Desplegarán fuerzas federales y provinciales para consolidar el descenso de los homicidios en todo el país

Por primera vez desde que se toman las mediciones anuales bajará la tasa de homicidios en todo el país a menos de 3 casos cada 100.000 habitantes. La proyección de datos compartida entre las autoridades nacionales y provinciales establecen la posibilidad de llegar al final de este año a 2,67, comparándose esa cifra al 3,22 con que cerró 2023. En números totales, el corte estadístico entre enero y octubre -que fue expuesto en la última reunión del Consejo de Seguridad Interior- notificó 1264 asesinatos, 15,7 por ciento menos que en el mismo período del año anterior. El trabajo focalizado en Rosario impactó en ese informe. Y ahora se busca replicar esa experiencia en otros territorios para consolidar la disminución de los homicidios en la Argentina. Con esa intención, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó el plan 90/10, con apoyo provincial.

La denominación del programa marca la situación señalada por el análisis de datos: el 90 por ciento de los asesinatos se registran en solo el 10 por ciento del territorio.

“Es posible que este año, si este mes nos acompaña, tengamos la tasa de homicidios más baja de la historia argentina, desde que se miden los homicidios, y esta es una tarea de las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las fuerzas federales. Y eso es importante porque marca el compromiso común”, dijo Bullrich al presentar el plan en la sede del Cuerpo de la Policía Montada de la PFA.

Las palabras de la funcionaria nacional resaltaron en varias oportunidades el trabajo conjunto entre las fuerzas federales y las policías provinciales. No fue una mención menor, ya que varios de los distritos que forman parte de esta etapa inicial del plan mantienen entredichos en forma casi cotidiana por diferencias políticas. La fotografía que consiguió la ministra buscó cerrar esa grieta.

Al lado de Bullrich estuvieron los ministros de Buenos Aires, Javier Alonso; de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff; de Córdoba, Juan Pablo Quinteros; de Tucumán, Eugenio Agüero Gamboa, y de Santa Fe, Pablo Cococcioni, junto con el secretario de Seguridad de Mendoza, Hernán Amat. En esas provincias se ubican la mayoría de los 193 municipios en los que este año se registró al menos un homicidio.

El plan implica, en principio, un despliegue coordinado de fuerzas de seguridad federales y provinciales. “Los ciudadanos van a sentir el cambio”, afirmó Bullrich en referencia a una mayor presencia policial en zonas conflictivas. Y agregó: “Vamos a tener el control de las calles para que no lo tenga ningún delincuente, ninguna banda”.

El Ministerio de Seguridad de la Nación detalló en un comunicado de prensa que se procurará “una acción inmediata en las zonas críticas, con intervenciones focalizadas en los municipios con mayor incidencia de homicidios”. Además, se establecerán prioridades operativas. “Tenemos como premisa y prioridad terminar con las organizaciones criminales, desde las más pequeñas hasta las estructuras complejas con alcance transnacional”, aseveró la ministra.

Bullrich mencionó, incluso, la necesidad no solo de actuar en la prevención para impedir homicidios, sino también de mejorar los índices de esclarecimiento de asesinatos. “Se terminó la impunidad de matar”, dijo.

En ese sentido, las autoridades confían en el resultado que dará la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, una de las leyes del paquete de seguridad que fueron aprobadas en este año legislativo. Ahora, los “ADN de impacto” que los peritos obtengan en las escenas de crímenes será comparados con una base de datos que incluirá ya no solo a los condenados por delitos sexuales, sino a toda persona que recibió una pena o fue imputada por cualquier delito. Una acción de esas características llevó este año a la Justicia uruguaya a resolver el homicidio de Lola Chomnalez y condenar una década después del asesinato al autor del hecho.

La funcionaria nacional se refirió a otras herramientas legales que solicitó este año al Congreso, como la ley antimafias, que tiene media sanción de Diputados y que tiene un nexo con este plan 90/10, ya que se habilita a que la Justicia Federal puede seguir casos de homicidios si estos están vinculados con una asociación ilícita. De esa manera, los asesinatos narco podrían investigarse como parte de la acción de una organización de venta de drogas y no solo como un hecho aislado de violencia urbana. Incluso, todos los miembros de la asociación ilícita podrían ser condenados por partícipes de un homicidio aunque fuese otro su rol en la banda.

Y señaló la necesidad de contar con la aprobación de otros dos proyectos de ley enviados este año al Congreso: la modificación del Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y la decisión de usar la reiterancia de hechos delictivos en lugar de la reincidencia para definir excarcelaciones.

“Nos van a encontrar juntos en las zonas más difíciles donde la gente sufre la inseguridad. Les puedo asegurar que los ciudadanos van a sentir el cambio. En este gobierno nacional, y represento en este decir a los gobiernos provinciales, vamos a proteger la vida y la libertad, que se protegen con la seguridad”, indicó Bullrich, que utilizó la frase que define su pensamiento: “El que las hace, las paga”.

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