El crimen de Blas Correas. La madre del chico muerto por un disparo policial insistió: hay “responsabilidades políticas”

CÓRDOBA. Con la lectura de las acusaciones, comenzó el juicio por el asesinato de Valentín Blas Correas, muerto por un disparo policial el 6 de agosto del 2020 en esta ciudad. El joven iba con cuatro amigos en un auto y recibió un tiro disparado por uniformados desde un retén en la calle. Hoy, Soledad Laciar, la madre de Blas, llegó al tribunal acompañada por esos jóvenes. Estuvieron con ella Cristóbal Bocco, que iba al lado de su hijo y a quien un proyectil le atravesó la remera; Juan Cruz Camerano, que manejaba el Fiat Argo, y Mateo Natalí. La cuarta pasajera era Camila Toci, novia de Camerano.

En la sala, donde están los jurados populares que deberán dar un veredicto sobre el caso de “gatillo fácil”, la familia de Correas se encontró con los 13 policías acusados. Lucas Gómez, de 35 años, es el autor del disparo que mató al adolescente de 17 años y Javier Alarcón, de 31, está imputado por “homicidio calificado, agravado por el uso de armas” y “tentativa de homicidio”.

Los otros llegaron al juicio acusados de encubrimiento, falso testimonio y omisión de deberes de funcionario público. En la causa se comprobó que “plantaron” un arma para acusar falsamente a Blas y sus amigo y, así, procurar eludir sus responsabilidades en el hecho.

Al ingresar a la Cámara Octava del Crimen, donde se realizarán las 25 audiencias previstas, Laciar insistió con que, en el crimen, las “responsabilidades políticas llegan hasta el” gobernador Juan Schiaretti, porque es él quien “puso” al ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera.

“Empecemos a hacernos cargo como gobierno, tenemos que dar una vuelta de timón. Yo no soy enemiga de nadie, lo único que quiero es que se haga justicia, pero justicia de verdad”, planteó. Mosquera sigue en su cargo. Por el crimen se cambió primero la cúpula de la Policía de Córdoba.

Soledad Laciar, los amigos y otros familiares llevan la camiseta blanca con la foto de la víctima y la leyenda “Justicia por Blas”; además llegaron con esa misma foto del joven sonriente –que se conoció en todo el país cuando el caso conmovió a la sociedad– en carteles impresos.

Para Fernando López Villagra, uno de los fiscales de la causa, se trata de un “claro” hecho de “violencia institucional” donde, entre las responsabilidades, también se cuenta la de “tratar de ocultar pruebas”.

Su colega, Marcelo Hidalgo, aclaró que si en el debate “surgen otras responsabilidades, otras personas serán sometidas a proceso”, ya sea otros funcionarios policiales o políticos. El juicio iniciado alcanza solo a los 13 imputados.

Los hechos, según la acusación

Los hechos descriptos en la causa marcan que el 6 de agosto del 2020, alrededor de las 23.30, el Fiat Argo en el que Correas viajaba con sus amigos no frenó en el control policial montado con dos patrulleros y varios agentes en la Avenida Vélez Sarsfield. El auto recibió cuatro balazos.

En la lectura de la acusación se consignó que cabo 1° Gómez efectuó “cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el auto en el que se movilizaban los jóvenes con intención de matarlos” y que Alarcón, “en acuerdo tácito con Gómez y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo” efectuó dos disparos más “a sabiendas de que no había justificación legal para ello”.

Uno de los cuatro disparos efectuados por Gómez impactó en la escápula derecha de Valentino y le ocasionó lesiones mortales en el lóbulo inferior del pulmón derecho, la vena cava inferior y el ventrículo derecho. Aunque los demás ocupantes del auto no sufrieron heridas, uno de los disparos traspasó el apoyacabeza y la capucha de uno de los adolescentes a milímetros de su cráneo.

En un primer momento, los policías dijeron que los chicos iban armados y mostraron una pistola que afirmaron haber encontrado en la zona. La ruptura del pacto de silencio que mantenían dejó en claro que la habían “plantado”.

El abogado de Alarcón, Hugo Luna, sostuvo hoy que dejará en claro que su defendido no es el autor del homicidio, ya que los “vestigios de proyectiles” en el auto no demuestran que las balas de su arma hayan ingresado al vehículo.

“Acá estamos las víctimas”

Laciar enfatizó que no permitirá que “nadie intente de ninguna manera ensuciarlos”. La referencia es al rol que cumplieron los amigos de sus hijos. “Voy a ser la primera gran defensora de ellos, porque son todos mis hijos. Acá estamos los que nos arruinaron la vida. Acá están sus amigos, que mientras policías intentaban ensuciarlos, corrieron para salvar su vida. Acá estamos las víctimas”, dijo.

Los jóvenes llevaron a Correas a la clínica privada Aconcagua, a unas cuadras de donde recibió el balazo, pero allí no quisieron atenderlo (hay una causa judicial paralela por el tema); intentaron seguir hasta el Hospital de Urgencias, pero los paró la policía. Blas murió en la calle.

“Los culpables son 13 policías y otros más que demostraremos en el juicio”, añadió la madre de la víctima.

Amicus curiae

En esta primera jornada, los camaristas rechazaron por unanimidad el pedido de inadmisibilidad de la Secretaría de Derechos Humanos como amicus curiae que habían hecho los abogados defensores de los policías imputados. Gastón Schonfeld y Martín Cafure, que representan a dos de los acusados, solicitaron el apartamiento de la Secretaría y apuntaron a su representante, Claudio Orosz, quien participa en calidad de observador.

El fiscal Hidalgo desestimó el pedido por considerar que “no hay ningún tipo de agravio”. “Plantear que no pueda haber un amicus curiae es tratar de cercenar una política de Estado”, añadió.

Los integrantes del tribunal rechazaron el pedido y ratificaron que Orosz “no tiene posibilidad de hacer uso de la palabra”. Concluyeron: “Su participación no pone en juego ninguna garantía de los acusados. Se declara abstracta la nulidad de la petición”.

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