El caso que reveló el nexo de Yabrán con el gobierno de la época
En su trabajo como fotógrafo de la revista Noticias, José Luis Cabezas le puso rostro al empresario que había hecho del anonimato uno de los pilares sobre los que construyó su imperio económico. A partir de la investigación encarada para encontrar a los responsables del homicidio que hace 20 años conmocionó al país quedaron al descubierto los otros vínculos de Alfredo Yabrán con algunos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que, en la década del 90, comandaba Carlos Menem.
El cruce de los llamados realizados con los números encontrados en la agenda del policía bonaerense Gustavo Prellezo reveló que quien por entonces era el ministro de Justicia, Elías Jassan, se había comunicado por lo menos en 58 oportunidades entre octubre de 1996 y marzo de 1997 con empresas del grupo Yabrán.
Lo escandaloso del hecho fue que Jassan siempre negó la existencia de la relación con Yabrán. El único que había denunciado el vínculo entre el ministro y el empresario era el ex titular de la cartera de Economía, Domingo Cavallo quien decía que "Jassan era un empleado de Yabrán".
La existencia de las comunicaciones entre Jassan y los teléfonos vinculados con Yabrán no implicaba sospecha alguna sobre el ministro en la investigación del homicidio de Cabezas, pero confirmaban quién era el interlocutor del empresario telepostal dentro del gabinete menemista.
Lo que sigue envuelto en el misterio es a quién llamó el empresario cuando se enteró de que el juez de Dolores José Luis Macchi había ordenado su captura, el 15 de mayo de 1998, acusado como instigador del homicidio.
Enterado de que podían detenerlo, Yabrán se refugió en sus estancias de Entre Ríos. Allí esperó ayuda de los pocos aliados que le quedaban en el Gobierno. Pero nunca se podrá saber a quién recurrió. El teléfono satelital Planet 1 que utilizó en esos días fue mencionado por los policías que encontraron el cadáver del empresario como uno de los elementos en la escena de la muerte, pero nunca fue secuestrado. En Gualeguaychú, una colaboradora de la jueza Graciela Pross Laporte dijo: "No secuestramos el teléfono porque no consideramos que fuera de interés para la causa". No les importó que desde Dolores reclamaban a gritos ese aparato.
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