Dos años prófugo. Detienen al exnovio de una joven cuya muerte se presentó como un suicidio, algo que su familia niega

Hace dos años que Gregoria Román Sanabria espera que la Justicia le explique cómo murió su hija. El 6 de diciembre de 2021, un policía de la comisaría 9a. de Lomas de Zamora le informó, con tono rutinario, que Carla Ricciardelli, que tenía 24 años, se había ahorcado en la casa de un vecino luego de intoxicarse con drogas y alcohol en Parque Barón. Gregoria nunca creyó en el suicidio de su hija, pero recién la tomaron en serio hace seis meses, cuando el informe toxicológico concluyó que ese día Carla no había ingerido ni siquiera una aspirina. La lucha de Gregoria alcanzó para que la fiscalía cambie la carátula del expediente: del caso cerrado que implica un suicidio se pasó a investigar el “causal de muerte”. En paralelo, se pidió la detención de quien era la pareja de Carla por el delito de “homicidio en grado de tentativa, agravado por el vínculo y por violencia de género”, por una paliza que le dio a la joven días antes de su muerte, y que envió a la chica al hospital. El hombre permaneció prófugo hasta este lunes, cuando fue detenido en la localidad de Virrey del Pino, La Matanza, un lugar que, según la propia madre de la víctima, el sospechoso frecuentaba. Claudio Iván Díaz, de 31 años, usaba un DNI a nombre de su hermano, para despistar.

“Quiero saber qué le hicieron a mi hija, quiero que ella esté en paz donde quiera que esté y quiero también yo tener algo de paz. Pido que la causa no se cajonee y quede en la nada. No soporto pensar en que mi hija no tenga justicia”, se lamenta la madre.

Aquel 6 de diciembre, alrededor de las 15.30, Gregoria fue notificada de que tenía que presentarse en la comisaría de Parque Barón. La hicieron pasar a una oficina y le explicaron que habían encontrado a su hija muerta en una casa situada en Fader al 2600, adonde agentes del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora habían llegado en respuesta a un llamado al 911. Según declararon Gustavo Boulier, el dueño de la casa, y Ornella Ioannucci, una supuesta amiga de la víctima, Carla había estado con ellos la noche anterior consumiendo drogas y alcohol. Relataron que se habían ido a dormir y que, al despertar, habían encontrado a Carla con una funda de almohada alrededor del cuello, colgando de la baranda de una escalera.

El 4 de diciembre, dos días antes de que su hija apareciera muerta, Gregoria se había presentado espontáneamente en la comisaría de la mujer de Lomas de Zamora para denunciar la costumbre violenta de Claudio Díaz. “Mi hija siempre llegaba a casa golpeada –recuerda–, yo le preguntaba, le pedía que me contara, pero ella lo negaba. Hasta que un día los dos estaban en mi casa, encerrados en la habitación de Carla, y mi otra hija empezó a escuchar ruidos. Entró y vio cómo el novio le estaba pegando a Carla como si fuera una bolsa de papas. Cuando llegué del trabajo le vi todos los hematomas en el cuerpo y me fui sola a hacer la denuncia porque ella no quería, tenía miedo”.

“Logré algo que no pasa casi nunca”

A Gregoria nadie le quita el convencimiento de que Díaz detrás de la muerte de su hija. “En el mismo momento en que en la comisaría me decían que Carla estaba muerta, se presentaron el abogado del dueño de la casa y una abogada en representación de Díaz. Para mí, tanto Ioannucci como Boulier se pusieron de acuerdo para testificar y hacer pasar la muerte de mi hija como un suicidio, pero está claro que están omitiendo la verdad. Dijeron que mi hija estaba drogada y después los informes los desmintieron. Sin embargo, la Justicia jamás los imputó por falso testimonio, ni siquiera los citó de nuevo. ¿Cómo hago para creer en estas personas que mintieron de principio a fin? ¿Cómo sabemos si no había más personas en esa casa? ¿Cómo sabemos si no la mataron por pedido de Díaz? Si la Justicia no es capaz de preguntarles a estas personas por qué mintieron de esa manera tan descarada, la muerte de mi hija no se va a esclarecer nunca”.

La causa que desvela a Gregoria se encuentra radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 de Lomas de Zamora, especializada en delitos sexuales, causa conexas a la trata de personas y delitos informáticos, a cargo del fiscal Sebastián Bisquert. Si bien la mujer está conforme con la detención de Díaz, producida en las últimas horas, se queja de la excesiva demora en los trámites procesales que podrían aportar alguna certeza sobre el caso.

“El celular de Carla nunca apareció, el informe toxicológico recién estuvo hace unos meses, y todavía estoy esperando el resultado de la autopsia, que es clave para saber el horario y la mecánica de la muerte. Todo lo van haciendo por pedazos. Cuando pido explicaciones, la fiscalía me responde que no tienen plata, siempre tienen una excusa para no trabajar. Mientras, a mi hija la tengo en el cementerio de Lomas y no la puedo sacar porque está judicializada. Yo la quiero cremar para arrojar sus cenizas en Mar del Plata y así llevarla junto a su papá, que murió hace diez años”.

Carla era empleada de delivery de un bar de Las Lomitas, el polo gastronómico de Lomas de Zamora. En sus ratos libres le gustaba cambiarse el color del pelo y hacer cursos de uñas esculpidas. Nunca vivió en otro lado que no sea la casa de sus padres en Temperley. El 16 de noviembre hubiera cumplido 26 años.

“La Justicia quiso cerrar la causa con el suicidio de mi hija, pero fue tanto el escándalo que hice que no les quedó otra que ponerse a investigar. Hay muchas chicas que denuncian a sus parejas, después mueren y la Justicia no vuelve para atrás a investigar. Logré algo que no pasa casi nunca”, concluyó Gregoria.

Sospechoso detenido

Si bien los primeros momentos de la investigación de la UFI N°9 apuntaban al posible suicidio de Carla, luego ganó fuerza la hipótesis del femicidio, sobre todo por la denuncia de violencia de género que la madre de la joven había presentado contra la pareja de su hija días antes de que la encontraran muerta.

En septiembre de 2022, es decir casi un año después del hecho, el Ministerio de Seguridad bonaerense hizo pública una recompensa de hasta cinco millones de pesos para quien pudiera aportar datos fehacientes que permitiesen localizar y detener a Claudio Díaz. Por ahora está acusado del delito previo a la muerte de Carla: la paliza que le dio a la chica, que terminó en el hospital por los golpes recibidos.

El lunes pasado, agentes de la división Delitos Complejos de la Policía Bonaerense lograron detener a Díaz gracias a un descuido del prófugo: realizó una compra por Mercado Pago que delató la ubicación de su escondite. De acuerdo a las fuentes, Díaz llevaba encima un DNI y un carnet de conducir “truchos” con otra identidad: la de su hermano, Jonathan Martín Díaz; también llevaba encima dos celulares, que le fueron secuestrados.

“Nosotros sabíamos que Díaz iba a la casa de su madre, en Monte Grande, una vez por semana, entre las 19.30 y las 20. Se quedaba un rato y se iba. Pero cada vez que iba a la fiscalía a decir esto por poco me pedían que fuera yo la que lo arrestara y se los llevara”, se queja Gregoria.

Antes de que la Justicia ordenara su captura, Díaz declaró que el día en que encontraron a su pareja muerta él estaba visitando al padre y a su hermano, presos en un penal bonaerense.

“Los vecinos de Monte Grande le tienen terror a los Díaz. Nunca me imaginé que Carla podía estar involucrada con una familia de delincuentes porque nosotros somos gente de trabajo, tuvimos un kiosco veinte años en el centro de Lomas de Zamora, nos conoce todo el mundo. Yo estoy en el grupo Atravesados por el femicidio, porque de otra manera no podría sostener la causa. En su momento, una abogada me pidió un millón de pesos, no puedo ni pensar lo que me cobraría ahora. Los asesinos como Díaz contratan un abogado que los defienda, pero las madres que perdimos a nuestras hijas no tenemos ese dinero, vivimos una injusticia”, cerró.

Conforme a los criterios de

Conocé más

Violencia de género. Luego de rechazar su primer planteo, Ercolini concedió la apelación de Alberto Fernández

Violencia de género. Se vuelve a suspender la indagatoria a Alberto Fernández

Violencia de género. Ercolini rechazó la recusación con la que Alberto Fernández forzó la postergación de su indagatoria