El falso contador Martínez: una vecina de Recoleta de 92 años cayó en la trampa de unos estafadores y entregó 125.700 dólares

Eran las 11 cuando sonó el teléfono de línea de su departamento de la avenida del Libertador al 1100, en Recoleta. Apenas A. P. atendió la llamada, una voz femenina se presentó como funcionaria de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y le informó que, por disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA), ese día vencían una serie de billetes de dólar. Sin perder el tiempo, la supuesta representante del organismo estatal le sugirió que no se quedara con los “papeles verdes” y, tras hacerle creer que en una “comunicación en línea” estaba su hijo, la convencieron de que un contador, identificado como Ignacio Martínez, iba a pasarla a buscar para acompañarla a la sucursal bancaria donde tenía una caja de seguridad. La mujer había caído en la trampa y en cuestión de minutos le iba a entregar, sin saberlo, a una banda criminal U$S 125.700, una pulsera de oro con medallas colgantes y un reloj de oro.

El hecho del que fue víctima A.P., de 92 años, ocurrió el 8 abril de 2021. Un año y siete meses después, tras una investigación de la División Investigación de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la fiscal en lo criminal y correccional porteña Mónica Cuñarro y se logró identificar un grupo de sospechosos.

No es un modus operandi nuevo. Se trata de una modalidad del cuento del tío que tuvo su auge durante la pandemia de coronavirus.

Si bien la causa se encuentra en secreto de sumario, LA NACION pudo saber que dos de los supuestos estafadores están prófugos desde el 25 de octubre pasado. Se trata, según informaron fuentes al tanto de la investigación, de Damián Bazán, de 45 años, y de Claudio Guerrero, de 44. Ambos con un frondoso prontuario.

El jueves pasado, la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña, con las firmas de los jueces Rodolfo Pociello Argerich y Mariano Scotto, confirmó la decisión de la jueza Fabiana Galletti, a cargo de la causa, de rechazar una solicitud de exención de prisión presentada por la defensa de Bazán, prófugo desde el 25 de octubre pasado.

Los camaristas recordaron que el sospechoso fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional porteño N° 20 a la pena única de 20 años y nueve meses de prisión y lo declaró reincidente.

“Se valoran negativamente las graves características de los hechos que se le atribuyen, pues habría tenido un rol importante mientras se encontraba alojado en una unidad penitenciaria federal, cuanto menos en la maniobra ardidosa [sic] que perjudicó patrimonialmente a A. P., de 92 años, por la suma de ciento 125.700 dólares y otros objetos que tenía guardados en una caja de seguridad en una entidad financiera”, afirmaron Scotto y Pociello Argerich al fundamentar su decisión.

“Se vencen los dólares”

Como se dijo, el hecho del que fue víctima A. P. ocurrió el 8 de abril del año pasado. Uno de los papeles clave para engañar a la víctima lo protagonizó una mujer que se hizo pasar por una funcionaria de la Anses y le dijo que los dólares que tenía ahorrado se iban a vencer y debía cambiar los billetes. Esa sospechosa estaría identificada y en las próximas horas le tomarían declaración indagatoria.

Todo comenzó esa mañana, a las 11, con la llamada que hizo la falsa empleada estatal. En “una comunicación en línea”, la víctima pensó que se había sumado su hijo. Fue cuestión de minutos para convencerla de que fuera a la puerta del edificio para recibir al contador “Ignacio Martínez” para que juntos fueron al banco a buscar los dólares.

Fueron los mismos delincuentes que, por medio de Internet, sacaron un turno para que la víctima pudiera ir a la zona de cajas de seguridad donde tenía contratado el servicio, una entidad bancaria situada sobre la avenida Pueyrredón, en Recoleta. En ese momento, como medida preventiva del Covid-19 todo trámite presencial se debía hacer previo pedido de turno.

A las 12.49, la víctima bajó hasta el hall del edificio para esperar a “Ignacio Martínez”. En ese momento, se acercó una Renault Kwid blanco desde donde le hicieron señas para que subiera. En el asiento del conductor estaba el supuesto contador.

A los pocos minutos, sin sospechar nada, A. P. retiraba los dólares, un alhajero de cuero rojo donde guardaba pulsera de oro con medallas congantes, un brazalete de ónix y coral y un reloj de bolsillo Patek Philippe. Todo lo guardó en una bolsa que había llevado. Salió del banco y se dirigió a la esquina de la avenida Pueyrredón y Beruti, donde la esperaba “Ignacio Martínez”.

“El supuesto contador le dijo a A. P. que iban a ir a una sucursal del Banco Nación, donde la esperaba su hijo. Pero, a mitad de camino, le explicó que debía sacar una fotocopia de su documento de identidad. ´Ignacio Martínez´ detuvo la marcha frente a una librería y le pidió a la mujer que descendiera para hacer una fotocopia del DNI, pero que dejara la bolsa con el dinero y las cosas de valor en el auto. Cuando A. P. regresó, el vehículo ya no estaba”, explicó una fuente del caso.

A. P. esperó unos minutos, pensando, quizá, que “el contador” había ido a dar una vuelta. Pero pronto se dio cuenta de que no iba a regresar y decidió ir hasta su departamento y comunicarse con uno de sus hijos. Había caído en la trampa. Poco después se hacía la denuncia que daba origen a la investigación.

El 22 de septiembre pasado, en un dictamen de 33 páginas, la fiscal Cuñarro pidió una serie de allanamientos y la detención de Bazán, de un sospechoso identificado como E. R. y de otros dos supuestos integrantes de la banda.

Entre los lugares a allanar, la representante del Ministerio Público había solicitado un procedimiento en una concesionaria de autos de Puerto Madero.

Los allanamientos fueron ordenados el 25 de octubre pasado, un mes después de que la fiscal Cuñarro presentara su dictamen. Se detuvo a E. R., uno de los sospechosos imputados por el Ministerio Público Fiscal. Fue indagado el 2 de este mes y negó los hechos por los que fue indagado.

Mientras se resuelve la situación procesal, E. R. fue excarcelado. La fiscal Cuñarro apeló la decisión del juzgado, según pudo saber LA NACION.

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