La muerte de Lucía Pérez: denuncian que una intromisión del Presidente, que calificó el caso como “femicidio”, puede hacer caer el juicio

MAR DEL PLATA. Las defensas de los acusados del abuso sexual seguido de muerte de Lucía Pérez cuestionaron no tanto el encuentro que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, mantuvo con los padres de la joven, sino la difusión que el mandatario le dio desde sus redes sociales, donde calificó el hecho como “femicidio”, advirtió que no se permitiría “impunidad” en este juicio que tendrá sentencia el próximo 17 y calificó de “escandalosa” la absolución de los mismos dos enjuiciados en el primer debate, a cargo de otro tribunal cuyos jueces fueron suspendidos y la semana próxima serán sometidos a un jury por su desempeño en este caso. Auguran que esa “intromisión” puede derivar en la nulidad del juicio, que está en su etapa final.

“Pueden hacer 55 juicios y no hay nada para condenar, porque no hay delito”, remarcó la defensora oficial Laura Solari, que asiste a Matías Farías, señalado como autor material y apuntado como quien le vendió droga, abusó y violó hasta la muerte a Lucía Pérez el 8 de octubre de 2016, cuando la chica tenía 16 años. “Esto es de una enorme gravedad institucional y estamos viendo qué medidas vamos a tomar”, dijo a LA NACION sobre la aparición en escena del Presidente en este tramo final de la causa.

César Sivo, defensor de Juan Pablo Offidani, con cargos como partícipe secundario, dijo a LA NACION que las expresiones del Presidente sobre el caso representan una “intromisión gravísima, de una gravedad institucional sin parangón”, afirmó que representan “un nivel de coacción intolerable en el Estado de derecho” y que, con esta intervención, Fernández “acaba de nulificar el juicio”. Resaltó, al respecto: “Se le tendrá que reprochar haber generado un juicio inválido”.

Al malestar explícito de estas defensas se suman –por ahora, entre rumores de pasillos de tribunales y sin expresiones institucionales– las críticas de funcionarios y de protagonistas del sistema judicial por lo que entienden una intromisión del jefe de Estado en un poder ajeno.

Solari y Sivo volvieron a pedir en este nuevo debate oral y público la absolución de sus defendidos que ya habían logrado en esta causa en 2018. En tanto, el fiscal de juicio, Leandro Arévalo, y las abogadas de la familia de la víctima consideran que se trató de una violación seguida de muerte, por lo que pidieron la pena de prisión perpetua para ambos.

Fernández pasó esta semana por Mar del Plata para participar de dos actividades de agenda oficial y aprovechó la escala para recibir, anteayer, a Marta Montero y Guillermo Pérez, padres de la adolescente. Se encargó de publicar en sus cuentas personales las fotos, una de ellas con una remera que lleva la imagen de Lucía y la frase “Lucía, por vos juramos vencer”.

“Es muy importante que el Presidente esté, porque como pasó con Lucía, pasa todos los días con otras chicas en todo el país”, reconoció Montero, que ha denunciado “una red de ocultamientos” en la Justicia para permitir aquella primera absolución de los acusados.

El Presidente, en esos tuits, afirmó ayer: “No vamos a permitir la impunidad en nombre de ninguna de las pibas que nos faltan”, y fue más allá: “El caso de Lucía es paradigmático de la falta de perspectiva de género que tiene el Poder Judicial”.

Pero, sobre todo, se permitió dos calificaciones contundentes: presentó el caso como “el femicidio de Lucía Pérez”, hecho no probado en el primer juicio y pendiente de determinación en este segundo, que está en instancia final, y tildó de “escandalosa absolución” la resuelta en 2018 por Esteban Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale, entonces al frente del Tribunal Oral en lo Criminal N°1. Los dos primeros, por aquel fallo, están suspendidos –el restante se jubiló– y se preparan para afrontar un jurado de enjuiciamiento por no haber atendido el “protocolo de perspectiva de género” al resolver aquel juicio.

Solari considera que Fernández, con estos tuits, avanza ilegítimamente sobre el Artículo 109 de la Constitución Nacional, donde se establece que “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.

“Que por esto pueda derivar en un juicio nulo es una posibilidad”, dijo a LA NACION al confirmar que con la Defensora General, sus pares y Sivo están evaluando qué opciones hay para accionar frente lo que entienden una “intromisión presidencial”, tanto dentro de esta causa como por fuera, dado el impacto que tiene para todo el sistema judicial.

“Sin conocer el expediente, sin conocer las pruebas ni saber qué paso en el debate, el Presidente hace afirmaciones tremendas, entre ellas que no va a permitir impunidad”, resaltó el defensor de Offidani en diálogo con LA NACION.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 que integran Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone, ya escuchó los testimonios, tuvo a su alcance toda la prueba documental y escuchó los alegatos de las partes, con pedidos desde absolución hasta prisión perpetua. El próximo miércoles, 17 de marzo, darán a conocer la sentencia.

“La perspectiva de género no se debe llevar por delante al Estado de derecho”, dijo Solari, e insistió con que Farías, que por esta misma causa cumple una condena impuesta en primer juicio por comercialización de estupefacientes agravada, “es inocente” de los delitos de abuso sexual y femicidio.

Y resaltó que las publicaciones del Presidente extreman las “presiones del Ejecutivo sobre los jueces”, sobre lo cual recordó que en el inicio de estas audiencias ya estuvieron dentro de la sala el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia, Estela Díaz.

Por eso ahora advirtió que los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 deben resolver esta causa “con un jury en curso, con colegas suspendidos, y con un Presidente, máximo representante del Ejecutivo, hablando de un femicidio y de la ‘escandalosa absolución’” de 2018. “Eso ya es grosero”, resaltó.

Esta causa está plagada de cuestionamientos desde su punto de partida. Horas después del hecho, en conferencia de prensa, la fiscal María Isabel Sánchez, a cargo de la investigación, denunció que la víctima había sido “empalada”, entre otras brutalidades. Ningún informe forense sostuvo luego tal afirmación.

Esa situación ameritó las críticas de su colega Arévalo, que durante este segundo juicio pidió disculpas a la familia Pérez en nombre del Ministerio Público Fiscal. Pero el jefe de fiscales, Fabián Fernández Garello, cuestionó a su vez a Arévalo, tanto ante el tribunal como la Procuración General, a la que pidió que investigue si el funcionario se excedió en los límites con aquellas afirmaciones.

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