El Gobierno presentó el proyecto para bajar a 13 años la edad de imputabilidad

El gobierno nacional presentó el proyecto de ley para bajar a 13 años la edad de imputabilidad. La iniciativa del nuevo Régimen Penal Juvenil Penal será enviada en los próximos días al Congreso para que sea debatida por los legisladores y prevé que la pena máxima para los menores condenados por la Justicia será de 20 años, “regla aplicable aun si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes”.

La presentación del proyecto estuvo a cargo de los ministros de Justicia y Seguridad de la Nación, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, respectivamente.

“Esta nueva ley combatirá el persistente crecimiento de la criminalidad juvenil, uno de los mayores desafíos para la prosperidad de nuestra nación. Es de público conocimiento que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal”, sostuvo el Cúneo Libarona.

De aprobarse, el nuevo régimen comprenderá a los adolescentes entre 13 y 18 años imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. En la actualidad, los menores de 16 son inimputables. El Gobierno, a partir de la iniciativa dada a conocer hoy, habla de “cambio de paradigma”,

“Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”, sostuvo la ministra Bullrich durante la presentación.

Según el proyecto, los adolescentes de entre 13 y 18 “privados de la libertad” entarán alojados establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo.

“A partir de ahora, el delito, y lo peor que siempre es la muerte, tendrá consecuencias y estas consecuencias serán acordes a la edad de quienes lo cometen. La decisión del presidente Javier Milei y de los equipos conjuntos de los Ministerios de Seguridad y Justicia, es cumplir con una sociedad que pide respuestas”, afirmó Bullrich.

En la iniciativa se contempla que si la Justicia impone una condena condicional “se deben aplicar conjuntamente medidas complementarias, tales como asesoramiento y orientación, asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes”.

Y si la condena impuesta es de entre tres y seis años y “siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no registrare otros procesos o condenas, la pena podrá reemplazarse por “amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares (establecimientos de espectáculos o deportivos), prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico”.

En el proyecto también se establece que “en los casos de menores no imputables (menores de 13 años), el juez de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas. En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental, dar intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social”.

En el artículo 4 del proyecto de ley se afirma: “La finalidad principal del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social. El objetivo de la ley es procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito y, mediante las medidas establecidas en la presente ley, procurar que tenga un futuro de vida en paz y armonía con integración social”.

En la presentación del proyecyo, además de Bullrich y Cúneo Libarona, estuvieron Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura; el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni, y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Soto.

“Nuestro compromiso es proteger la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos. Los criminales ya no podrán valerse de menores como medio para violar la ley. Quien tenga la osadía de empuñar un arma y arrebatar una vida, debe enfrentar la ley y la justicia”, afirmó Cúneo Libarona.

Según el proyecto, la “dilación injustificada del proceso hará incurrir al juez en falta grave”. En la iniciativa se establece que las víctimas tendrán “atención psicológica y patrocinio legal gratuitos”.

Fuentes oficiales explicaron que la reforma que plantea el gobierno nacional “se fundamenta en cuatro aspectos principales: la modernización y adecuación de la legislación a la realidad presente, producto de los acelerados cambios sociales, de los que los jóvenes no están exentos en cuanto a la actuación y comprensión de la criminalidad de los actos; el desfasaje normativo con respecto a otros países de la región, pero principalmente la protección de los niños y jóvenes, amparados en la Convención de los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en nuestro país. Establece que los adolescentes tienen derechos especiales que deben ser protegidos y respetados en todo momento, incluido el derecho a ser tratados de manera justa y equitativa en el sistema de justicia penal. Por lo tanto, la ley debe garantizar que las respuestas judiciales para los adolescentes imputados estén en consonancia con estos principios y debe ofrecer medidas diferenciadas que tengan en cuenta su edad, nivel de desarrollo y circunstancias individuales. Y en esta línea, la necesidad de ampliar las herramientas con las que cuenta el Estado para reducir la incidencia de la criminalidad juvenil en la sociedad.”

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