adolescente no detuvieron la marcha.

No pareció haber otra motivación para esa detención que el aspecto de los cuatro chicos que iban en el coche del padre de uno de ellos. Los sobrevivientes sí dijeron tener un motivo de peso para no frenar. Los sujetos que les apuntaban y les gritaban que pararan no vestían uniforme, y se movilizaban en un auto particular que no tenía balizas ni inscripciones que permitieran reconocerlo como un móvil policial. Los adolescentes pensaron que esos hombres sospechosos los querían asaltar. Intentaron salvarse, pero los frenaron a balazos. Uno de esos tiros segó la vida de Lucas. A los sobrevivientes –Joaquín Zúñiga, Julián Salas y Niven Huanca–, los tuvieron durante horas tirados en el piso, como si fueran ladrones, sometidos a todo tipo de vejámenes. No eran más que chicos que amaban el fútbol y que soñaban con un futuro que, en el caso de González, fue clausurado para siempre.

“Solamente tengo que decir que poseo 20 años de servicio como funcionario público, ejerciéndolo en el ámbito de la policía. Pertenecí a tres fuerzas diferentes, a la policía de la provincia, a la Policía Metropolitana y a la de la Ciudad. En todas fui un oficial condecorado y ejercí mi función. Quiero agregar que en este hecho actué en el cumplimento del deber, que ejercí la legitima defensa y que no cometí ningún delito”, dijo Issasi, al que el centenar de familiares y amigos de las víctimas le gritaban “asesino”.

Luego, Nievas declaró que ingresó a la policía en 2014 y que, en este caso, ejerció su “legítima defensa” y no cometió “ningún delito”. “Sinvergüenza”, le gritaba el público. Finalmente, López reiteró, como un mantra: López: “En este hecho cumplí con mi deber, ejercí legítima defensa y no cometí ningún delito”.

En el banquillo están sentados 14 policías de la Ciudad: Issasi, López y Nieva, de 37, integrantes de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad –y actualmente detenidos–, como autores de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”, en el caso de Lucas, y por el mismo delito, pero en grado de tentativa, por los chicos que sobrevivieron a la balacera.

Los otros 11 policías son sometidos a juicio por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas a las que fueron sometidos los otros chicos. Se trata del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4, Daniel Alberto Santana, de 50 años; el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán, de 54; el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos, de 51; el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar, de 48, y el comisario Juan Horacio Romero, de 51, y el subcomisario Roberto Orlando Inca, de 47, ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.

También llegan a juicio el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas, de 50 años; y los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón, de 28; Jonathan Alexis Martínez, de 34; Ángel Darío Arévalos, de 34, y Daniel Rubén Espinosa, de 33. Todos están acusados por “falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas” y, en el caso de Cuevas e Inca, también por “falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados”.

Tras las palabras de los principales acusados, se llamó a declarar a los uniformados que son juzgados por encubrimiento. La mayoría se negó a dar testimonio, pero el subcomisario Inca hizo uso de su derecho a dar una versión de los hechos y aseguró que había encontrado un arma en el vehículo donde estaba la víctima. ”Nunca tomé contacto con Lucas. Yo ni siquiera llego a ver cuando sacaron a Lucas del vehículo. Cuando comienzo a observar la Suran, veo varios impactos. En un momento, a la altura de la puerta de atrás, puedo observar que había un arma tipo revólver”, afirmó Inca, al mismo tiempo que los familiares de Lucas manifestaban su reprobación ante sus dichos.

Acompañado por un centenar de familiares, amigos y excompañeros de su hijo, que llegaron a los Tribunales de Retiro en dos ómnibus, Héctor “Peca” González, el padre de Lucas, había hablado con la prensa antes del comienzo de la audiencia y dijo que confía en que durante el juicio “la verdad salga a la luz”.

“Hoy es el principio del fin; hoy venimos con la verdad. Nosotros tenemos la verdad y ellos para Lucas tenían balas”, dijo a Télam, y agregó: “La verdad siempre sale a la luz y vamos a ganar”.

”Me quitaron a mi hijo, lo digo siempre, me quitaron a mi hijo y mi señora por el momento no está conmigo, y se me hace muy difícil luchar sin mi compañera al lado”, dijo en referencia a la madre de Lucas, Cintia López, quien por cuestiones médicas –recibe asistencia psiquiátrica permanente desde el crimen– no asiste al juicio.

Sostuvo que debe “seguir” porque tiene “dos hijos más que esperan en casa la vuelta de mamá”. ”Lucas no va a volver, pero acá nosotros venimos por la Justicia y la Verdad, nada más”.

También elogió a Joaquín, Julián y Niven, los amigos de Lucas que sobrevivieron al ataque y declararán como testigos. “Ellos son unos hombrecitos porque hoy están acá presentes y van a decir su verdad, que es la única”, resaltó.

El abogado querellante, Gregorio Dalbón, aseguró, en tanto, que “en 40 años de democracia nunca había visto algo igual”. Agregó que, en este proceso, buscan “justicia” y no “venganza”.

El abogado dijo a Télam que cree que hubo más involucrados en el hecho, que están siendo investigados por el fiscal de instrucción: “Nosotros creemos que los que están son pocos, hay más todavía”.

Al llegar a los tribunales federales de Retiro, Dalbón expresó: “Quiero recordarle a toda la sociedad, con mucha tranquilidad, que primero y principal respetamos el principio de inocencia de todos los imputados. Segundo, este hecho fue una causa que se les armó a los chicos, porque decían que hubo un enfrentamiento armado y los chicos terminaron presos, esposados, tirados en el piso, eran menores de edad”.

Al respecto, el abogado agregó: “Esa causa la armaron, es decir, pudieron burlar a la Justicia y ellos estuvieron toda la noche en el [Instituto] Inchausti como imputados. Lucas estuvo como imputado con una herida de muerte en el Hospital Penna, mientras los policías quedaron en libertad, así empezó esta causa”.

Dalbón aseguró que “se tuvo que deshacer la causa para entender que los chicos eran inocentes, que eran futbolistas, que habían salido de entrenar del club Barracas Central y los policías los vieron comprar un jugo en un kiosco y, a pesar de eso, que está filmado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los esperaron, los persiguieron, los encerraron y les tiraron a matar a todos, porque fueron más de 15 tiros”.

”Lo que venimos a buscar acá no es revancha, no es perpetua para todos, no es que queremos hacer algo que tenga que ver con algo que sea político, todo lo contrario, lo que venimos a buscar acá con la verdad, es Justicia para que quede jurisprudencia de lo que es el odio racial, porque la pregunta de por qué mataron a Lucas tiene una sola respuesta: por su cara, por su color de piel, no hay otra respuesta”, agregó.

”Es muy serio lo que sucedió, para mí no sucedía desde la dictadura militar, que maten por la cara, te cierren con un auto de civil, que te metan un revólver adentro de tu coche, que te traten como a un delincuente, que te digan ‘negro de mierda te voy a pegar un tiro en la cabeza’ por tu color de piel, esas cosas no pueden pasar más en la Argentina y lo que vinimos a buscar acá es solamente eso, un fallo no ejemplar, a mí no me gusta decir fallos ejemplares, porque los fallos tienen que ser justos, para las víctimas y para los imputados”, continuó.

Finalmente, sobre la supuesta participación de más personas en el hecho, el abogado manifestó: “Nosotros creemos que los que están son pocos, hay más todavía, lo está investigando el fiscal [Leonel] Gómez Barbella, a quien tengo que agradecerle porque trabajó muy bien la primera instancia”.

Conforme a los criterios de

Conocé más

Fallo. Cinco años de prisión para el policía que “plantó” un arma en un caso de gatillo fácil

“Solidaridad criminal”. Pidieron seis años de cárcel para el policía acusado de “plantar” un arma en un caso de gatillo fácil

Crimen de Bastian. Detienen al policía que mató de dos tiros al chico de 9 años cuando les disparó a dos motochorros