Detectaron otra red de corrupción en comisarías de Lomas de Zamora

Una causa judicial, que comenzó hace dos años para investigar a una supuesta red de trata de personas que operaba en prostíbulos de Lomas de Zamora, derivó en el descubrimiento de un presunto sistema de recaudación ilegal utilizado por personal de la policía bonaerense, que extorsionaba a comerciantes y daba protección a la banda que explotaba sexualmente a mujeres en esa zona.

El juez federal N° 2 de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó detener al comisario inspector Damián Lozano, que se desempeñaba como jefe distrital de Lomas Norte, de la que dependen las comisarías de Villa Fiorito, Ingeniero Budge, Villa Centenario y Parque Barón.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Lozano y otros dos uniformados, un capitán y un oficial, fueron detenidos en las últimas horas en operativos que contaron con la colaboración de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Guillermo Berra.

El resto de los allanamientos estuvieron a cargo de detectives de la Policía de la Ciudad. Además de los uniformados, fueron detenidos otros siete sospechosos vinculados con una red de trata de personas. Entre ellos, dos mujeres, una de ellas era conocida como "la Reina del Sur".

"Los delitos de droga, trata de personas y los desarmaderos ilegales no funcionan sin connivencia policial. Es imposible que el crimen organizado se mantenga más de tres meses sin protección policial", sostuvieron fuentes del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.

Según fuentes judiciales, uno de los detenidos es un hombre de 44 años que presentó recibos de sueldo como empleado de la Municipalidad de Lomas de Zamora. Funcionarios de ese municipio buscaron alejarse de esa situación y aseguraron que ese hombre "ya no forma parte del personal de planta".

Fuentes de la Municipalidad de Lomas de Zamora sostuvieron que uno de los prostíbulos allanados, ubicado cerca de Puente La Noria, fue clausurado varias veces, pero que sus propietarios mantenían de todas formas la actividad del local, por lo que se presentó una denuncia penal. En el municipio afirmaron, además, que no cuentan "con poder de policía" para investigar lo que ocurre dentro de los comercios.

Otros dos detenidos, según las fuentes judiciales consultadas, se hacían pasar por policías y eran encargados de recibir el dinero de la llamada caja negra. "A partir de los dos falsos policías que hacían las veces de cajeros pudimos llegar hasta Lozano", sostuvo una fuente con acceso al expediente.

"Hace dos años se comenzó a investigar una importante red de trata, pero a partir del análisis de escuchas telefónicas se descubrieron datos de una vinculación con funcionarios policiales. Y con el avance de la causa obtuvimos pruebas de un sistema ilegal de recaudación de comisarías. Todavía no pudimos certificar a cuánto dinero ascendía mensualmente la caja negra de la policía, pero podemos estimar que son cifras importantes", explicaron las fuentes judiciales consultadas.

En las últimas horas, el juez federal Villena ordenó 20 allanamientos, en los que fueron arrestados los sospechosos y se secuestraron $ 600.000 pesos, seis armas de fuego, municiones, casi 100 teléfonos celulares, agendas, anotaciones varias, computadoras, equipamientos informáticos, marihuana y tres autos.

Entre los lugares allanados se encuentran las comisarías de Villa Fiorito, Ingeniero Budge, Villa Centenario y Parque Barón; la Jefatura Distrital Lomas Norte y la sede de la Delegación Quilmes de Drogas Ilícitas de la policía bonaerense.

Zona liberada

"Los uniformados apretaban a los comerciantes para que les dieran dinero a cambio de protección. Marcaban casas que después eran robadas. Van a ser acusados de integrar una asociación ilícita, extorsión y encubrimiento", dijo una fuente de la investigación.

Según fuentes policiales, en las comisarías y dependencias allanadas se incautaron los teléfonos celulares de los comisarios, oficiales jefes presentes, personal del Grupo Táctico de Operaciones y oficiales de servicio. También fueron secuestradas computadoras y otros soportes informáticos. Esos jefes policiales quedaron bajo investigación.

"La política del Ministerio de Seguridad es combatir la corrupción interna de la policía", sostuvo Berra después de los allanamientos.

"La información obtenida de las escuchas telefónicas determinarían que la cadena de recaudación terminaba en Lozano, pero hay más personal policial investigado que podría estar involucrado en las extorsiones a comerciantes", afirmó Berra.

Por Gabriel Di Nicola

• Casos de corrupción

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