El prófugo más buscado: cayó Pachicha, acusado de matar en un robo a un vecino de Saavedra
Daniel Ocampo, de 43 años, fue detenido por personal de la Policía de la Ciudad cuando fue a visitar a su pareja; tenía pedido de captura desde abril de 2020; está acusado de asesinar a Juan Domingo Grillo
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Para la la flamante Secretaría de Búsqueda y Capturas, dependiente de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri), estaba primero en la lista de prófugos, era considerado como el supuesto homicida más buscado. Daniel Ocampo, alias Pachicha, cayó cuando, como hacía con frecuencia, visitaba a su pareja en Tortuguitas, en Malvinas Argentinas. Tenía pedido de captura desde abril de 2020, acusado de matar durante un robo a Juan Domingo Grillo, un padre de familia que se acaba de mudar con su familia a una casa del barrio de Saavedra.
Ocampo, de 43 años, según informaron fuentes judiciales, fue detenido por detectives de la División Captura y Búsqueda de Prófugos de la Policía de la Ciudad.
“Teníamos el dato desde hace tiempo de que en Tortuguitas vivía su pareja. El sospechoso la visitaba cada tanto y entraba en la casa escondido, para evitar ser visto. Hace unos días que los detectives de la Policía de la Ciudad vigilaban el lugar. Anoche cuando salió de la vivienda fue interceptado y detenido”, explicó una fuente judicial.
El homicidio por el que Pachicha tenía orden de captura ocurrió el 4 de marzo del año pasado en una casa de Conde al 4300, en Saavedra. La víctima, de 45 años y empleado de Telecom, su esposa y sus dos pequeñas hijas se habían instalado en el inmueble cuatro días antes. La obra de refacción de la propiedad no había terminado. Grillo murió apuñalado por el delincuente que había ingresado a robar. Una cómplice estaba en la puerta haciendo las veces de campana.
Los sospechosos fueron identificados a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad del gobierno porteño instaladas en la zona del Barrio Mitre, en Saavedra, cerca de la escena del crimen.
“A partir del análisis de las cámaras de seguridad instaladas entre la casa de Grillo y el Barrio Mitre, los investigadores pudieron reconstruir el recorrido de los sospechosos antes y después del crimen”, habían explicado en su momento fuentes judiciales consultadas por LA NACION. Las tareas investigativas estuvieron a cargo del fiscal José María Campagnoli, su equipo de trabajo y personal de la Policía de la Ciudad.
“Un análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad y monitoreo instaladas en la zona acredita que la muchacha que hizo de campana salió del Barrio Mitre apenas unos minutos antes de que lo hiciera el autor material del hecho, quien se trasladó en bicicleta. Luego del asesinato de Grillo, la joven regresó a pie hacia el Barrio Mitre por Ruiz Huidobro y se quitó la prenda superior que vestía”, afirmó Campagnoli en un dictamen presentado ante el juez Pablo Ormaechea, magistrado a cargo de la causa.
En abril de 2020, el juez Ormaechea ordenó la declaración indagatoria y captura de Pachicha. Dos meses después, el magistrado ordenó la captura internacional.
Ocampo tiene antecedentes. En octubre de 2012, el Tribunal Oral Criminal (TOC) porteño N° 17 lo condenó a la pena de tres años de prisión por el delito de “robo con armas cuya aptitud para el disparo no pudo tener por acreditado”. También tuvo una condena por resistencia a la autoridad.
La Ufecri está a cargo del fiscal Campagnoli. Bajo su órbita está la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE), dedicada a identificar a los sospechosos que figuraban en las causas como NN. A fines del año pasado, por decisión del procurador general interino, Eduardo Casal, se dispuso que también colabore en la búsqueda de fugitivos.
La decisión de Casal, según se desprende de la resolución 88/20 de la Procuración General de la Nación (PGN), se tomó después de un pedido hecho por Campagnoli, quien además de la Ufecri conduce la fiscalía descentralizada de Núñez-Saavedra.
Según se desprende de la resolución de la PGN, Campagnoli le pidió a Casal una propuesta de ampliación de las competencias de la Ufecri al solicitar una autorización para realizar un análisis de la “información relativa a las personas imputadas en procesos penales que han sido declaradas rebeldes o a cuyo respecto rijan órdenes de captura o averiguaciones de paradero, a fin de proponer las medidas necesarias para lograr su ubicación y comparecencia ante los jueces”.
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