Dos posturas. El Gobierno cree que la amenaza se originó en el conurbano y en Santa Fe piden establecer “la veracidad” del video
Patricia Bullrich afirmó que no se descarta que “aunque nombren a Pullaro, pueda ser una banda de Buenos Aires”; su par santafesino trató de bajar el tono dramático del episodio, aunque preventivamente aumentó el nivel de alerta y reforzó la seguridad en Rosario
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
ROSARIO.- En el gobierno de Javier Milei creen que el video en el que cuatro encapuchados enuncian mensajes amenazantes contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, no habría sido grabado en Rosario, sino en la provincia de Buenos Aires.
Esos primeros indicios, según deslizaron a LA NACION desde la cartera de Seguridad, surgen del análisis de que “ese tipo de armas” que enarbola el cuarteto no serían las que suelen utilizar las bandas narco en la ciudad recostada sobre el río Paraná.
Tampoco pasan por alto que el video –calificado de “narcoterrorista” por el Gobierno–, fue difundido en un contexto particular: está previsto que mañana Bullrich lance el programa denominado 90/10, que busca bajar los crímenes en lugares emblemáticos de áreas metropolitanas de la Argentina.
El nombre de la iniciativa se debe a que el 90% de los homicidios se producen en el 10% del territorio nacional. Este plan abarcará, entre otras zonas, puntos clave del conurbano, como Esteban Echeverría, General Pueyrredón (con Mar del Plata como enclave neurálgico), Moreno, Tres de Febrero y San Martín.
Mientras la Nación apuesta a dilucidar quiénes están detrás de la producción del video mediante el análisis de voces y de imágenes, a cargo del área de Ciberdelitos de la Policía Federal, el gobierno santafesino intenta bajar el tono dramático del episodio.
Sin quitarle entidad –de hecho, públicamente expresaron su “preocupación” por las amenazas y anunciaron un incremento del nivel de alerta y un refuerzo en la prevención en zonas sensibles de Rosario–, las autoridades provinciales pidieron esperar a “establecer la veracidad” y la “seriedad” de las imágenes viralizadas anoche y tomadas por la administración Milei, inmediatamente después de difundidas, como “una amenaza clara que busca infundir terror en la población y en las autoridades democráticamente electas”.
Lo que revela la grabación
El video que se viralizó al caer la noche del domingo fue editado. La voz de quien realiza la amenaza fue grabada aparte. Lo que hace el encargado de la locución es leer una suerte de proclama mientras las cuatro personas que posan frente a la cámara están vestidas de manera tal que ocultan sus rostros, tres de ellas ataviadas con mamelucos microporosos descartables como los que se usan para realizar informes forenses o trabajar con residuos patogénicos o material biológico peligroso, y una que calza un camperón oscuro. Todos tienen el rostro tapado y portan, en total, seis armas, entre las que se destacan un FAL con culatín rebatible (típicos de uso de paracaidistas tácticos), una pistola Glock, una ametralladora FMK3 y una escopeta semiautomática calibre 12/70. Uno de los hombres, el del camperón oscuro, tiene puestos guantes de látex de color celeste. Esto podría responder a la intención de tapar un tatuaje o una cicatriz que delatara su identidad.
Según pudo saber LA NACION, tras la viralización del video se abrió un expediente en los tribunales de Comodoro Py a cargo de la jueza federal María Servini y el fiscal federal Carlos Stornelli.
El video fue registrado en una habitación que tiene las paredes sin pintar, con un revoque grueso color gris. Del lado derecho se ve una ventana donde entra luz natural, por lo que se deduce que fue grabado de día. En el Gobierno descartan que se trate de una cárcel. Los mamelucos blancos y las armas exhibidas aportan al escenario mayor dramatismo. Lo que llama la atención a algunos investigadores en Rosario es que, a diferencia de otros episodios similares, este video está editado. El mensaje podría haber sido grabado aparte y el locutor, de voz joven, parece estar leyendo la proclama.
La grabación comenzó a viralizarse en redes sociales y fue rápidamente respondido por el Gobierno Nacional. A través de la cuenta de X de la Oficina del Presidente, se emitió un comunicado que señala que “el gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad de la Nación han recibido un video de una organización narcoterrorista aún no identificada, con amenazas de muerte al gobernador Pullaro, a la ministra de Seguridad Dra. Patricia Bullrich y al pueblo argentino”.
Luego, Bullrich sostuvo que la amenaza responde a “una reacción a las formas en las que el gobierno avanzó sobre el territorio, al control, al plan de combate de los homicidios”. “Es un intento de toma de posición y de manejar lo que perdieron. Que estén cubiertos, encerrados y que tengan que dar una amenaza en un video nos muestra su debilidad y no su fortaleza”, agregó la funcionaria.
“En el último tiempo llevamos a las cárceles de alto riesgo a una banda muy pesada de la provincia de Buenos Aires, y estamos trabajando sobre ello. No descartamos, aunque nombren a Pullaro, que pueda ser una banda de PBA”.
Un mensaje atípico para el mundo narco
El mensaje del video es algo difuso por su contenido. Se habla de un supuesto pacto para bajar la violencia en Rosario y también de la provincia de Buenos Aires. Porque la primera mención en el video es sobre Rosario. “Este video es para Pullaro y Bullrich. Primero que nada comentarle a la gente el arreglo que hicieron para que se calme Rosario”, es la afirmación inicial de los supuestos narcoterroristas. “Estamos instalados acá en Buenos Aires y vamos a empezar a dejar muertos acá”, señalan.
En el video, que habría sido posteado en un primer momento en X y luego viralizado por WhatsApp, según explicaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, los cuatro hombres vestidos con mamelucos forenses, portando armas, con sus rostros tapados, afirman que están “internados en Buenos Aires” y que van a empezar a “dejar muertos” en la provincia.
También hacen referencia a supuestas investigaciones judiciales. “Ustedes, los fiscales de Rosario, son la verdadera mafia”, continúan con las amenazas. Advierten: “Vamos a empezar a dejar muertos por toda la capital de Buenos Aires y Santa Fe”. Y concluyen: “Vamos por todo, esto nunca va a terminar”. Luego apuntan a la cámara con las poderosas armas que tenían en sus manos.
Hay bandas de Rosario que en los últimos años empezaron a desembarcar en el conurbano, tanto para comprar cocaína como para proveerla. Y también como refugio. Por ejemplo, desde 2021 Daniel Godoy, engranaje clave de la banda de Los Monos y detenido en marzo del año pasado por la Policía Federal, se había instalado en una casa en la avenida Hipólito Yrigoyen 1460, en General Rodríguez. Vivía en una residencia con una amplia vereda tapizada con césped, donde podía dejar estacionado su auto, y un jardín bastante frondoso, a solo cuatro cuadras de la municipalidad de General Rodríguez.
Había decidido irse a vivir allí porque los fiscales Luis Schiappa Pietra y Edery estaban tras sus pasos. Lo habían detenido en 2021 por el crimen de uno de sus competidores en la zona norte de Rosario, el barra de Newell’s Marcelo Medrano, acribillado en una estación de servicio de Granadero Baigorria.
Godoy adquiría la cocaína en Moreno y General Rodríguez. Por eso después decidió instalarse en esa zona. Según la investigación que llevaron adelante los fiscales Claudio Kishimoto, Diego Iglesias (titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Procunar) y Matías Scilabra, los cargamentos de droga desde el conurbano eran trasladados en un camión frigorífico marca Isuzu que custodiaba en la ruta Diego Godoy, uno de los dos hermanos policías del narco rosarino.
Otro personaje que aparece relacionado con estas mudanzas a la provincia de Buenos Aires es Matías Gazzani, el líder de la banda de Los Menores de Rosario, que está prófugo desde marzo pasado. Fuentes del mundo criminal advirtieron que está “refugiado” en Puerto Madero. Su nombre apareció en la trama del crimen de Andrés “Pillín” Bracamonte, exlíder de la barra de Rosario Central.
El nombre de este joven de 29 años ganó repercusión durante los últimos meses, en los que apareció ligado a varios fenómenos criminales, aunque no está claro si su condición de prófugo es útil para adjudicarle tantos hechos delictivos.
En Santa Fe, la difusión de este video que contiene las amenazas provocó preocupación, pero desde el gobierno de Maximiliano Pullaro buscaron restarle dramatismo. “A Pullaro lo amenazan todos los días. Es algo que preocupa, pero lamentablemente se transformó en una cuestión cotidiana”.
De todos modos, en gobierno provincial señalaron que elevarán “los niveles de alerta, protegiendo blancos priorizados pero sin descuidar el despliegue policial preventivo”. Pusieron énfasis en la necesidad de esclarecer el origen del video y la identidad de quienes lo difundieron.
“Tendrá que ser la investigación judicial la que establezca la veracidad o no de esas supuestas amenazas, la seriedad de esas supuestas amenazas, y llegue a identificar tanto a los autores como el lugar desde donde se produjeron”, sostuvo Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad en una conferencia de prensa.
No obstante, el ministro enfatizó que este nuevo episodio intimidatorio no va a modificar la trayectoria de las políticas de seguridad en su provincia. Dijo ante los medios de comunicación: “Obviamente, desde una perspectiva más amplia, y haciendo una lectura política, de alguna manera se quiere ver un intento de nuevamente condicionar mediante la amenaza de violencia el rumbo de las políticas públicas tanto nacionales como provinciales en materia de seguridad”.
Pero rápidamente afirmó: “Como primera medida, y aunque sería innecesario, no quiero dejar pasar la oportunidad de reafirmar que el actual rumbo de las políticas de seguridad tanto en Nación como en la provincia va a permanecer inalterable porque es el compromiso que se asumió con el electorado, con las instituciones, es la expresión de la voluntad de todo el arco político al sancionar, casi por unanimidad, las diez leyes para recuperar la seguridad que planteamos en diciembre de 2023, así que seguiremos por ese camino de ajustar los controles en las cárceles, recuperar el sistema penitenciario, de poner la policía en la calle, de recuperar las investigaciones criminales y desmantelar las bandas narcocriminales es que la provincia de Santa Fe, con el acompañamiento sin ningún retaceo del gobierno nacional”.
Y concluyó: “Hasta nuevo aviso vamos a estar elevando los niveles de alerta, protegiendo algunos blancos priorizados, pero sin descuidar ningún aspecto de lo que es el despliegue provincial preventivo en procura de proteger a todos los ciudadanos de la provincia de Santa Fe”.
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