El asesinato de Johana Ramallo: una causa sin resultados y plagada de irregularidades

Llena de zonas oscuras y demoras injustificadas, la instrucción de la causa judicial por la muerte de la joven Johana Ramallo, desaparecida hace cuatro años en La Plata, expone un compendio de irregularidades. Esta semana se cumplieron cuatro años del comienzo de un expediente que no muestra resultados. En la causa, en la que ya intervinieron cuatro jueces y tres fiscales, además de numerosos organismos especializados del Estado,no hay sospechosos ni imputados y todas las líneas de investigación condujeron, irremediablemente, a callejones sin salida.

El mes pasado, la decisión del nuevo titular del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla, de delegar el caso en el fiscal Guillermo Ferrara y promover una revisión integral de todo lo hecho a la vez que un reencuadramiento con perspectiva de género, alimentó la esperanza de los familiares de la joven de que la causa pueda reactivarse. Sin embargo, la medida pronto encontró un escollo. El fiscal Ferrara apeló el decisorio y la semana pasada, la Cámara de Apelaciones devolvió el voluminoso expediente -que ya cuenta con 47 cuerpos- al despacho de Ramos Padilla, que se ocupa del caso desde febrero pasado.

“Yo lo único que le exijo a la Justicia es que encuentre a los verdaderos culpables y que no me ponga a un perejil como pasa en muchos otros casos” advirtió Marta Ramallo, la madre de Johana, quien dijo en una entrevista emitida en el programa “Los Mundos Posibles” de Radio Futura que sólo cuando logren algún resultado está dispuesta a volver confiar en los jueces.

Los vaivenes del caso

Johana Ramallo tenía 23 años cuando fue vista por última vez en las primeras horas de la noche del 26 de julio de 2017. Su desaparición, denunciada al día siguiente en la comisaría 16 de Villa Ponsati, dio inicio a una causa con la carátula de “averiguación de paradero” a cargo de la fiscal Betina Smolej de Laki, responsable de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 y con intervención de la titular del Juzgado de Garantías N° 5 Marcela Garmendia.

La primera reconstrucción de las circunstancias previas a la desaparición determinó la habitualidad de Johana en el escenario de la llamada “zona roja” platense y el vínculo cercano con algunos proxenetas así como su cuadro de adicción a las drogas.

El 21 de septiembre de 2017, en representación de Marta Ramallo, madre de Johana, los abogados Víctor Hortel, Silvina Perugino y Josefina Rodrigo, pidieron formalmente al fiscal federal, Hernán Schapiro que investigara lo ocurrido como un presunto caso de trata de personas con fines de explotación sexual. Lacki y Garmendia accedieron a resignar su competencia y el caso pasó a la justicia federal.

Para entonces el expediente ya acumulaba decenas de declaraciones de testigos vinculados con la actividad en la “zona roja” platense. En ese momento, varios hombres señalados como proxenetas consiguieron desvincularse del hecho con diferentes coartadas. También se colectaron numerosos testimonios de trabajadoras sexuales, muchas de las cuales comparecieron con una ostensible reticencia sin aportar elementos sustanciales a la investigación.

La causa ingresó al Juzgado Federal N° 1 que se hallaba vacante desde la muerte en 2014 del juez Manuel Humberto Blanco. Por ello asumió el expediente como subrogante el titular del Juzgado Federal N° 3, Ernesto Kreplak, quien armó un equipo especial para abocarse al seguimiento del caso coordinado por la secretaria del Juzgado Federal N° 3, Noelia Matalone. Se convocó a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y se ordenó separar del caso a la policía bonaerense, algo que reclamaba la familia reclamaba. En la provincia tomaron intervención, entre otras áreas, el Consejo Provincial de las Mujeres, la Secretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Acceso a la Justicia.

Recién el 13 de octubre, a casi tres meses de la desaparición, el Ministerio de Seguridad provincial emitió un primer despacho de “búsqueda de personas” con señas particulares de Johana. Asombrosamente, la foto más difundida, incluida en las comunicaciones oficiales, mostraba Johana a sus 16 años, siete menos que la edad que tenía al desaparecer.

Hubo decenas de allanamientos, escuchas telefónicas, seguimientos encubiertos, rastrillajes, operativos con perros entrenados además de cientos de declaraciones testimoniales que, sin embargo, no sirvieron para delinear un camino certero para una pesquisa establecida alrededor de una trama en la que se conjugan, en dosis difusas, prostitución, narcomenudeo y marginalidad extrema.

Desde un comienzo Marta Ramallo dijo estar convencida de que en la desaparición de su hija intervinieron proxenetas que operan en la zona roja con la complicidad de miembros de la policía bonaerense. Apenas la mujer enfocó sus denuncias hacia los uniformados, empezó a recibir amenazas y su casa fue tiroteada. Esos episodios nunca pudieron ser dilucidados por la Justicia.

Fuentes ligadas a la investigación, insisten en que no existen en el expediente imputaciones directas hacia ningún uniformado y tampoco hay “elementos suficientes en la causa para determinar la participación en el caso de una red de trata”, indicaron.

Las hipótesis

Los informantes reconocen que, aunque nunca llegaron a hacer pie, las principales hipótesis barajadas apuntaron a un presunto secuestro operado por una red de trata orientada a la explotación sexual o bien a un posible ajuste de cuentas por un asunto relacionado con la comercialización de estupefacientes. Nunca hubo pruebas para sostener esas líneas.

Durante esta etapa se evidenció una preocupante filtración de datos surgida inequívocamente de los actores con acceso a la causa que puso en riesgo el éxito de las medidas de investigación dispuestas. El episodio más grave, en ese sentido, se produjo el 7 mayo de 2018, cuando decenas de periodistas recibieron por WhatsApp el anticipo de un allanamiento en la Unidad Penal N°34 de Melchor Romero. Asimismo, en varios operativos en prostíbulos se repitió la situación irregular de que, al llegar la comitiva de la Policía Federal, el lugar ya había sido visitado previamente por efectivos de la fuerza provincial.

En agosto de 2018 el procurador general Eduardo Casal reemplazó al fiscal por su par Guillermo Ferrara y, en abril de 2019, el juez Kreplak terminó su período de subrogancia y dejó la causa en manos de el magistrado Adolfo Gabino Ziulu, titular del juzgado federal N° 2. Ambos tuvieron que empezar todo de cero.

A lo largo de su lucha por esclarecer lo ocurrido, la madre de Johana, no ha ahorrado cuestionamientos a la Justicia. En el caso de Ferrara hasta pidió su renuncia por la falta de resultados y lo acusó de desalentar la participación de la Protex, que durante un tiempo tuvo activa intervención en el caso, pero desde que empezó la actuación de Ferrara dejó de ser convocada. La Protex es el organismo dependiente de la Procuración General de la Nación encargado específicamente de seguir caratulados como el de Johana.

Durante los cuatro años de este largo proceso, los allegados a Marta Ramallo, denunciaron a representantes de  la Justicia por ineficiencia, morosidad, descoordinación y falta de predisposición para impulsar la causa. En mayo de 2019 Hortel sostuvo que la causa no tenía dirección y también señaló la falta de colaboración del Ministerio de Seguridad de la Nación para llevar adelante unas escuchas telefónicas ordenadas por el juez. Fue durante una conferencia de prensa en la que se confirmó que los restos mutilados hallados en agosto de 2018 en una playa de Berisso correspondían a Johana Ramallo. Habían pasado nueve meses sin que se procediera a la identificación. Hasta hoy nadie pudo explicar semejante anomalía.

Los vaivenes del caso incluyeron, además, una constante rotación de abogados de la querella: a principios de 2018 el equipo encabezado inicialmente por Hortel fue reemplazado por la dupla de Luz Santos Morón y Pía Garralda y luego por representantes de la Fundación María de los Ángeles que preside Susana Trimarco. En un momento, incluso,la madre de Johana se quedó sin representantes durante tres meses y la Justicia la intimó a reponerlos. Así, volvieron a hacerse cargo de la defensa Hortel y Perugino. Hoy la querella es asumida por las abogadas María Inés Lopisi y Valeria Monetta. En tanto, Perugino, reingresó en el caso en nombre del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual en el cual ocupa el cargo de directora de Casos Críticos y Alto Riesgo.

La muerte de Johana fue tomada con fuerza por numerosos colectivos en defensa de los derechos humanos y, en especial, por grupos con militancia feminista y colectivos que trabajan con la problemática de la trata y la diversidad sexual. El rostro de Johana se convirtió, rápidamente, en un emblema. Grupos de activistas repiten cada mes el reclamo mediante marchas y radios abiertas y lograron visibilizar la historia a través de los medios de comunicación.

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