Día clave. El padre Grassi se representará a sí mismo en la audiencia en la que peleará para que lo dejen libre
El sacerdote sentenciado a 15 años de prisión por el ataque sexual a dos menores pide la libertad anticipada en la condena que termina en mayo de 2028
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Espera que la tercera sea la vencida. Y, esta vez, se representará a sí mismo ante un tribunal. El sacerdote Julio César Grassi, que purga 15 años de prisión por el abuso sexual de dos menores que estaban bajo su cuidado en la Fundación Felices los Niños, alegará, de forma virtual, en su propio favor para conseguir que la Justicia le otorgue la libertad anticipada por la condena que tendrá cumplida en mayo de 2028.
La audiencia, clave para el futuro del cura –que, a pesar de haber sido declarado culpable de un abyecto delito no fue expulsado de la Iglesia Católica, aunque se le prohibió el ejercicio del ministerio sacerdotal– tendrá lugar hoy a las 11 en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Morón.
Grassi fue condenado en 2019 por hechos ocurridos en 1996 y que salieron a la luz seis años después, gracias a una revelación periodística de Telenoche Investiga. Nunca admitió su culpabilidad: no solo negó los hechos, sino que cuestionó a las propias víctimas que lo habían denunciado. Estuvo preso desde el 23 de octubre hasta el 21 de noviembre de 2002; luego siguió ligado al proceso, pero en libertad, hasta su nuevo arresto, el 7 de marzo de 2012, que cursó bajo la modalidad domiciliaria hasta el 31 de mayo de ese año. Finalmente, fue detenido el 23 de septiembre de 2013 y sigue alojado en el penal bonaerense de Campana.
Solicitó la prisión domiciliaria en abril de 2020, durante la fase aguda de la pandemia de coronavirus. Fracasó porque se comprobó que no formaba parte de la población considerada como grupo de riesgo ante un eventual contagio de Covid-19.
En ese momento Grassi tenía por hecho que cumpliría su condena en agosto de 2026, ya que en 2017 la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón le había concedido el beneficio del “2x1″. Pero una revisión del fallo en la cámara de apelaciones cambió la situación del sacerdote. El 28 de junio de 2022 fue extendida la condena por dos años más tras una apelación presentada por la querella, a raíz del mal cálculo de la pena y la inaplicabilidad del beneficio llamado “dos por uno”.
El recurso de apelación a la condena inicial de Grassi fue presentado ante la Cámara de Apelaciones de Morón, que dio lugar a la petición y ordenó ampliar la pena hasta el 30 de mayo del 2028. De esta manera, comenzaron a regir desde 2013 los 15 años a los que fue sentenciado el sacerdote.
El 10 de junio de 2009, el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Morón condenó al clérigo a la pena de 15 años de prisión por los delitos de “abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima”. Esto es “reiterado en dos hechos, en concurso real entre sí, que, a su vez, concurrieron formalmente con corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda”, por los hechos cometidos en noviembre y de diciembre de 1996 en la Fundación Felices los Niños de Hurlingham.
En septiembre del año pasado, Grassi había presentado a través de sus defensores un pedido de libertad condicional, similar al que será analizado hoy en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Morón. En ese momento, fue rechazada la petición del condenado. La querella espera que esa decisión de 2023 no se modifique.
Por entonces, el abogado Juan Pablo Gallego, que representa a las víctimas, había expuesto su tajante rechazo a una salida anticipada de Grassi. “Que no cumpla la condena estipulada sería otro fuerte golpe para las víctimas. Es opacar el acto de justicia que implicó validar la verdad de las víctimas”, dijo poco antes de la audiencia realizada el año pasado. Ahora repitió similares conceptos. Su posición es que la libertad condicional “no es un beneficio que puedan pedir los delincuentes sexuales, ya que así lo establece el Código Penal”.
Grassi está alojado desde 2017, tras la confirmación de la condena realizada por la Corte Suprema, en el pabellón N° 6 de la Unidad Penitenciaria N° 41, sector donde están los presos con buena conducta.
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