El asesinato frente al Congreso. Murió en prisión el hombre que mató al diputado Héctor Olivares y a su asesor para probar una pistola

El principal condenado por el doble crimen del diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón, ocurrido en 2019 en la plaza del Congreso, murió anoche luego de descompensarse en el penal federal de Marcos Paz, informaron hoy fuentes judiciales. Se trata de Juan José Navarro Cádiz, de 29 años, quien en 2021 había sido condenado a 45 años de prisión como autor material del doble homicidio y cumplía su condena en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.

Al haber estado en una dependencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la muerte de Navarro Cádiz -quien pertenece a una familia de la comunidad gitana-, ahora es investigada por el Juzgado Federal 3 de Morón, a cargo de la jueza Alicia Vence, quien ya ordenó la realización de la autopsia. Fuentes judiciales indicaron a Télam que el primer reporte que el juzgado recibió de las autoridades penitenciarias es que Navarro Cádiz estaba en su pabellón, salió a hacer un llamado y se descompensó en el salón de usos múltiples.

Siempre según las mismas fuentes, inmediatamente fue trasladado primero a la unidad médica del propio complejo y luego fue derivado al Hospital Municipal Héctor D’Agnillo de Marcos Paz, donde alrededor de las 23 de anoche falleció.

Dos abogados penalistas que en su momento actuaron en la causa aseguraron a Télam que la muerte de Navarro Cádiz causó “sorpresa” y “consternación” entre sus familiares y en toda la comunidad gitana, y que esperan que se esclarezcan las causas del deceso.

En septiembre de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal 9 -conformado por los jueces Ana Dieta, Fernando Ramírez y Luis Salas- condenó a Navarro Cádiz como autor material del doble crimen a una pena de 45 años de cárcel y a su primo Juan Jesús Fernández a prisión perpetua como “partícipe necesario”.

Navarro Cádiz fue el autor de los disparos homicidas, algo que incluso confesó al declarar en el juicio oral, donde pidió “perdón” pero aclaró que su intención había sido dispararle a un árbol y no a las víctimas.

La diferencia de la pena que se le impuso a él respecto de su primo radicó en que el caso de Navarro Cádiz encontró el obstáculo de que había sido detenido y extraditado desde la República Oriental del Uruguay, con la condición de que no sea condenado a prisión perpetua, sanción que no existe en el vecino país, y por ello el tribunal estimó adecuado la pena máxima del Código Penal uruguayo, que es la de 45 años de cárcel.

”Quiero decirles que nunca quise lastimar a nadie, ni mucho menos matar a nadie. Les pido por favor a las familias que me perdonen”, dijo Navarro Cádiz en sus últimas palabras ante el TOC 9 antes de que lo condenaran como autor de un “homicidio agravado por alevosía reiterado en dos ocasiones en concurso real con portación de arma de guerra”.

A su vez, en el juicio quedó probado que era suya el arma homicida, una pistola Bersa Thunder calibre .40 con mira láser secuestrada en su casa y, además, una pericia detectó residuos de disparos en una mano y tres pendras de vestir suyas.

El juicio tuvo otros siete acusados -la mayoría familiares o allegados a los dos condenados que llegaron libres acusados de delitos menores como tenencia, portación o suministro de armas-, pero cinco de ellos fueron absueltos y solo dos recibieron condenas, pero en suspenso, y de hasta 2 años y 8 meses de prisión.

El crimen de Olivares, que tenía 61 años, y Yadón, de 58, ocurrió el 9 de mayo de 2019, cuando el diputado radical por La Rioja y su asesor salieron a hacer su caminata matutina habitual por la plaza del Congreso Nacional. A las 6.50, al pasar por segunda vez delante de un Volkswagen Vento estacionado detrás de un micro, sobre avenida de Mayo entre Luis Sáenz Peña y Virrey Cevallos, les efectuaron varios balazos desde el vehículo.

Yadón cayó muerto de tres disparos -uno en cuello, otro en axila y el tercero en la pelvis-, mientras que Olivares recibió un tiro en el abdomen que lo dejó herido de gravedad y falleció tres días después.

La clave para esclarecer el caso fueron los videos de 80 cámaras de seguridad que grabaron todo el derrotero de Fernández y Navarro Cádiz esa madrugada, desde que llegaron a la plaza hasta que escaparon, y que fueron recopilados y analizados por detectives de la División Homicidios de la Policía Federal.

Si bien se especuló con que el doble crimen podría haber estado vinculado a un “atentado a la democracia” o con algún tipo de “venganza personal”, el juez de instrucción Mariano Iturralde y la fiscal Estela Andrades llegaron a la conclusión de que fue “una práctica de tiro sobre dos blancos móviles indefensos, derivada del placer por desahogar el instinto de matar sin otro motivo que el de probar el arma y su mira láser”, según constaba en la acusación original, en una hipótesis sobre el móvil descartada en el juicio oral.

En esa misma línea, en los fundamentos del fallo condenatorio, el TOC 9 consideró que Navarro Cádiz y Fernández cometieron homicidios alevosos en el que ocultos en un auto actuaron “sobre seguro” y valoró como un agravante “la irracionalidad del acontecimiento”.

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