El aumento de la inseguridad, la nueva fase de la eterna cuarentena
La extensa cuarentena por el coronavirus vive, por estos días, una nueva fase: la del recrudecimiento del crimen. Este nuevo auge del delito, que al inicio del aislamiento se había aplacado, como si incluso los asaltantes quisieran cuidarse de la amenaza invisible del Covid, no es, sin embargo, inesperado. Situaciones propias del contexto de la pandemia reciente favorecen el renacimiento de esta epidemia que azota a la Argentina desde hace años y a la que, salvo ocasionalmente, ningún gobierno, de ningún signo político, ha logrado enfrentar de forma estructural y sostenida.
Los datos oficiales del delito en el primer semestre, tanto a nivel nacional como provincial, aún no están disponibles. Pero en la calle la situación es inocultable, y en el conurbano los intendentes lo saben y lo dicen públicamente. Ahí están los recientes sucesos de Quilmes, Mar del Plata o Ingeniero Maschwitz para demostrar que no se trata solo de dialéctica política: el aumento de la inseguridad es real.
En las primeras semanas de la cuarentena, el flagelo a la vista era la violencia doméstica y de género, con el femicidio como su manifestación última e irreparable. Con el paso de los meses, y con cada vez más personas decididas a salir a buscar el peso aunque el Gobierno les dijera "quedate en casa", la violencia se trasladó a las calles y los ladrones volvieron, con violencia recargada.
El contexto de esta segunda mitad del año es territorio fértil para el crecimiento del crimen: aun en tiempos críticos para la economía argentina en general, el aguinaldo es un hito que tracciona positivamente porque hay mayor liquidez de efectivo en plaza. Lo sabe el ciudadano común, y también el delincuente.
Además, la necesidad de sellar accesos para minimizar el traslado de personas durante el aislamiento social preventivo y obligatorio obligó a los gobiernos a destinar recursos policiales a montar y mantener los retenes. Eso fue en desmedro de las recorridas de prevención diagramadas según la temperatura del mapa del delito.
Y a eso se suma la descoordinación -por usar un término amable- entre los decisores políticos de los gobiernos en materia de seguridad, lo que impide aunar esfuerzos para mejorar la respuesta estatal contra el delito con el único fin de dar un beneficio y un cuidado al ciudadano. Hace más de un mes, después de la asfixiante discusión por las salidas de presos en el contexto de la pandemia, la interventora del Servicio Penitenciario Federal, la exjueza María Laura Garrigós de Rébori, admitió, sin pelos en la lengua: "El día que salgamos de la cuarentena es posible que tengamos un pico de delitos contra la propiedad". La realidad se le anticipó. Y nada indica que no se vaya a poner peor.
Con peleas sobreactuadas e inútiles discusiones ideológicas sobre el delito y sus autores, las autoridades con poder de decisión en materia de seguridad son, durante la pandemia, más comentaristas de lo que sucede que actores que demuestren pulso para "aplanar la curva" del crimen. La insuficiente presencia y la ineficaz intervención del Estado en la materia abre la puerta a la peligrosa idea del "sálvese quien pueda" y a su manifestación más dramática: la justicia por mano propia. Las discusiones posteriores sobre la legítima defensa o el exceso en su ejercicio, incluso bajo un estado de "emoción violenta" inmediata o mediata se convierten en una dramática anécdota de una trama que cuesta vidas y en la que el tejido social se desgarra por acción del miedo, la bronca y el hastío.
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