Destituyen al fiscal Julio César Castro por denuncias de acoso sexual y laboral

El fiscal Julio César Castro, uno de los acusadores en el juicio a Jorge Mangeri por el femicidio de Ángeles Rawson y primer director de la Ufisex, la unidad fiscal especial para investigar delitos sexuales y trata de personas con fines de explotación sexual, fue removido de su cargo por mal desempeño y por no haber obrado con buena conducta. Así lo resolvió por unanimidad el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, que consideró probados todos los episodios de acoso laboral, sexual y de maltrato y abuso de poder hacia sus empleadas y empleados, así como también por una serie de intercambios mantenidos a través de Twitter con una joven menor de edad. En la decisión se incluyó, además, la denuncia que le realizó su expareja por abuso sexual, lesiones y violencia de género, que derivó en una condena a seis años y medio de prisión dictada a fines de 2019.

También el tribunal declaró inadmisible el planteo de nulidad efectuado por la defensa con base en la inaplicabilidad del reglamento disciplinario para las y los magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

El fiscal, que se desempeñaba como titular de la Fiscalía Nº13 ante los tribunales orales en lo criminal y correccional, a lo largo del proceso, que comenzó el 9 de marzo, insistió en la corrección de sus acciones, negó tener algún tipo de responsabilidad y culpo del avance del proceso a circunstancias externas a su persona. Sin demostrar ningún rasgo de arrepentimiento hacia las once personas que a lo largo de toda la carrera judicial del fiscal, que llegó a ese cargo en 1995, manifestaron haber sido maltratadas.

Castro ya había sido condenado el 20 de noviembre de 2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°8 a seis años y medio de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, reiterado en dos oportunidades, y lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra su expareja en un contexto de violencia de género.

La mujer lo denunció en 2017 por una serie de episodios violentos que comenzaron en octubre de 2016, cuando abusó sexualmente de ella, y continuaron en noviembre de ese año, cuando le provocó lesiones. Al año siguiente, en enero, tuvo lugar un segundo hecho de abuso sexual, y una lesión en un brazo en marzo de ese año, momento en que la víctima tomó la decisión de efectuar la denuncia ante la Justicia.

La audiencia fue trasmitida por YouTube y tras la lectura del veredicto, en la sala se oyeron aplausos. Estuvo presidida por Adriana Donato, en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Cpacf); César Grau, por el Senado de la Nación; el fiscal general Juan Carlos Paulucci y la fiscal federal Alejandra Obregón, por el Ministerio Público Fiscal (MPF); Francisco Panero, en representación de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA); Laura Giosa, del Consejo Interuniversitario Nacional, y Héctor Recalde, representante del Poder Ejecutivo Nacional.

El alegato acusatorio

El 14 de abril pasado, el fiscal general ante los tribunales orales federales de Rosario, Federico Reynares Solari, y la fiscal general ante los tribunales orales federales de Santiago del Estero, Indiana Garzón, solicitaron al Tribunal la remoción de Castro de su cargo. Argumentaron que había quedado acreditado “un patrón de violencia de género y violencia laboral en el ámbito funcional y extrafuncional” de parte del fiscal, cuyos indicadores fueron la violencia verbal, el vaciamiento de funciones, las amenazas -por ejemplo, de iniciar sumarios administrativos, el hostigamiento, hasta llegar a los traslados de una dependencia a otra.

Los representantes del Ministerio Público hicieron un relato pormenorizado de cada una de las situaciones que llegaron a esta instancia, con sus detalles y con los efectos que el acoso (ya sea sexual o laboral) había tenido en las víctimas. Hicieron mención a la relación desigual de poder que existía entre el fiscal y sus empleadas, y solicitaron que no se naturalice ni se minimice la violencia que sufrieron las personas involucradas.

“No se puede permitir que una persona abuse de su cargo para incurrir en conductas de abuso sexual en el Ministerio Público Fiscal. No se puede permitir que se incurra en abusos laborales, que se vacíe de trabajo a varias personas”, marcaron los fiscales. Además, consideraron “indispensable” que se tomen medidas para que no se vuelvan a repetir aquellas conductas, para que haya un respeto a la dignidad de las mujeres y una “mínima empatía” hacia las cuestiones de género.

Además, en la exposición se incluyó también un episodio de contacto inadecuado de Castro con una menor de edad a través de Twitter, y la acusación de maltrato que hizo quien fuera en su momento su pareja.

Condena por abuso sexual

En 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal N°8 condenó por abuso con acceso carnal en contexto de violencia de género a seis años y medio de prisión a Castro por aquella denuncia de su expareja, hecha en 2017, cuando el fiscal buscaba ser nombrado juez de Cámara, cargo para el que había concursado.

En el juicio, el tribunal coincidió con lo que había solicitado la fiscal María Luz Castany. Según informó oportunamente el portal de noticias del Ministerio Público Fiscal (www.fiscales.gob.ar), la fiscal Castany había hecho un pormenorizado detalle del contexto de violencia de género en que se habrían desarrollado los hechos que tenían como víctima a su expareja, los cuales se produjeron en el marco de una profunda “asimetría” entre víctima y victimario, factor que, consideró, elevó el riesgo en que se encontraba la mujer. En esa línea, respaldó que el acusado tenía 25 años más que la víctima, que cuando iniciaron la relación ella era una joven abogada que recién comenzaba su carrera profesional mientras que Castro era un reconocido fiscal, con más de 30 años de trayectoria, titular de la Unidad Fiscal especializada en delitos sexuales (Ufisex) y que se encontraba concursando para un cargo de juez en los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. “Castro gozaba de reconocimiento en el ámbito judicial, era una persona influyente, con contactos; o al menos esa era la impresión que quería causar en la víctima, quien lo admiraba y respetaba profundamente”, indicó.

Además la fiscalía analizó gran cantidad de comunicaciones por WhatsApp que daban cuenta del “maltrato psicológico”, violencia verbal, insultos y menosprecio en la autoestima de la víctima. De los mismos surgía el lugar de “inferioridad” en que Castro ubicaba a la víctima en particular y a las mujeres en general, los reproches que le efectuaba respecto a las personas con que ella se relacionaba, la manifestación de rasgos de celopatía por parte del acusado ante situaciones de diversas índoles. Asimismo, en dos ocasiones, luego que la víctima pusiera fin a la relación, las comunicaciones pusieron en evidencia una reacción de victimización de Castro, quien realizó promesas de cambio y hasta la proposición de matrimonio.

Al igual que durante la investigación, Castany ponderó también la existencia de un sumario administrativo que contenía siete denuncias contra Castro vinculadas a situaciones de acoso sexual a personal de su fiscalía y/o de su entorno laboral. Para la fiscal de juicio, estos siete casos contenían pautas y patrones de comportamiento que se repitieron en la dinámica implementada con su pareja. También se basó en los distintos informes psiquiátricos realizados por los peritos del Cuerpo Médico Forense que concluyeron que había rasgos en la personalidad del imputado compatibles con los hechos denunciados, con altos niveles de exigencia y escasa tolerancia, y desbordes emocionales que pueden derivar en reacciones violentas.

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