El crimen de Fernando Báez Sosa. A cuatro años del homicidio, la expectativa se centra en una decisión de la Justicia
El Tribunal de Casación Penal bonaerense debe resolver las apelaciones contra el fallo que condenó a los agresores; los jóvenes acusados esperan la decisión en prisión, apartados del resto de los internos; el temor de los padres de la víctima, asesinada en el verano de 2020 en Villa Gesell
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Los ocho jóvenes, por pedido de su abogado defensor, Hugo Tomei, escucharon la sentencia de pie. El secretario del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores, Federico Marasco, no había terminado de leer el veredicto cuando Máximo Thomsen, uno de los cinco que fueron condenados a prisión perpetua, se desmayó. Poco después, tras los insultos y los gritos de Rosalía Zárate, la madre del muchacho desvanecido, la sala de audiencias debió ser desalojada. Era el final del juicio que conmovió al país durante un mes: el debate por el homicidio de Fernando Báez Sosa, el estudiante de Derecho asesinado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell hace cuatro años: el 18 de enero de 2020.
Casi un año después del fallo de los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari las expectativas están puestas en la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense, que debe resolver si confirma o modifica la sentencia de primera instancia después de analizar las presentaciones de Tomei, del Ministerio Público Fiscal y de los abogados de Silvino Báez y Graciela Sosa, los padres de la víctima.
“Tenemos preocupación por el tiempo que lleva el Tribunal de Casación Penal bonaerense sin resolver y por los comentarios que recibimos de que los magistrados estarían evaluando la edad de los condenados, pensando que es muy fuerte tener por delante una pena de esta magnitud”, sostuvo en diálogo con LA NACION el abogado Fernando Burlando, quien junto con sus colegas Fabián y Facundo Améndola y Germán Facio, representan a Silvino y a Graciela.
También los condenados aguardan atentos la resolución del tribunal de alzada. Allegados a Thomsen afirmaron a la agencia de noticias Télam que el joven está “muy preocupado” por supuestas “presiones” sobre la Justicia. Esa alarma se encendió sobre todo después de la reunión que los padres de la víctima mantuvieron con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Tras el encuentro, la funcionaria afirmó: ”Silvino y Graciela están en un momento procesal importante. Han recibido mensajes y rumores de que los condenados podrían quedar todos libres. Tienen una sensación de que podría haber impunidad. Es un caso que tuvo una condena concreta, fuerte y ejemplar. Estoy convencida de que la Justicia va a seguir ese camino”.
Cuando faltan horas para el cuarto aniversario del homicidio que conmovió al país, los padres de Fernando convocaron a una oración interreligiosa “por la paz, la Justicia y la no violencia” en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para recordar a su hijo. Será mañana a las 20.
El verano pasado estuvo marcado por el desarrollo del juicio a los atacantes del estudiante de Derecho. La problemática de la violencia entre los jóvenes ganó centralidad en el debate. Aunque el fallo resultó ejemplificador, los hechos de este tipo no dejan de producirse. En las primeras horas de 2024, también en un contexto de festejo y cerca del mar, un joven de 18 años –la misma edad que Fernando– fue asesinado por una patota. Tras una pelea que comenzó en la playa, cerca de la réplica de la carabela Santa María, un clásico de Santa Teresita, a Tomás Tello lo corrieron seis cuadras hasta que lo acuchillaron en el pecho; murió desangrado en el jardín delantero de una casa, ante la mirada azorada de una familia de Quilmes que acababa de llegar al balneario para pasar allí sus vacaciones.
Thomsen, de 24 años; Luciano Pertossi, de 22; Ciro Pertossi, de 23; Enzo Comelli, de 23, y Matías Benicelli, de 24, fueron condenados a la pena de prisión perpetua al ser considerados culpables del delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves [por los golpes que recibieron los amigos de Fernando].
Los otros tres jóvenes sentados en el banquillo de los acusados, Ayrton Viollaz, de 24 años; Lucas Pertossi, de 24, y Blas Cinalli, de 22, fueron sentenciados a 15 años de prisión. Para los jueces fueron “partícipes secundarios” de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves”.
Luego de la sentencia, que se conoció el 6 de febrero del año pasado, los ocho jóvenes fueron trasladados a la Alcaidía Roberto Pettinato, en La Plata, donde permanecen hasta hoy. Están alojados en cuatro calabozos, en celdas de a dos. Continúan con un régimen de aislamiento del resto de los internos para evitar cualquier tipo de agresión, con una rutina de 21 horas diarias de encierro y tres de patio. Reciben regularmente la visita de familiares, en quienes se apoyan en mayor o menor medida.
Hacen ejercicios físicos de calistenia, tareas de mantenimiento y en la cocina de la unidad en algunos casos, según reconstruyó Télam en las últimas horas.
Encerrados en la alcaidía, los ocho están expectantes a la decisión del máximo tribunal penal bonaerense, que debe resolver sobre las presentaciones judiciales. Tomei apeló el fallo de primera instancia cuando habían pasado 20 días de la sentencia.
La estrategia de la defensa
En un escrito de 140 páginas, el abogado de los jóvenes solicitó que Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi sean absueltos, y que Thomsen, Comelli, Benicelli y los hermanos Luciano y Ciro Pertossi, los cinco condenados a prisión perpetua, reciban una pena de entre dos a seis años de cárcel, al sostener que se debe encuadrar el crimen en un “homicidio en riña o agresión tumultuosa”.
Además, Tomei, como lo hizo durante la instrucción de la causa y en el juicio, pidió que se declare “la ilegalidad” del acto de las indagatorias tomadas a los ocho acusados la noche del 19 de enero de 2020. Según la defensa, en ese momento, “se falsificaron las actas del expediente entre fiscal, la defensora oficial y dos secretarios del Ministerio Público Fiscal”.
“Sin lectura de derechos, sin saber que podían negarse a responder preguntas incriminatorias y sin intervención de la defensa oficial, se les requirieron sus teléfonos celulares con las claves de acceso y la confesión sobre la propiedad de cada prenda de vestir con presuntas manchas hemáticas que se iban incautando. Eso sí; el personal policial dejó constancia que de averiguaciones practicadas habría un sospechoso más que emprendió huida de nombre Pablo Ventura. El funcionario en ningún momento indicó cómo obtuvo dicha información que valió detener a un inocente que luego demandó al Estado por los daños y perjuicios que le ocasionó el irregular proceder del Ministerio Público Fiscal, en la suma de diez millones de pesos, que en caso de prosperar deberíamos pagar los contribuyentes mediante nuestros impuestos”, sostuvo Tomei en parte de su apelación.
En una de las audiencias del juicio, bajo juramento de decir la verdad, el policía Mariano Vivas dijo que “Thomsen manifestó que era de Pablo Ventura” la zapatilla marca Cyclone negra con suela blanca y manchada con sangre encontrada en la vivienda alquilada por los imputados para veranear. Pero, en realidad, el calzado era de Thomsen.
“Tres años hubo que esperar para saber que el personal policial ´interrogó´ a un acusado que nunca fue advertido de su derecho a negarse a contestar preguntas”, afirmó Tomei en su escrito.
LA NACION se comunicó con el abogado para conocer sus expectativas y las de sus asistidos sobre la decisión que debe tomar el Tribunal de Casación Penal bonaerense, pero Tomei prefirió no hacer declaraciones, al igual que durante el juicio en Dolores, cuando solo habló en la sala de audiencias.
El plan inicial de los agresores
Los padres de la víctima también apelaron el fallo con duros cuestionamientos a la decisión de Castro, Rabaia y Lazzari por no haber condenado a todos los acusados a la pena de prisión perpetua.
“La sentencia ha incurrido en una errónea aplicación de la Ley sustantiva a través de un desvío palmario de las reglas del sentido común. El tribunal a quo ha incurrido en un error lógico al interpretar y valorar las pruebas, con tergiversación de las reglas de la sana crítica, en violación de las normas procesales aplicables”, sostuvieron los abogados que representan a Silvino y Graciela.
Según los letrados, el Tribunal no explicó cómo llegó a concluir que el plan inicial incluía solamente atacar a golpes a Fernando y no, como ellos interpretan, causarle la muerte.
“En el caso bajo estudio, existe una pluralidad de indicios unívocos y concordantes que, por su gravedad y precisión, valorados según las reglas de la sana crítica racional, en forma conjunta y no aisladamente como lo hizo el Tribunal, permiten superar las meras presunciones que en ellos puedan fundarse y arribar a un juicio de certeza sobre la existencia del dolo homicida desde los momentos previos al inicio del ataque, por parte de los ocho encausados”, esgrimieron.
La sentencia también fue apelada por los representantes del Ministerio Público Fiscal en el juicio. Los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García coincidieron en solicitar la prisión perpetua para los tres acusados que recibieron la pena de 15 años de cárcel.
Ahora, la última palabra la tienen los jueces María Florencia Budiño, Fernando Mancini y Mario Kohan. A fin de diciembre venció el primero de los plazos establecidos por la ley para que el mencionado tribunal dicte una resolución sobre las apelaciones presentadas por cada una de las partes. El Código Procesal Penal bonaerense determina que dicho plazo puede prorrogarse por otros seis meses.
“Está todo en manos de los jueces de La Plata. Estamos esperando la decisión con mucha angustia y preocupación por la espera. Esperamos una justicia ejemplar y que la demora no sea para favorecer a los que asesinaron a Fernando”, dijo días atrás a LA NACION Graciela, la mujer que llora a su hijo desde hace cuatro años.
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