El asesinato de Aralí Vives. “Fiestas negras”, abusos y castigos: la trama detrás del horror en Córdoba
Uno de los detenidos señaló que era “costumbre que abusaran” de la niña, que tenía 8 años; la Secretaría de Niñez abrió una investigación interna por la forma en que ella y sus hermanos fueron enviados de nuevo a su casa, donde encontró la muerte
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CÓRDOBA.- El horror del crimen de Aralí Vivas, la nena de ocho años asesinada por su padrastro el viernes pasado en la pequeña localidad de Brinkmann, esconde una trama aún más oscura. LA NACION ya adelantó algunos de esos aspectos, pero ahora el propio fiscal de la causa reveló que uno de los detenidos dijo que “era costumbre que abusaran de ella”.
Por el homicidio están presos el padrastro de la niña, Matías Simeone, acusado de ser coautor del crimen junto con un amigo, Cristian Hernán Varela, y la madre, Rocío Rauch, imputada por homicidio calificado por el vínculo en calidad de partícipe necesaria.
El fiscal Oscar Gieco precisó que uno de los acusados –no aclaró si el padrastro o el amigo, aunque se presume que fue Varela– en “los dichos espontáneos” al momento de la aprehensión sostuvo ante tres policías que “era costumbre” que abusaran de la nena. El forense ya había adelantado que la autopsia había revelado signos en el cuerpo “compatibles” con abuso sexual, aunque sin precisar si eran del mismo día del crimen o anteriores.
Aralí sufrió una “muerte traumática” antes del incendio de su habitación, que fue intencional y tuvo como objetivo ocultar el asesinato. Su muerte habría sido consecuencia de un golpe contundente en la cabeza, ya que presentaba “un fuerte traumatismo de cráneo. No se advirtió presencia de monóxido de carbono en los pulmones de la niña, de lo que se deduce que no inhaló el humo, lo que significa que “estaba muerta en el momento del incendio en la vivienda”.
La investigación probó la presencia de Simeone y Varela en la vivienda de la calle Caseros el viernes por la noche; el fuego fue el sábado a la hora de la siesta.
Omar Rauch, abuelo materno de la víctima, aseguró que a su nieta “la violaron y la mataron en ese mismo momento”. En declaraciones a El Doce indicó que había “fiestas negras” en la vivienda “cuando la madre no estaba”.
Buscó defender a su hija: “Tenía problemas de adicción, pero ya estaba recuperada”. Describió que se la sometió a estudios y peritajes antes de que le devolvieran a sus hijos. “No es culpable, pero tampoco es inocente”, definió.
Aralí y su hermano mayor le habían sido retirados a Rauch y dados en custodia al padre; después pasaron a vivir con un tío y fueron nuevamente entregados a la madre porque, según fuentes que conocen el expediente, había “violencia” en la otra casa.
Los dos hijos mayores que Rocío Rauch tiene con Simeone también habían sido retirados preventivamente del hogar, pero al cabo fueron devueltos porque las autoridades entendieron que estaban dadas las condiciones para que vivieran con sus padres y sus hermanos mayores.
Investigación interna
En la conferencia de prensa de esta semana, Gieco subrayó el “complicado contexto familiar” en el que vivía Aralí junto a sus hermanitos.
“El ambiente era de extrema violencia, era un cuadro no apto para niños”, describió. “Los menores no estaban bien cuidados, eran maltratados. Gente extraña merodeaba la casa, consumían drogas, y los niños andaban solos por todos lados. Vecinos dijeron que se escuchaban gritos”. Resumió que los niños “estaban a la buena de Dios”.
“En octubre pasado esa vivienda fue allanada, se encontró a un prófugo de la Justicia por violencia familiar y se secuestró un arma de fuego. El lugar no era el adecuado para los menores”, detalló.
En ese contexto, la actuación de la Secretaría de la Niñez y la Familia (Senaf) de Córdoba y de la Justicia están en tela de juicio. Por el momento, desde esos ámbitos no hubo declaraciones de responsables. La titular del Senaf, Julia Reartes, ordenó una investigación interna para establecer si fue correcta o no la actuación de los empleados.
Reartes misma está en medio de otra investigación: aparece nombrada en una causa federal por presuntos delitos en la subrogación de vientres. Como abogada, fue la persona a la que una de las clínicas investigadas derivó a una pareja para que la asesorara sobre las vías judiciales que podían elegir para que el recién nacido fuera reconocido como hijo suyo. Reartes entonces era directora General de Violencias en el Ministerio de la Mujer; asumió en la Senaf en enero.
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