Destituyen al juez que liberó a un violador porque había usado preservativo

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de Santa Fe destituyó al juez Rodolfo Alejandro Mingarini. Fue hallado culpable de mal desempeño en 11 casos de delitos sexuales por falta de perspectiva sobre las víctimas. Uno de esos hechos tuvo repercusión nacional y ocurrió el año pasado: fue cuando el magistrado liberó a un acusado de violación porque “se tomó el tiempo para colocarse el profiláctico”.

Por unanimidad, y en consonancia con la acusación del Procurador General, Jorge Barraguirre, el tribunal presidido por Rafael Francisco Gutiérrez -presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe- e integrado por los ministros Roberto Héctor Falistoco. Eduardo Guillermo Spuler, Mario Luis Netri, María Angélica Gastaldi y Daniel Aníbal Erbetta; por el senador justicialista Armando Traferri y el diputado provincial radical Maximiliano Pullaro, y por los abogados Julio Pagano (Reconquista) y Héctor Ferrero (Rafaela), consideró encuadrada la conducta reprochada a Mingarini “en las previsiones del artículo 7, inciso 1° y 2°, de la ley 7050 y sus modificatorias 11.115 y 12.949″.

Esos dos incisos refieren que son motivo de destitución de un magistrado la “ignorancia manifiesta del Derecho o carencia de alguna otra aptitud esencial para el ejercicio de la función judicial, reiteradamente demostrada” y el “incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución, leyes o reglamentos, acordadas o resoluciones judiciales, o infracción de sus normas prohibitivas”.

Tras este fallo, Mingarini no podrá volver a ocupar un puesto en la magistratura.

El caso testigo

Como se dijo, el caso que puso el nombre de Mingarini bajo el foco de la opinión pública ocurrió hace un año, cuando decidió no avalar el pedido de prisión preventiva y dejó en libertad a un albañil acusado de abuso sexual porque usó un preservativo.

El domingo 30 de mayo de 2021, durante una audiencia judicial en el marco de esa investigación, Mingarini expresó: “Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se toma el tiempo para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que, según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda”.

Y antes de liberar al acusado, concluyó: “Realmente es posible que haya habido esta relación no consentida, es posible, pero no tenemos suficiente evidencia para considerarla probable”.

Cuatro fiscales de Santa Fe apelaron esa resolución, al considerar que el magistrado empleó un “razonamiento sin perspectiva de género”. La decisión generó una profunda polémica, por la forma en que desestimó la denuncia de la mujer que sufrió el ataque.

Los fiscales del Ministerio Público de la Acusación criticaron varios párrafos del fallo; entre ellos, los que aluden al tipo de violencia que pudo haber ejercido el acusado. En ese sentido, indicaron que algunas frases de Mingarini representan “una referencia implícita a una exigencia de que la violencia desplegada sea de cierta magnitud” y aclararon que “la tipificación penal no establece en ningún sentido una exigencia de magnitud, ni tampoco la persistencia o continuidad de la violencia que se despliega”.

No fue el único fallo cuestionado. En uno, abogó por una pena menor para un acusado de violar a una niña durante seis años porque “el daño psicológico estaba siendo reparado”. Entre los otros, que también tuvieron por víctimas a menores de edad, echó mano a eximentes cuestionables para favorecer a los acusados, como el uso de “la fuerza mínima” para cometer el abuso o, incluso, poner en duda que las lesiones corporales se debieran efectivamente a violaciones.

Hoy, tras el fallo, el diputado Pullaro -ministro de Seguridad durante el último gobierno socialista en Santa Fe-, sostuvo que la destitución de Mingarini “es un hecho trascendente por los valores en juego, como el respeto por el sufrimiento de las víctimas, la consideración de situaciones de vulnerabilidad y la ruptura de prejuicios y estereotipos de género”.

En su cuenta de Twitter publicó: “Es imposible garantizar una respuesta adecuada a las víctimas cuando la actuación judicial constituye una forma de revictimización y no contribuye a generar la confianza ciudadana indispensable para que otras víctimas se animen a denunciar”.

Puso de resalto “el menosprecio hacia el perjuicio sufrido por las víctimas, manifestado en la tendencia a minimizar el impacto de delitos gravísimos” por parte de Mingarini. Y concluyó: “Finalmente, resulta evidente que Mingarini ha demostrado obrar con serios problemas para valorar la prueba con un criterio lógico y con tendencia a apoyar sus conclusiones en prejuicios y estereotipos de género. El proceso ha sido correcto y la decisión es justa”.

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