Droga salvaje: con El Paisa afuera, sospechan del clan de Mameluco Villalba como presunto proveedor de la cocaína letal

Pocas horas después de que se confirmara que las dosis de droga secuestradas a Joaquín Aquino, alias El Paisa, no estaban “cortadas” con carfentanilo, el poderoso opioide usado para sedar elefantes y rinocerontes que provocó la muerte de 24 personas, un operativo hecho en conjunto entre las policías bonaerense y Federal derivó en la detención de, al menos, 17 presuntos integrantes del clan de Mameluco Villalba, una “marca criminal” histórica en San Martín. Ahora se investiga si esta organización, que disputa con el grupo de Max Alí Alegre, alias Alicho, la supremacía por el control del narcotráfico en el oeste del conurbano, tiene vínculos con la provisión de la cocaína letal.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Entre los detenidos, según voceros del caso, se encuentran Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, histórico capo narco de San Martín, y su hijo Iván, que están presos en los penales de Rawson y Magdalena, respectivamente, y habrían continuado con el manejo del negocio ilegal desde la cárcel.

“Confirmamos que la droga [secuestrada en los allanamientos] estaba en el lugar que pensábamos que estaba, que tiene relación con la causa de la droga envenenada y que la organización es la misma”, sostuvo en una conferencia de prensa el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

El funcionario bonaerense agregó: “En el transcurso de las horas comenzarán a circular algunas escuchas donde queda claro cómo es la cadena y la relación, por algo sindicábamos a ‘Mameluco’ al principio”.

Los procedimientos, hechos en zonas “calientes” del negocio del narcomenudeo de San Martín y otros puntos del conurbano, fueron ordenados por la jueza federal Alicia Vence. Se trata de una investigación de la que participan el fiscal federal Paul Starc y el secretario del juzgado, Hernán Roncaglia.

“Hay pruebas que vincularían a los sospechosos investigados con la cocaína letal que mató a 24 personas”, dijo a LA NACION un investigador.

Calificadas fuentes judiciales explicaron a LA NACION que los allanamientos no fueron hechos al “voleo” después de que un peritaje determinara que la droga secuestrada al Paisa Aquino concluyera que no se trataba de la misma cocaína letal.

“Hace dos años estábamos tras esta línea investigativa. No fueron procedimientos de apuro. Hace un par de semanas se pudo obtener una prueba que fue clave para avanzar y ordenar los allanamientos”, dijeron las fuentes consultadas.

En los allanamientos hechos en las villas 18 y Curita, en San Martín; en Las Catonas, en Moreno, y en Villa Fiorito, en Lomas de Zamora, revelados por el sitio Data Clave, se secuestraron 4000 dosis de cocaína, un Fusil Automático Liviano (FAL) con dos cargadores, 48 teléfonos celulares y otros elementos de importancia para la causa.

Si bien los investigadores tienen indicios como para vincular a la banda con la cocaína letal, están convencidos de que los estupefacientes secuestrados en los procedimientos de hoy no tienen el carfentanilo como sustancia de corte.

“Seguramente, tras el escándalo de la muerte de los consumidores intoxicados con carfentanilo, descartaron el resto de las dosis de cocaína letal”, especuló una fuente judicial.

Fuentes con acceso a expediente destacaron el trabajo en conjunto hecho por personal de las policías bonaerense y Federal.

En un comunicado de prensa, el Juzgado Federal N° 2 de San Martín, a cargo de la jueza Vence, dio detalles del denominado Operativo Droga Salvaje. “En el día de la fecha se realizaron 38 allanamientos en diversos puntos de las jurisdicciones de San Martín, Morón, La Plata, Rawson y Lomas de Zamora –incluidos dos unidades penitenciarias– que culminaron con el secuestro de una cantidad relevante de estupefacientes, armas, bienes y la detención de 13 personas hasta el momento [la policía bonaerense informó que ya son 17]”, se explicó oficialmente.

Y se agregó: “Este caso se originó a raíz de una extracción de testimonios ordenada en una causa previa –en la que tuvieron lugar procedimientos de este mismo tenor– con el propósito de avanzar sobre eslabones superiores de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. En ese marco, se advirtió que al frente de dichas actividades se encontraban bandas con una significativa capacidad operativa, profundo arraigo territorial y posible cobertura policial que, a cambio de pagos semanales, liberaría zonas”.

Según fuentes de la policía bonaerense, en los allanamientos se secuestraron cinco kilos y media de cocaína distribuidos en envoltorios termosellados, dos kilos y medio de marihuana, 280.000 pesos y 27 teléfonos celulares. Y, además de los FAL, se decomisaron cinco pistolas y una ametralladora.

Uno de los lugares donde se hizo el allanamiento fue la villa 18 de Septiembre, situada en Billinghurst, en San Martín, centro neurálgico de la operatoria histórica del clan Villalba.

“Se constató la presencia de bandas con recursos y medios sofisticados, la intervención de ´clanes´ de larga data en la jurisdicción, despliegues en sectores de mucha vulnerabilidad del partido de San Martín, connivencia de personal de fuerzas de seguridad y la actuación de personas a pesar de estar privadas de libertad [por los Villalba], demandaba que la investigación policial pudiera avanzar sin dificultad sobre puntos de venta locales y, al mismo tiempo, sobre ámbitos ajenos al territorio de la provincia de Buenos Aires o en los que tenía jurisdicción una entidad federal. De este modo, luego de más de uno año de trabajo sigiloso, se alcanzaron los resultados enunciados al comienzo”, se sostuvo en el comunicado de prensa del Juzgado Federal N° 2 de San Martín.

Y se agregó: “El mercado de las drogas ilegalizadas en las zonas menos favorecidas del noroeste del conurbano bonaerense, donde dichas organizaciones criminales procuran poner el pie para aprovecharse de situaciones de vulnerabilidad y captar mano de obra, está atravesado por disputas territoriales que tienen como desenlace hechos fatales y cuya sola presencia ocasiona profundos perjuicios sobre la comunidad que residen en esos barrios. Es por ello que también se debe contemplar que la intervención del Estado no derive en más violencia y que la actuación de la Justicia sea acompañada por otras áreas estatales que contribuyan a reducir daños y vulnerabilidades”.

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