¿Efecto “copycat”?. El antecedente del alumno hacker y el riesgo de que no se le ponga freno a quienes amenazan de bomba a colegios
En San Isidro detectaron similitudes entre los casos de hoy y las amenazas de bomba que recibió un colegio de Acassuso
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Aunque la onda expansiva del críptico mensaje de amenaza de bomba que llegó a una decena de instituciones educativas del área metropolitana de Buenos Aires pulsó el botón de la intervención judicial en varias jurisdicciones, el foco está puesto en San Isidro. Es que la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) de ese distrito investigó una intimidación registrada hace dos meses en el colegio Riverside, de Acassuso, y develó que el autor había sido un estudiante de 16 años. Ese antecedente es, ahora, la guía de la investigación de los casos reportados en la zona norte del conurbano, que lleva adelante el fiscal Alejandro Musso, titular de la Ufeic.
Según confiaron fuentes de la investigación a LA NACION, hay similitudes entre el modus operandi desplegado en aquellas amenazas de marzo y la masiva intimidación que hoy golpeó a colegios de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Capital y Quilmes. El indicio principal es la utilización de un mail de ciberseguridad, con método de enmascaramiento de origen y de usuario; el otro, la reiteración de Riverside como objetivo de la falsa alarma de explosivos.
“No descartamos que el mismo chico que hizo lo del colegio Riverside esté detrás de este nuevo caso. El autor de la intimidación de hoy no usó un proton mail, como en marzo, y sí mandó la amenaza a través de un mensajero encriptado de más complejidad. Si es el mismo pibe, parece como si hubiese tratado de no cometer los mismos errores que la otra vez”, explicó un agente que está al tanto de la pesquisa.
Otro punto en común tiene que ver con el contenido del mensaje enviado hoy a una decena de prestigiosos colegios privados. Según pudo saber LA NACION, el adolescente de 16 años al que se atribuyó la serie de amenazas a Riverside de hace dos meses mantenía fluido contacto, a través de canales opacos de Internet, con otros jóvenes que compartían ese mismo tenor de mensajes y consignas, con referencias a “ataques a escuelas en todo el mundo”, a la “sociedad podrida”, a que “la escuela hace esclavos perfectos” y a la promesa de un “doloroso final”. Cómo si fuesen una cofradía internacional.
Por eso, no se descarta que aquel joven haya actuado por sí o que hubiera preparado a algún otro joven para hacerlo.
Esta vez, la advertencia que llegó a los establecimientos educativos seleccionados por el usuario fantasma fue el genérico “hay artefactos explosivos en el edificio”. Entre el 5 y el 9 de marzo pasado, en días consecutivos, la casilla de correo electrónico del colegio Riverside recibió el inquietante mensaje de que el establecimiento estaba “dinamitado” y que si los directivos osaban llamar a la policía o a las autoridades municipales, “los explosivos van a detonar”.
El autor de la amenaza no era un improvisado: usó un Proton Mail, un servicio de correo electrónico diseñado especialmente con características de ciberseguridad, para comunicaciones encriptadas, que está cifrado de extremo a extremo y usa VPN, un tipo de red privada virtual que permite enmascarar el tráfico en Internet y “disfrazar” la identidad en línea de un usuario.
El fiscal Musso, que se acababa de hacer cargo de la recién creada Ufeic de San Isidro, avanzó en la pesquisa a través del fárrago de esa red vidriosa para identificar, primero, la IP del usuario, que había sido enmascarada a través de la plataforma StarVPN, y encontrar, luego, el lugar desde donde se habían mandado los mails intimidatorios.
Así llegó a un chalet de Martínez donde viven un matrimonio con sus dos hijos adolescentes. Uno de ellos, de 16 años, fue identificado como el autor de las amenazas de bomba. En la casa había, además, varias armas registradas legalmente a nombre del padre de familia, un reconocido profesional. En el allanamiento, las armas fueron secuestradas preventivamente por la ANMaC –se consideró que era peligroso que estuvieran un guarda en un domicilio donde reside un acusado por una grave intimidación pública– y también se incautaron los celulares y la notebook que usaba el chico, donde se encontraron evidencias de que había sido el autor de las amenazas y búsquedas que revelaban que había “investigado” a quien lo investigaba.
Como el imputado era menor, Musso se declaró incompetente. Según pudo saber LA NACION, el 28 de abril pasado la causa quedó radicada en el Juzgado de Garantías del Joven N°2 de San Isidro, con intervención de la fiscal Silvia Gremes. Desde entonces, no hubo más novedades.
También se dio intervención a la Justicia de Familia de San Isidro, para que resolviera si el menor podía encontrar contención suficiente en el seno familiar o si, eventualmente, era necesaria alguna acción estatal para proveer el tratamiento oportuno. Aún no se adoptó ningún temperamento en ese sentido.
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