Después de 13 años, piden elevar a juicio el crimen de Nora Dalmasso
PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- A casi 13 años del asesinato de Nora Dalmasso en su casa del barrio privado Villa Golf Club, de Río Cuarto, llegó el pedido de elevación a juicio de la causa con un solo protagonista: Marcelo Macarrón.
El fiscal Luis Pizarro, el quinto del caso, agravó la imputación en su contra a fines de 2018: considera que fue el instigador del crimen y que contrató a alguien para que matara a su esposa. El viudo está acusado de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria. De llegar a la instancia de debate deberá enfrentar un jurado popular, con una expectativa de pena de prisión perpetua.
La defensa de Macarrón puede oponerse al requerimiento y, en tal caso, deberá definir un juez de Control. En última instancia, la defensa puede apelar ante la Cámara del Crimen para intentar frenar el proceso.
Según la autopsia, la mujer murió asfixiada por estrangulamiento. A partir de esa certeza se siguieron distintas pistas: un crimen durante un juego sexual, un abuso sexual seguido de muerte y un asesinato por encargo.
Pizarro entiende que Macarrón mandó a matar a su mujer; así se lo notificó en noviembre pasado. Al fundamentar el cambio de carátula, Pizarro afirmó: "Hemos descartado la hipótesis de [el viudo como] autor material, aunque Macarrón sigue siendo investigado como instigador". No dio otras precisiones. Tampoco dio pistas sobre el presunto sicario contratado para el "trabajo".
El fiscal sí admitió que podrían haber participado más personas en el homicidio y sostuvo que quedaba "desvirtuada" la idea de su antecesor, para quien el viudo había regresado del torneo de golf del que participaba, en Punta del Este, para matar a su mujer y regresar a Uruguay.
Dalmasso fue asesinada en su casa de Villa Golf la madrugada del 25 de noviembre de 2006. Ese fin de semana su marido participaba del torneo de golf; la hija, Valentina, estaba en los Estados Unidos, y el hijo, Facundo, en la capital provincial, donde estudiaba.
A las 3.30 del sábado, Dalmasso volvió a su casa tras una cena con amigas; había pedido que no la molestaran durante el fin de semana. Como no respondía el teléfono, su madre le pidió a un vecino que fuera hasta el chalet. A las 18 del domingo el hombre entró por la puerta trasera, que estaba sin llave, y la encontró desnuda, con el cinto de una bata en el cuello, sobre la cama de su hija, Valentina. No había desorden.
Esa misma noche el primer fiscal del caso, Javier Di Santo, calificó el hecho de "muerte de etiología dudosa"; el cuerpo tenía golpes. La escena del crimen fue "contaminada" por muchos de los que pasaron por allí. Poco después, a partir de la declaración de un testigo con retraso mental que después se desdijo, el fiscal imputó de hurto calificado, homicidio calificado y abuso sexual a Gastón Zárate, un albañil que había trabajado en la casa de la víctima. Eso motivó el "perejilazo", una movilización a favor de la libertad del joven, en febrero de 2007.
Con Zárate todavía imputado, Di Santo acusó al hijo de la víctima. Ambos fueron sobreseídos en 2012, cuando llegaron los resultados de estudios encargados al FBI que establecieron que el ADN de las muestras tomadas del cuerpo de Dalmasso correspondía a Marcelo Macarrón. La defensa del viudo lo cuestiona.
En marzo de 2016, el fiscal Miralles acusó a Macarrón sobre la base de las pruebas de ADN; creía que el viudo había hecho un viaje relámpago desde Punta del Este hasta Río Cuarto, mantuvo relaciones con su mujer y la mató. Después, volvió a Uruguay a jugar al golf y ganó el torneo.
En 2017, el fiscal fue apartado de la causa a pedido de la defensa de Macarrón, a cargo del abogado Marcelo Brito, exfiscal general de Córdoba, y de Gustavo Liebau.
La hipótesis de un "crimen económico" siempre rondó el caso y se basa en que Dalmasso, presuntamente, habría amenazado con revelar datos de eventuales negocios de su marido y de sus amigos. La investigación siempre estuvo marcada por el escándalo y generó la renuncia de varios funcionarios provinciales. En la causa solo es querellante la madre de Nora, pero no tiene abogado desde hace cinco años.
Por Gabriela Origlia
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