Durante la cuarentena en Pinamar: un fiscal pidió que tres acusados sean juzgados por usurpar dos casas
Los hechos, que para la Justicia ya están comprobados, ocurrieron entre abril y junio de 2020, el momento más estricto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado por el gobierno nacional como medida para evitar la propagación del Covid-19
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LA NACIONDarío Palavecino
PINAMAR.– La saga de intentos de usurpación durante la cuarentena por pandemia de coronavirus, que por varios meses imposibilitó la llegada de propietarios a sus viviendas de veraneo en destinos de playa, empieza perfilar resoluciones inminentes en tribunales con la elevación a juicio por dos casos comprobados en Pinamar.
El fiscal Walter Mércuri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada N° 5 de Pinamar, dio por cerrada la investigación y pidió que se determine la responsabilidad de los tres acusados de ingresar por la fuerza e intentar tomar posesión de dos casas en esta ciudad. Como alternativa plantea la opción de juicio abreviado.
Las denuncias habían sido motorizadas desde el propio municipio de Pinamar, acompañadas a mediados de 2020 por un pedido de juicio político al fiscal Eduardo Elizarraga que debía intervenir en estos y otros hechos y al que desde ese mismo gobierno se acusó de mal desempeño de sus funciones y falta de accionar frente a este tipo de delitos, que comenzaban a volverse frecuentes en el distrito por esos días.
Comentarios de vecinos que advirtieron movimientos extraños en propiedades que habitualmente estaban cerradas activaron la inquietud entre las autoridades locales, que luego de algunas averiguaciones pudieron advertir que en ambas locaciones había operarios realizando obras encargadas por terceros que –según se confirmó luego- no eran los titulares originales e intentaban justificar posesión con documentación irregular.
De acuerdo a la denuncia que entonces hizo el secretario de Seguridad de Pinamar, Lucas Ventoso, se confirmó presencia de ajenos en las viviendas en Del Tuyú 295 y De los Langostinos 997, casos detectados en abril y junio de 2020, respectivamente.
Mércuri reunió documentación y testimonios que le permiten considerar que el operador inmobiliario local Lucas García Córdoba, Ariel Saverio Lubitz y Aldo Cantone son responsables de usurpación de inmueble, los dos primeros con el agregado de una acusación por robo de bienes que estaba en el interior.
El primer hecho se constata en abril de 2020, cuando se cumplía el primer mes de vigencia de las medidas que impedían movilizarse por el país debido a restricciones sanitarias vinculadas a prevención de contagios de coronavirus.
Según consta en el pedido de elevación a juicio, Patricia Quiñones, presidenta de Nilamar SA, firma propietaria de la vivienda de Del Tuyú 295, recibió una llamada de una exinquilina para advertirle que había gente en el interior. La intervención del municipio y de la policía confirmaron que había obreros que trabajaban en el interior. Confirmaron que los había contratado García Córdoba y que hablaban con Cantone, quien se les había presentado como “el propietario”.
Ambos acusados, en declaración indagatoria, intentaron negar responsabilidad en los hechos que se les imputan y presentaron un contrato de cesión de derechos a nombre de dos personas que, de acuerdo a resultados de la investigación, no tienen capacidad para demostrar ingresos para semejante operación inmobiliaria. Para el fiscal, aquel documento es “ideológicamente falso” y también pide que sea investigado.
En cuanto al inmueble de De los Langostinos 997, propiedad de Víctor Maiorano, para el fiscal está probado el intento de usurpación “mediante clandestinidad y violencia” por parte de García Córdoba y Lubitz. Describe que cambiaron la cerradura, ordenaron obras de mantenimiento y se los acusó, además, de haber robado desde vajilla hasta una bomba de agua.
En este caso también los operarios confirman que habían sido contratados por García Córdoba y es el acusado Lubitz quien presenta una cesión de derechos en su intento de justificar una posesión legal del bien a partir de una compra realizada por $980.000, valor considerado irrisorio. Como en el hecho anterior, también aquí el fiscal considera que es una documentación falsa.
Mércuri plantea la elevación a juicio pero considera factible la alternativa de juicio abreviado, para lo cual propone penas de un año de prisión para García Córdoba, seis meses para Cantone y ocho meses para Lubitz, en todos los casos de ejecución condicional.
En el mismo distrito se dieron otros casos de intentos de usurpaciones. Uno de los de mayor trascendencia pública fue en Cariló, en la calle Leñatero. Sus ocupantes fueron desalojados y también para este caso hay elevación de pedido de juicio para los seis acusados.
Por Darío Palavecino
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