El clan Castedo. Juzgan a los mayores proveedores de cocaína por el homicidio que puso al descubierto a la narcopolítica
Delfín y Raúl Castedo dominaron el tráfico de drogas en la frontera de Salta y Bolivia durante más de 15 años; tuvieron protección de un sector de la política y llegaron a mandar 4000 kilos de cocaína por mes a Europa
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LA NACIONGustavo Carabajal
Durante más de quince años los hermanos Delfín Reynaldo Castedo y Raúl Amadeo Castedo, alias Hula, dominaron el tráfico de cocaína en la frontera entre Salta y Bolivia. Ese poder se cimentó en protección política y judicial y en el miedo que impusieron con los homicidios de aquellos que se atrevieron a denunciarlos.
Una de las víctimas de los líderes de dicha organización delictiva, según la investigación del Ministerio Público de Salta, fue la comerciante Liliana Ledesma, asesinada en septiembre de 2006, en Salvador Mazza. Los hermanos Castedo comenzaron a ser juzgados en los últimos días como presuntos autores intelectuales del homicidio que puso al descubierto los vínculos entre la banda narco y un integrante del poder político de Salta.
Delfín Castedo había sido apresado en julio de 2016 cuando salía de un restaurante situado a pocos metros del cruce del Acceso Oeste y Martín Fierro, en Ituzaingó. De no haber sido por la intervención de los efectivos de la Gendarmería que lo detuvieron en ese momento, el sumario judicial por el homicidio de Ledesma habría prescripto y él narcotraficante hubiera quedado libre.
Con la indagatoria de Castedo se interrumpió el plazo de prescripción y así, los jefes de una de las mayores bandas de narcotraficantes de la Argentina llegaron al juicio oral por el homicidio de la comerciante que los había denunciado.
El Tribunal de Orán que comenzó a juzgar a los hermanos Castedo está integrado por los jueces de la Sala I, Edgardo Laurenci, como presidente; Raúl Fernando López y Claudio Alejandro Parisi, como vocales. En la primera audiencia se presentaron los lineamientos de la acusación y declararon algunos testigos, entre los que figuraban familiares y amigos de la víctima.
En representación del Ministerio Público Fiscal interviene la fiscal Claudia Carreras. Mientras que la querella es representada por el abogado David Leiva.
Ambos sospechosos están acusados haber instigado el homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas y encubrimiento, de Ledesma, quien se había animado a denunciar su presunta complicidad con su principal aliado político, el diputado provincial salteño, Ernesto Aparicio.
Ledesma era la esposa de Gilberto “Gili” Villagómez, un supuesto narco boliviano asesinado de diez balazos en diciembre de 1999. Ledesma denunció que a su esposo lo mataron porque le reclamó una deuda al fallecido diputado provincial Ernesto Aparicio, vinculado con Castedo. La comerciante fue asesinada de siete puñaladas en 2006.
Cuatro años después un tribunal condenó a prisión perpetua a María Gabriela Aparicio, hermana del legislador provincial, y a otros seis imputados por el homicidio de Ledesma. Por este asesinato también fue procesado Hula Castedo, hermano de Delfín.
Este último imputado comparte abogado con Alejandro Maurín, el presidente del Consejo Deliberante de Salvador Mazza, detenido en febrero de 2016, acusado de integrar una banda que llevaba 287 kilos de cocaína.
La droga fue hallada en un camión Mercedes Benz que perteneció al diputado Aparicio, el aliado político de Castedo. Por ese caso fueron condenados el mencionado Maurín, quien le había comprado el camión al fallecido Aparicio.
El inicio del juicio oral contra los hermanos Castedo por su presunta responsabilidad en el homicidio de Ledesma había sido postergado en tres oportunidades, debido a que el abogado que los representa había pedido que los acusados estuvieran presentes en la sala de audiencias.
Los integrantes de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán se opusieron al pedido de la defensa los acusados debido a que resultaba muy peligroso el traslado de los hermanos narco desde el penal federal de Ezeiza hasta la mencionada ciudad salteña, donde no se cuentan con las instalaciones adecuadas para alojar a presos que requieren de máxima seguridad.
Por este motivo, los jueces habían ordenado que los acusados participen del debate a través de algunas de las plataformas telemáticas. Pero la defensa presentó tres recursos ante dicha resolución. Aunque hace dos meses, la resolución del Tribunal de Juicio quedó firme y el debate comenzó con los acusados en la cárcel federal de Ezeiza.
Hasta julio de 2016, Delfín Castedo era un fantasma al que le adjudicaban ser propietario de más de 60.000 hectáreas en la frontera caliente del narcotráfico, entre la Argentina y Bolivia, que le permitían cruzar miles de kilos de cocaína sin control.
Castedo dominó el tráfico de drogas y construyó un imperio que lo llevó a convertirse en el narcotraficante más importante de la Argentina y en el mayor proveedor de droga de las principales organizaciones criminales de Rosario, del Gran Buenos Aires y en el extranjero.
Para la Justicia federal, el clan Castedo, llegó a mandar 4000 kilos de cocaína por mes a Europa. Castedo supo ganarse el miedo de aquellos que podían delatarlo. Solo unos pocos colaboradores cercanos conocían su rostro, pero todos los vecinos de Salvador Mazza, en Salta, le temían.
Si eventualmente, al final del juicio oral por el homicidio de Ledesma, el Tribunal de Juicio de Orán, dictara un veredicto condenatorio, sería la segunda sentencia en su contra que recibiría Delfín Castedo. En diciembre pasado el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta lo condenó a 16 años de cárcel como jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos provenientes de dicha actividad.
La investigación que terminó con la condena contra Castedo por tráfico de drogas había sido impulsada por los fiscales federales José Luis Bruno, Eduardo Villalba y Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).
Los jueces del Tribunal Oral Federal de Salta, Federico Santiago Díaz, Marta Liliana Snopek y Mario Juárez Almaraz también condenaron a Raúl Hula Castedo, supuesto encargado de conseguir cocaína en Santa Cruz de la Sierra– y al martillero público Eduardo Torino a nueve años de prisión como miembros de la asociación ilícita.
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