Dictamen legislativo. Avanza el pedido de suspensión del fiscal que investiga a las bandas criminales que golpean en Rosario
La comisión de acuerdos de la Legislatura de Santa Fe firmó un dictamen para apartar a Matías Edery, funcionario imputado por proteger a una informante narco
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ROSARIO.-Uno de los fiscales que protagonizó las investigaciones más profundas en Santa Fe contra el crimen organizado y las complicidades políticas quedó a un paso de ser suspendido por la Legislatura provincial. La comisión de acuerdos de ese cuerpo elevó un dictamen a la Asamblea Legislativa, que se votará la semana próxima, en la que recomienda suspender a Matías Edery por el lapso que dure la investigación penal en su contra. Es una sanción más severa de lo que se preveía en un principio.
El tratamiento de la suspensión estaba previsto que se tratase ayer, pero luego de las quejas que expresó en un comunicado la Asociación de Fiscales, que planteó que primero se enteraron los medios que los propios funcionarios, la sesión de la Asamblea Legislativa se pasó para la semana próxima.
Edery pidió que el senador Armando Traferri (PJ) no participe de la votación, porque el fiscal fue quien lo investigó en una causa de juego clandestino, que, incluso, aún está a la espera de que la Corte Suprema de la Nación decida sobre la inconstitucionalidad de los fueros parlamentarios, en los que se escudó durante mucho tiempo el legislador peronista para evitar ser imputado por Edery y su colega Luis Schiappa Pietra. Los fiscales investigaron una red de corrupción ligada al juego ilegal, que incluyó el crimen de un apostador en el casino de Rosario, un asesinato que planeó la banda de Los Monos.
El fiscal de la Unidad de Crimen Organizado, que investigó y consiguió fuertes condenas a los principales narcos de Rosario, como Esteban Alvarado, los jefes de Los Monos y el clan Funes, entre otros, enfrenta una doble investigación que lo tiene bajo la lupa: por un lado, la causa penal en la que fue imputado el viernes pasado, y por otro, la Legislatura santafesina lleva adelante el proceso administrativo en el que se anunció que será sancionado. Esta resolución de la comisión propone una sanción más severa de la que había sugerido el diputado Fabián Palo Oliver, cuando presentó la acusación: el legislador había sugerido una suspensión de 120 días con una retención del 50% del sueldo.
Edery fue denunciado en septiembre pasado por sus pares Pablo Scocca y Miguel Moreno, quienes detectaron una serie de mensajes intercambiados por el funcionario del MPA y una mujer cercana a Los Monos, que era su informante. La investigación fue encomendada a las fiscales santafesinas Laura Urquiza y Barbara Ilera, quienes imputaron a Edery el viernes pasado.
El fiscal quedó en el centro de la polémica, luego de que en una audiencia se dieron a conocer una serie de chats que lo vinculaban a Mariana Ortigala, señalada como testaferro de Los Monos. Esta mujer tenía contactos con el fiscal porque había sido testigo en la causa contra el narco Esteban Alvarado, quien había ordenado su muerte. En su descargo, el fiscal argumentó que enviaron información sobre Ortigala a otro colega para que investigue.
Los chats fueron advertidos en el marco de la causa que investiga una serie de extorsiones al dueño de las agencias de quiniela de Rosario, El Califa, al cual Los Monos le exigieron más de un millón de dólares a cambio de recibir protección. Como el propietario se negó a pagar, los extorsionadores atentaron contra distintos locales de quiniela. Cansado de la situación, el empresario rosarino acudió a la Justicia y a partir de allí se inició una causa judicial que destapó un engranaje criminal que terminó con varios hombres y mujeres detenidas e imputadas. Entre ellas, Ortigala y Mariana Córdoba, la viuda de David Perona, el capitalista del juego clandestino de Rafaela que falleció en época de pandemia.
De acuerdo a lo informado por la Fiscalía Regional Nº1, las fiscales de la Unidad de Delitos Complejos de Santa Fe atribuyeron a Edery la autoría de conductas que fueron calificadas como omisión de investigar en reiteradas oportunidades; encubrimiento agravado; violación de medios de prueba y prevaricato en reiteradas oportunidades.
Los hechos endilgados tuvieron lugar en el período comprendido entre julio de 2019 y setiembre de 2023. Al fiscal rosarino se le atribuyó haber dejado de promover la persecución penal de diversas personas, a sabiendas de que existían elementos que acreditaban su participación en hechos ilícitos vinculados a organizaciones criminales; haber alterado rastros de hechos delictivos con el fin de asegurar la impunidad de dichas personas; y haber asesorado a partes contrarias en un mismo juicio, en forma simultánea, actuando y velando por los intereses del imputado y perjudicando deliberadamente las causas que tenía confiadas en función de su cargo de fiscal.
Edery manifestó que las capturas de mensaje de WhatssApp difundidas por los fiscales Socca y Moreno revelaron algo de “tenor personal de la comunicación que aleja el contenido de las capturas de cualquier conducta delictiva o antirreglamentaria, siendo tan solo una acción privada que debió reservarse en el ámbito de mi intimidad. Esto me lleva a concluir sin rodeos que la única motivación que tuvieron Socca y Moreno al momento de exhibir esos chats es dañar mi buen nombre y honor y generar un impacto mediático y en mi vida personal que los medios no tardaron en replicar”.
En su defensa el fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada asegura que investigó en todo lo que le correspondía a Mariana Ortigala, que además informó a sus pares ante la sospecha que ella y su hermano Rodrigo estuvieran cometiendo algunos delitos y que jamás ocultó información.
La Asociación de Fiscales salió en apoyo de Edery, al señalar “su más contundente rechazo a la aplicación del régimen disciplinario vigente en manos exclusivas de la Legislatura y a través de un proceso que adolece de serios vicios de inconstitucionalidad”.
Según la entidad, “el sistema disciplinario actual atenta en forma directa a la independencia del sistema de Justicia, obstaculiza las investigaciones penales contra la corrupción del poder político y económico, y por sobre todas las cosas, afecta gravemente los principios republicanos de gobierno”.
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