El asesinato de un colectivero: “Nos tienen abandonados” cuenta una pasajera en uno de los recorridos más peligrosos del conurbano
Los compañeros de Daniel Barrientos suponen que nada cambiará tras el brutal asesinato en La Matanza
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No hay asientos de espera, el asfalto del playón luce carcomido, los grafitis abundan en las paredes y la basura hace remolinos en el aire. Así se presenta la terminal de salida de la línea 620 ubicada en una de las bajadas de General Paz y a metros de la ruta 3, en Lomas del Mirador. Allí inició su recorrido el colectivero Daniel Barrientos el pasado lunes pocos minutos antes de ser mortalmente baleado. En ese lugar sube Marta Corvalán. Tutora de personas mayores, tiene 55 años y vive en el Barrio Primavera, en Villa Scasso, al límite entre González Catán y Gregorio de Laferrere. “Me quedo toda la semana en mi trabajo para no volver a las 12 de la noche, vengo directamente los viernes”, cuenta sobre uno de los tantos atajos que los vecinos ensayan para sortear el avance de la inseguridad en los lejanos confines de La Matanza. “Nos tienen abandonados”, define.
La 620, propiedad de la empresa Nuevo ideal S.A., cuenta con doce ramales. Desde el inicio del recorrido en Lomas del Mirador (el otro punto de partida de la línea es Ramos Mejía), hasta la Estación de Transbordo de La Matanza, el paisaje está dominado por comercios de indumentaria, ferreterías, mercados, entre otros; y puestos de comida a la vera del Metrobus de La Matanza, inaugurado en 2017 y el cual abarca buena parte del trayecto de los ramales. Pero, por otro lado, hay trabajadores industriales y de frigoríficos que llegan hasta el polo fabril matancero, ubicado en Virrey del Pino, casi al final del recorrido, sobre ya una zona periurbana.
Desde una punta a la otra, hay alrededor de 80 minutos de distancia siempre y cuando sea el trayecto que va directo por la ruta 3. “Cuando te metés a los barrios tardás más, porque las calles están todas rotas y las calles son angostas. Hoy el servicio es limitado porque es feriado y la mayoría son directos por la 3, pero algunos barrios ya no estamos entrando ni los días normales”, remarca Edgardo, otro de los choferes, de 28 años, padre de tres hijas y vecino del barrio Esperanza. “Los fines de semana tenemos la orden de desviarnos por la zona de los boliches porque siempre hay problemas. Salen borrachos, violentos, hay mucha droga”, dice y apunta a las populares discotecas Skylab, sobre la avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas y Jesse James, sobre en la calle República de Portugal, ambas a metros de la ruta 3.
Para ir a trabajar, Marta viaja no menos de hora y media. El 620 no es el único colectivo que debe tomar para llegar a su casa ubicada sobre la calle “Calderón de la Barca al fondo”, a la altura del kilómetro 28. También precisa del 621. “A las 7 ya no entran a los barrios, porque se la pasan robando”, dice. “Una vez me puedo tomar un remis, como me pide mi hija, pero es un presupuesto y la plata no alcanza, entonces nos cuidamos con el resto de los vecinos y coordinamos para movernos juntos cuando salimos o regresamos”, relata. Además, hace hincapié en que el ruido de las motos, un vehículo que se ha convertido en una insignia del delito, “se ha convertido en un trauma” para los laburantes que están a la espera del colectivo.
El colectivo en el que viaja Marta es conducido por Claudio, que tiene 32 años y hace más de una década está arriba del 620 por “legado familiar”. Daniel “El Capitán” Barrientos, el chofer de 55 años asesinado a balazos en el barrio Vernazza, no solo era su compañero, también fue su vecino en el barrio de Los Ceibos, antes de separarse de su esposa y madre de su hija Daniela Barrientos, la cara por el pedido de justicia de su padre. “Cuando era chico me llevaba al colegio en el colectivo”, recuerda con emoción. Sin embargo, asegura que “nada va a cambiar”. “Yo una vez que termina mi jornada laboral, no salgo más de mi casa, la calle te satura. La gente no anda bien, cualquier roce puede terminar en cualquier cosa. Solo quiero estar con mi familia”, dice.
El vínculo de Claudio con Barrientos no es una mera coincidencia. Pese a que desde afuera en el imaginario colectivo La Matanza parece inabarcable, “todos se conocen con todos”. Desde una de las paradas de la Terminal de Transbordo del Partido, así lo afirma Jesica Cuanito, de 36 años, madre de dos hijos y docente de nivel inicial. En su caso, había sido compañera de colegio hasta quinto grado de Leandro Miguel Alcaraz, el chofer de 26 años asesinado de dos balazos por delincuentes cuando hacía su recorrido con el interno 103 de la línea 620 el domingo 15 de abril de 2018. “El que no fue con vos a la escuela, fue con tu hermano”, marca sobre los nexos matanceros y de descarga con bronca: “Fue terrible lo que le hicieron a Leandro”.
Unos años atrás, Jesica y su familia se quedaron sin barrio y sin vehículo propio a raíz de la inseguridad. “Antes vivíamos en el Dorrego (González Catán), y nos fuimos después de que le robaran la moto a mi marido en la puerta de casa. Lo siguieron dos chicos en otra moto hasta Cobo y Spiro, casi llegando a Lafe, y le dispararon tres veces para sacarle la suya. Eran las tres de la mañana y llegó llorando a contarme. Después de eso, fuimos a hacer la denuncia, la moto hasta siguió andando en el barrio con la misma patente y todo. Yo, incluso, sabía en qué casa estaba la moto, pero cada vez que llamábamos al patrullero, nunca aparecieron”, indica, y completa: “Hay lugares a donde no entran y gente con la que no se meten”.
El día que aparecieron los operativos policiales
Luego del aumento de la conflictividad en la zona que se plasmó en la violenta agresión al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en protesta de colectiveros de La Matanza, tras la posterior liberación de los choferes implicados en la golpiza al funcionario, que implicó un nuevo paro del servicio durante el jueves, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof dispuso de forma sorpresiva el despliegue de efectivos de La Unidad Táctica de Operaciones (UTOI) y del Grupo de Prevención Motorizado (GPM). Equipados con chalecos antibalas y escopetas, los operativos constan de inspeccionar al azar a los colectivos cuando frenan en las paradas para hacer bajar solo a los hombres, ponerlos en fila, solicitarles sus documentos y cachearlos.
“Si no llevan DNI, cruzamos los datos y vemos los antecedentes. Estamos en toda La Matanza desde que pasó lo que pasó”, se limita a decir uno de los miembros policiales a cargo ejecutar uno del despliegue de la fuerza a la altura del KM 39.
“A las 11 de la mañana no van a encontrar más que laburantes, podrían aparecer cuando baja el sol y cierra todo o a la madrugada”, murmura uno de los pasajeros.
“En dos semanas no los vemos más. Hace cinco años nos prometieron cámaras, cabinas blindadas y no tenemos ni botones antipánico ni nada”, anticipa Edgardo. Como únicos ángeles guardianes frente al desamparo en seguridad, en cambio, alrededor de las cabinas las unidades de la 620 exhiben nombres de esposas, hijos e hijas.
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