El desafío de tener un mayor control civil
Abordar la Policía de la Ciudad no es sólo una cuestión estética y de división de funciones. Involucra problemáticas más profundas relacionadas con la demorada transferencia de competencias de la Nación a la Ciudad y con cuestiones preocupantes a resolver como la violencia, el delito, la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas.
Compatibilizar y fusionar dos fuerzas como la Federal y la Metropolitana y darles una impronta de profesionalismo, tecnología y recursos humanos bajo el control político y civil es, sin dudas, una deuda que la sociedad reclama a los poderes del Estado.
Se necesita una transformación estructural de una fuerza que durante años tuvo una creencia de dominación verticalista, con reglas propias manejadas desde su corporación. Aun durante gobiernos que se decían progresistas no se cumplió el mandato constitucional de respetar los derechos de los ciudadanos y otorgarle a la Ciudad su autonomía plena para que funcione jurídicamente como una provincia más.
Para resolver el problema de las competencias y jurisdicciones entre ambas fuerzas, una política de Estado integral debe garantizar las herramientas del área de inteligencia criminal e investigaciones especiales necesarias para combatir la corrupción y el narcotráfico. Por otro lado, habrá que trabajar en las condiciones laborales consecuentes con la responsabilidad de los cargos: establecer un único escalafón policial, un salario alto que termine con las cajas chicas y con la privatización de la seguridad pública que se ha hecho una práctica habitual de subsistencia.
Uno de los principales objetivos será avanzar en el control desde los escalones más altos de la Policía de la Ciudad. Un civil altamente capacitado y con la independencia que le permita tener sus manos libres para desplazar de sus funciones a quien corresponda será un cambio radical. Como así también la participación ciudadana en la fiscalización y denuncia de mal desempeño. Un modo de terminar con un sistema corrupto que mantiene impunes los delitos es transparentar la función pública a través de la presentación de declaraciones juradas.
Debemos legislar tanto para una reforma orgánica e institucional como para promover la participación y el control comunitarios. Necesitamos romper con años de connivencia entre algunos policías y el delito para no quedarnos en el maquillaje de la problemática. El ciudadano se tiene que sentir seguro, y es responsabilidad de la Ciudad garantizar ese derecho.
Legisladora porteña por la Coalición Cívica-ARI