Desde enero, la Justicia porteña será competente para perseguir el narcomenudeo
PARA LA NACIONGonzalo Prado
A partir de enero próximo, la Justicia porteña asumirá la competencia para investigar y castigar el narcomenudeo en la Capital. Será cuando entre en vigor una nueva tanda de delitos penales transferidos de la Nación a la Ciudad, a partir de la firma de convenios, en un sistema que comenzó en el año 2000, con la tenencia y portación de arma de fuego de uso civil, y finalizará el año que viene. Las causas por los crímenes más graves, como los homicidios, todavía estarán en manos de los magistrados con asiento en el Palacio de Tribunales, de Talcahuano al 500.
Se esperaba que esta progresiva transferencia de competencias penales activara el definitivo traspaso de la Justicia nacional ordinaria a la órbita de la Ciudad, uno de los objetivos que se había fijado para este año el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Pero esa idea quedó congelada hasta nuevo aviso por cuestiones presupuestarias y, especialmente, por el rechazo manifiesto de los empleados judiciales y de los propios magistrados.
Dos semanas atrás, la Legislatura porteña aprobó, en una cerrada sesión en la que prevalecieron los 34 votos del oficialismo, la reforma del Código Procesal Penal, cuyo propósito manifestado fue el de "afrontar eficazmente la transferencia de delitos de competencia nacional a la órbita de la Justicia local".
En marzo pasado, cuando en los pasillos judiciales eran tema de conversación las filtraciones del presupuesto y los gastos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, presidido por Marcela Basterra, entre los que se destacó el pago a conocidos actores para la realización de simulacros de juicios por jurados, se esperaba que la iniciativa avanzara en el Congreso, incluso con el aval del presidente Mauricio Macri. Pero desde el Gobierno ya admitían que el traspaso sufriría "una pequeña impasse" y que la estrategia sería la de avanzar con la progresiva implementación de competencias que asumiría la Justicia porteña.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) ratificó a LA NACIÓN su rechazo al traspaso, tal y como lo hizo en anteriores ocasiones: "La Asociación tiene una postura institucional contundente en contra del traspaso que se ha manifestado de manera en la génesis del tema. Fuimos los que más fuerte nos opusimos, y en más de una oportunidad explicamos nuestros fundamentos".
En su más reciente comunicación pública sobre este tema, el mes pasado, la Amfjn sostuvo que "la medida genera sólidas objeciones de orden constitucional, pues la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia, por lo que bajo ningún concepto puede variarse el estatus de un magistrado o funcionario nacional a partir de una ley". Agregaron: "También hay que señalar el régimen precario de derechos y garantías para magistrados y funcionarios en cuanto a la remuneración, el régimen jubilatorio, la obra social y, especialmente, los mecanismos de nombramiento y remoción de los magistrados".
Su conclusión con respecto al traspaso es la siguiente: "No mejorará el servicio de justicia que se les presta a los habitantes de la ciudad y, en cambio, conspirará contra su derecho a ser juzgados, acusados y defendidos por magistrados realmente independientes".
En la Ciudad y en la Nación, en cambio, consideran que el traspaso es para que los porteños vean equiparados sus derechos con respecto a los de ciudadanos de otras provincias. "Un senador de Mendoza elige hoy al juez que deberá impartir justicia a los porteños. El ciudadano de la ciudad tiene menos derechos con este sistema", sostienen fuentes gubernamentales, que además remarcan que por la inversión en tecnología las causas en la ciudad, también por el sistema acusatorio, tienen, en promedio, una duración de dos años, contra diez que tienen en la Justicia nacional.
Más rechazos
Si a principios de este año en el Consejo de la Magistratura y en el gobierno porteño intuían que el gremio de judiciales tenía una postura menos crítica que los jueces y funcionarios ante el traspaso, el paro realizado la semana pasada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que encabeza Julio Piumato, parece haber echado por tierra esa idea. Durante la medida de fuerza enarbolaron dos banderas: recomposición salarial del 20%, correspondiente al último trimestre del año, y rechazo al traspaso de la Justicia nacional".
Piumato sostuvo la semana pasada que el Congreso discute una iniciativa que se pretende usar como "caballo de Troya": traspasar el fuero de Defensa del Consumidor, previa modificación de la llamada ley Cafiero, que es la que impuso los límites de la autonomía porteña cuando pasó de ser Capital Federal a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El sindicalista entiende que, de prosperar esa iniciativa del Poder Ejecutivo, quedará "allanado el camino" para el traspaso de los fueros laboral, civil y comercial y penal por medio de la simple firma de convenios entre la Nación y la Ciudad.
Durante todo el año se sucedieron las negociaciones entre partes –de las que participó, incluso, el ministro de Justicia nacional, Germán Garavano–, pero el terreno nunca dejó de estar empantanado y los avances, más allá de las transferencias de competencias, fueron casi nulos.
Mientras, en la Ciudad firmaron las resoluciones necesarias para el traspaso de una vasta serie de delitos, tales como lesiones; abuso de armas; incendios y otros estragos; tenencia, portación y provisión de armas de guerra de uso civil condicional; actos discriminatorios; delitos y contravenciones en el deporte y en espectáculos deportivos; delitos contra la seguridad del tránsito; desarmado de autos sin autorización, y delitos contra la administración pública (atentado y resistencia a la autoridad, usurpación de títulos, malversación de caudales, enriquecimiento ilícito y cohecho, entre otros).
A principios del año pasado, Macri y Rodríguez Larreta firmaron cuatro convenios que enviaron para su tratamiento en el Congreso. En ellos se especificaba la trasferencia de las competencias y estructuras de la Justicia nacional ordinaria, es decir, la parte penal, la civil, la comercial y la de Defensa del Consumidor. Cada una de ellas con sus respectivas instancias de apelaciones, inclusive. Se prevé que el traspaso incluirá los fondos específicos para el funcionamiento, en un esquema similar al que se usó para el traspaso de una parte de la Policía Federal para conformar, junto a la Metropolitana, la actual Policía de la Ciudad.
La reforma del código procesal penal, paso previo a la transferencia final
El 4 de este mes la Legislatura porteña sancionó una amplia modificación del Código Procesal Penal de la Ciudad con el propósito de "afrontar eficazmente la transferencia de delitos de competencia nacional a la órbita de la Justicia local". La iniciativa aprobada consta de 68 artículos normativos y uno de forma que actualizan el Código en el cual deben basarse jueces, fiscales y abogados para la tramitación de las causas. El proyecto fue aprobado con 34 votos afirmativos del bloque oficialista Vamos Juntos y 24 negativos de todas las demás bancadas.
En atención a la transferencia progresiva de competencias penales se corrigieron diversos artículos pasando de los términos "expediente o causa" al concepto de caso como elemento central de la investigación preparatoria en un proceso de neto corte acusatorio. Se incorporaron principios que tienden a "robustecer la oralidad y el sistema de audiencias para la resolución de los conflictos"; se precisaron la definición de víctima y los alcances de la facultad de querellar, y se estableció el derecho de toda persona a designar letrado defensor desde el primer acto del procedimiento penal.
Se fijó el plazo máximo de investigación preparatoria en dos años;, se incorporaron figuras como agente encubierto, agente revelador, informante y entrega vigilada;, se contemplaron la individualización de personas por el ADN y la adopción de "medidas especiales de investigación", para que se puedan usar herramientas y sistemas modernos, pero aplicando "un criterio restrictivo que respete los principios de necesidad, razonabilidad, subsidiariedad y proporcionalidad".
Detienen a dos "taxidealers"
Detectives de la Policía de la Ciudad detuvieron a una pareja que se dedicaba a la venta de estupefacientes y a su reparto, que hacían a bordo de un taxi sin patente. Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño, en el allanamiento en uno de los domicilios de los sospechosos –un hombre de 45 años y una mujer de 33– el personal policial secuestró 50 dosis de cocaína preparadas para ser vendidas. Los detenidos comercializaban la droga en Caseros, partido de Tres de Febrero.
Por Gonzalo Prado
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