El juicio por Lucía Pérez: en un alegato donde pidió disculpas, un fiscal solicitó la prisión perpetua para el acusado de violar y asesinar a la adolescente

MAR DEL PLATA. En un alegato donde pidió “disculpas en nombre de Ministerio Público Fiscal” por las “falencias” de la instrucción inicial del caso que “derivaron en un perjuicio para las pretensiones de la familia de la víctima”, el fiscal de Mar del Plata Leandro Arévalo solicitó la pena de prisión perpetua para el principal acusado de abusar sexualmente y causar la muerte de Lucía Pérez, de 16 años, en octubre de 2016.

En su alegato de cierre ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Mar del Plata, el fiscal sostuvo que en el juicio, iniciado hace dos semanas, quedó acreditada la responsabilidad penal de Matías Farías, de 29 años, y Juan Pablo Offidani, de 47, por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio”.

Arévalo sostuvo que Farías fue el autor del hecho y pidió para él la pena de prisión perpetua. Para Offidani, al que calificó como “partícipe secundario”, solicitó una condena de 20 años de cárcel.

Es la segunda vez que ambos son sometidos a juicio por este caso: En la primera, fueron absueltos por el femicidio y condenados a ocho años de cárcel por la provisión de drogas a la chica, que murió intoxicada por el consumo masivo de cocaína.

Esta tarde, a su turno, las abogadas de la familia Pérez –Florencia Piermarini y Verónica Heredia– coincidieron con los argumentos del fiscal Arévalo, pero pidieron que ambos acusados sean condenados a la pena de prisión perpetua.

“Lo que quiero pedir a este tribunal es que vea las cosas, esta es una condena para dos perpetuas”, ratificó sobre el cierre de la jornada de alegatos el padre de la víctima, Guillermo Pérez, cara a cara con los jueces que integran el TOC N°2.

La anteúltima jornada de este juicio oral y público será el próximo martes, cuando sea turno de las defensas de Farías y Offidani, que coincidirán en solicitar su absolución, en sintonía con el fallo del primero juicio, hace cinco años, que les significó una condena, pero por provisión de estupefacientes a una menor, no por el femicidio.

Ambos siguen las instancias de este debate desde las respectivas celdas en las que cumplen una pena de ocho años de prisión por este caso: Farías, desde la Unidad Penal de Florencia Varela, y Offidani, desde la Alcaidía Penitenciaria de Batán.

Según quedó probado en el primer juicio, Farías vendía droga en inmediaciones de la escuela secundaria a la concurría Pérez, que tenía 16 años. La citó en una casa del barrio Alfar donde, el 8 de octubre de 2016, y en circunstancias que aún se investigan, la chica murió. Según los forenses, la adolescente presuntamente sufrió una asfixia tóxica provocada del consumo excesivo de cocaína.

En el alegato de este jueves, el fiscal Arévalo dijo que se probó que ambos imputados “pasaron a buscar” a Lucía en la camioneta de Offidani por la esquina de su casa en horas de la mañana del 8 de octubre de 2016, con la finalidad de abusar sexualmente de ella a sabiendas de su condición de menor de edad y de consumidora de sustancias estupefacientes”.

Arévalo explicó que, después de trasladar a la menor a la casa de Farías, en el barrio Alfar, y quedar a solas con él, el principal acusado “le suministró cantidades indeterminadas” de cocaína y marihuana, para “lograr quebrantar su voluntad”, en “un indudable contexto de violencia de género”, y luego “la accedió en reiteradas oportunidades”.

El fiscal dijo que “dicho abuso fue brusco y violento”, de acuerdo con una serie de “lesiones constatadas en el cuerpo” de la adolescente. Y explicó que a las 15 del 8 de octubre de 2016, tras una descompensación sufrida por la adolescente, Offidani volvió a la casa del barrio Alfar para “continuar colaborando con el señor Farías y prestándole asistencia”: primero, “acondicionando” el cuerpo, y luego, “trasladándola sin vida” a la sala de primeros auxilios del barrio Serena, cuatro kilómetros al sur del Faro de Punta Mogotes.

El representante del Ministerio Público puso el foco en la situación de vulnerabilidad de la víctima, por su condición de menor, de mujer y de consumidora, que “no está en igualdad de condiciones con aquel que se dedica a la venta de estupefacientes”, con quien además mantenía “una deuda dineraria” por la compra previa de drogas, según la acusación.

En cuanto al rol de Offidani, el fiscal explicó que tenía una foto de Lucía en su celular, que “ni era remisero ni nada que se le parezca” de Farías, sino que “era socio”. Y recordó, en ese sentido, que junto a él fue condenado, en un primer juicio por este hecho, por la tenencia de drogas con fines de venta.

Offidani “sabía perfectamente qué iba a hacer” el principal acusado” y “lo que iba a pasar”, afirmó el funcionario del Ministerio Público.

Pedido de disculpas

En su alegato, que duró más de dos horas, Arévalo pidió “disculpas en nombre de Ministerio Público Fiscal” por las “falencias” de la instrucción inicial del caso, a cargo de la fiscal María Isabel Sánchez, que “derivaron en un perjuicio para las pretensiones de la familia de la víctima”.

Entre esas falencias resaltó que la fiscal no estuvo en las primeras actuaciones, lo que “derivó en una pérdida de elementos de prueba”, y que tras el traslado del cuerpo de la víctima “dejaron ir a Farías sin ningún tipo de recaudo tendiente a evitar la pérdida de pruebas”.

En la sala de audiencias en el sexto piso del edificio de Tribunales, en tanto, estuvieron los padres de Lucía, Marta Montero y Guillermo Pérez, acompañados, entre otros, por Gustavo Melmann –padre de Natalia, la adolescente violada y asesinada por policías en Miramar en febrero de 2001– y Sergio Maldonado, hermano de Santiago, el joven que murió ahogado en Esquel en 2017.

De acuerdo a la instrucción del caso, Lucía había conocido a ambos un día antes de su muerte, cuando se acercaron a la Escuela Media N° 3 local a venderle un cigarrillo de marihuana.

Arévalo aseguró al respecto que los imputados “no iban a buscar clientes” a las inmediaciones del colegio, sino que “iban a buscar nenas [sic]”, con las cuales trataban de “tener sexo por la vía que fuera posible”.

Durante el primer juicio, en noviembre de 2018 ante el TOC N° 1, ambos fueron condenados a ocho años de prisión por los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, pero solo por la venta de drogas en la puerta de la escuela.

Fueron absueltos, sin embargo, por el resto de los cargos, pero la sala IV del Tribunal de Casación revocó esas absoluciones en agosto de 2020, dispuso la “nulidad” del juicio y ordenó la realización de uno nuevo, resolución que fue confirmada un año más tarde por la Corte provincial.

El fiscal pidió en ese sentido que la pena eventual de este segundo proceso sea de carácter acumulativo” y se sume a la del primero.

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