Atentados narco: el 80 % de los ataques a tiros que sacuden a Rosario se ordena desde las cárceles
Lo mismo ocurre con siete de cada diez homicidios; pese a los datos que surgen del Ministerio Público provincial, en los penales no hay inhibidores de señal y los reclusos no tienen limitaciones para el uso de celulares
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LA NACIONGustavo Carabajal
Las estadísticas del Ministerio Público santafesino son contundes e indican que ocho de cada diez balaceras ejecutadas en Rosario, como la de esta semana contra el supermercado del suegro de Lionel Messi, se ordenan desde las cárceles.
Los narcotraficantes presos en los penales de la provincia de Santa Fe y del Servicio Penitenciario Federal (SPF) pueden usar libremente los celulares y, por esa vía, manejan las organizaciones criminales y disponen ataques a balazos y extorsiones.
Los informes oficiales revelaron, además, que el 70 por ciento de los 288 homicidios ocurridos en el Departamento de Rosario durante 2022, se ordenaron desde algún establecimiento carcelario. Un día antes del ataque contra el supermercado de la familia política de Messi, durante una requisa, en el penal de Coronda, habían sido secuestrados 50 celulares.
Mientras que 24 horas después del atentado, en una serie de allanamientos solicitados por la fiscal federal de Rosario Paula Moretti y su colega Diego Iglesias, funcionario a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que fueron realizados en las cárceles federales de Ezeiza, Marcos Paz y Rawson, en Chubut, secuestraron celulares y anotaciones, que estaban en poder de Ariel Cantero, más conocido como Guille, jefe de la banda de Los Monos y de sus cómplices.
Esos allanamientos no tuvieron como origen la investigación del ataque contra el comercio del suegro de Messi, sino que fueron el corolario de la pesquisa por el homicidio del cantante Lorenzo Altamirano, ocurrido el 2 de febrero pasado, en Rosario y la balacera contra la cárcel de Marcos Paz, registrada el 22 de noviembre pasado, en el contexto de una interna entre los integrantes de la banda comandada por la familia Cantero.
Las órdenes de allanamiento también incluyeron la las oficinas administrativas y jurídicas del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, como así también cualquier otro lugar donde se puedan hallar elementos vinculados con la posible “complicidad estructural de las autoridades del SPF, que permitió que Cantero cuente con dispositivos expresamente prohibidos”.
A partir del cruce de información de los fiscales rosarinos se estableció que el 80 por ciento de las más de 800 balaceras ocurridas en la ciudad más importante de Santa Fe, fueron ordenadas desde las cárceles mediante celulares.
“Tenemos una estadística que indica que, de cada diez homicidios, un promedio de siete asesinatos tuvieron como móviles conflictos de bandas criminales organizadas y dentro de ese 70 por ciento, casi la totalidad se ordenaron desde cárceles federales con celulares. Se trata de cárceles federales porque en gran medida los jefes narco más importantes de Rosario están alojados en esos penales federales y provinciales”, explicó un funcionario del Ministerio Público de Rosario que solicitó mantener su nombre en reserva.
Semejante impunidad para que los líderes de la bandas narcos puedan ordenar asesinatos, ataques a balazos y extorsiones desde las cárceles, tiene dos causas: la corrupción de algunos integrantes de los servicios penitenciarios de Santa Fe y de la Nación que encontraron una fuente de recaudación millonaria al cobrar por entregarles teléfonos a los traficantes y la falta de decisión del gobierno de Santa Fe y de los responsables del (SPF) para instalar inhibidores de señal de celulares en las prisiones.
“Hay una dinámica muy particular sobre cómo se ordenan los homicidios y las balaceras, en la que muchos de los sicarios no saben quién los contrató. Reciben un mensaje en el celular, en el que le dicen de parte de quién llaman, le pasan el nombre de la persona que debían matar, le indican que retire el arma por un determinado lugar y listo. Por eso el sicario, el tiratiros o el gatillero no sabe para quién trabaja o lo conoce por el apodo. Cuando se pudo apresar a un sicario, se siguió la pista de su celular y las comunicaciones hasta un teléfono en la cárcel. Esta es la dinámica”, explicó el funcionario que solicitó mantener su nombre en reserva.
Durante la reunión del Comité de Crisis del Gobierno de Santa Fe realizada en jueves por la tarde en Rosario para tomar medidas que apunten a frenar la sucesión de homicidios y ataques a balazos, el Poder Ejecutivo provincial, encabezado por el gobernador Omar Perotti anunció la adquisición de equipos de inhibición de señales de celulares de origen israelí.
A pesar de la urgencia de contar con esos dispositivos, en el mismo anuncio se indicó que los inhibidores comenzarán a ser instalados en las cárceles de Santa Fe en mayo o julio próximos. En el caso de la cárcel de Piñero, cercana a Rosario, hace tres años, los funcionarios santafesinos habían realizado un intento por instalar inhibidores, pero la imposibilidad de calibrar esos dispositivos provocó quejas de los vecinos del penal porque quedaban incomunicados debido a que el sistema bloqueaba también sus celulares.
No obstante, nada se dijo sobre la instalación de dispositivos similares en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, que dependen del Ministerio de Justicia de la Nación, donde no tiene autoridad el gobernador Perotti. Entre 2011 y 2013, se habían comprado una serie de inhibidores que, a modo de prueba, se instalaron en los pabellones 1 y 2 de la cárcel de Devoto.
Además, en la planta baja del pabellón 5, donde funcionaba un locutorio, se instaló una computadora que se usaba como escáner de comunicaciones. Pero el sistema nunca funcionó. Hasta hace unos meses, todavía quedaban las carcasas de los equipos fijadas en los pisos altos de los pabellones 1 y 2, en la esquina de Nogoyá y Desaguadero.
En los penales federales están alojados muchos de los jefes de las principales bandas narco de Rosario. Allí fueron trasladados debido que lograron corromper a gran parte de los guardiacárceles provinciales que se peleaban por ser asignados a la custodia de un pabellón narco para poder cobrar coimas a cambio de celulares y de otros beneficios.
Según fuentes penitenciarias, un guardia cobra $ 90.000 por llevarle un celular a un preso. Solamente en 2021, en los penales de Santa Fe, Buenos Aires y las cárceles federales se requisaron más de 38.000 teléfonos.
Pero los traslados no fueron una solución. Al contrario. Los penales federales de Ezeiza, Marcos Paz se convirtieron en un “call center tumbero”, desde los que, al igual que hacían cuando estaban en las cárceles santafesinas de Coronda, Las Flores o Piñero, pudieron tener un mayor control de sus organizaciones narcocriminales, a pesar de estar presos.
Los periodistas Germán De Los Santos y Hugo Alconada Mon, en una de las notas sobre “Rosario, feudo narco”, consignaron que Guille Cantero le dijo a uno de sus cómplices que un funcionario de segunda línea del Ministerio de Seguridad de Santa Fe le pidió U$S 150.000 a cambio de beneficios dentro de la cárcel.
A raíz de esta escucha telefónica y de otras pruebas, la Justicia de Santa Fe, que ya había condenado a Guille Cantero en varias oportunidades, ordenó, en 2021, el traslado al penal federal de máxima, en Marcos Paz.
Pero nada cambió. Guille Cantero encontró la forma de seguir comunicado. A pesar que en la cárcel de Marcos Paz, la señal de celular es débil, el jefe de Los Monos encontró una solución.
Esa solución, aportada por un grupo de guardiacárceles, consistió en hacerle la extensión del cable correspondiente a una de las líneas fijas del penal, que pasaba desde el sector de los teléfonos públicos, la oficina del jefe del pabellón, recorría el techo, bajaba por el sector externo del calabozo, que en la cárcel se conoce como “la libertad” o “tierra de nadie”, hasta la ventana de la celda del jefe narco.
Semejante tendido de cable no se pudo concretar sin la complicidad de los guardiacárceles. Al entregar esa línea al jefe narco, le restaban un teléfono fijo al resto del penal.
Un funcionario penitenciario indicó a LA NACION que el tendido de esa línea telefónica para uso exclusivo del líder de Los Monos formó parte de una cobertura integral que Cantero le pagó a un grupo de guardiacárceles para que le permitieran vivir cómodamente en la cárcel y con acceso a beneficios vedados a la mayoría de la población del penal.
Este agente penitenciario manifestó que el líder de Los Monos había realizado un fuerte reclamo a dos jefes de sección del penal de Marcos Paz porque después del segundo allanamiento en su calabozo fue sancionado con encierro y quita de beneficios.
La queja de Cantero se fundó en que habría pagado US$100.000 a dos oficiales superiores para pasar tranquilo sus días de detención, con acceso a teléfono, alcohol y visitas, pero lo habían llevado a un sector de aislamiento en el penal.
Estos dos oficiales que aparecen en la mira de la cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF), por cobrarle una coima al jefe de Los Monos, serían los mismos que, en septiembre de 2016, fueron acusados por el hallazgo de un teléfono celular, tarjetas de memoria, un módem, cargadores de teléfonos y un mapa con las comisarías de la zona en el calabozo que en el penal de Ezeiza ocupaba el narco colombiano Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre.
Después del allanamiento de anteayer, los fiscales solicitaron que Cantero sea alojado “en un sector del Complejo Penitenciario II de Marcos Paz en el que pueda controlarse que no tenga contacto con otros internos que se encuentren detenidos por delitos relacionados con el narcotráfico o al crimen organizado”.
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