El crimen de Aralí. La Justicia confirmó que la niña fue violada y agravó la acusación contra el padrastro y el amigo

CÓRDOBA.- La Justicia confirmó que Aralí Vivas, la niña de 8 años asesinada en la localidad de Brinkmann fue abusada sexualmente. Con ese dato, el fiscal Francisco Gieco les agravó las penas a Matías Simeone, padrastro de la menor, y Cristian Varela, su amigo, quienes quedaron imputados como supuestos autores del delito de homicidio criminis causae, que es aquel que se comete para ocultar un crimen previo o procurar la impunidad. El crimen, como ha publicado LA NACION, esconde una trama muy oscura.

Fue el último acto procesal del fiscal Gieco, quien se apartó de la causa y remitió el expediente a su par de Morteros, Yamila Di Tocco, que estaba de licencia cuando ocurrió el crimen. En el arranque del proceso Simeone y Varela fueron acusados de homicidio simple; después, de homicidio calificado, y ahora, de homicidio criminis causae.

Rocío Rauch, madre de Aralí, también está imputada por homicidio calificado por el vínculo, pero en calidad de partícipe necesaria. Fue indagada el viernes: se limitó a negar los hechos y no quiso declarar.

El informe forense ya había adelantado que la autopsia de la menor había revelado signos en el cuerpo “compatibles” con abuso sexual, aunque sin precisar si eran del mismo día del crimen o anteriores. Por su lado, Gieco precisó que uno de los acusados –no aclaró si el padrastro o el amigo, aunque se presume que fue Varela– en “los dichos espontáneos” al momento de su arresto sostuvo ante tres policías que “era costumbre” que abusaran de la niña.

Aralí fue violada, asesinada el viernes a la noche y, al día siguiente, los dos hombres prendieron fuego a la habitación donde yacía para ocultar el crimen. Las imágenes de las videocámaras de la zona permiten situarlos a ambos en el lugar del crimen. La madre no estaba: había viajado a Morteros.

La causa transparenta que la familia tenía problemas. Los hermanitos de Aralí por parte del padrastro de la niña habían sido retirados de la casa porque Simeone estaba preso y Rauch tenía problemas de adicciones. En julio pasado la Senaf comunicó a la Justicia que la pareja estaba lista para la “revinculación”. La mujer había hecho un tratamiento con la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba y Salud Mental.

Simeone tiene varias condenas por delitos, entre ellas, una por violencia contra Rauch y su madre, a quienes había amenazado. “El ambiente era de extrema violencia, era un cuadro no apto para niños”, describió el fiscal Gieco oportunamente.

“Los menores no estaban bien cuidados, eran maltratados. Gente extraña merodeaba la casa, consumían drogas y los niños andaban solos por todos lados. Vecinos dijeron que se escuchaban gritos”, dijo Gieco, que resumió que los niños “estaban a la buena de Dios”.

La titular del Senaf, Julia Reartes, ordenó una investigación interna para establecer si fue correcta o no la actuación de los empleados de la dependencia. La funcionaria está en medio de otra investigación: aparece nombrada en una causa federal por presuntos delitos en la subrogación de vientres.

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