Desarticulan una sangrienta tríada de la mafia china que extorsionaba a supermercadistas por sumas millonarias
Durante la investigación, se logró detectar un total de ocho inmuebles ubicados en los partidos de Lanús, La Matanza y Marcos Paz vinculados directamente con las maniobras ilícitas
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LA NACION
Se había convertido en el terror de los comerciantes de nacionalidad china en la zona. No había ninguno que no hubiese recibido, al menos, una amenaza para que entregue millonarias sumas de dinero a cambio de no ser víctimas de la peligrosa tríada. Finalmente, agentes de la División Unidad Operativa Federal Morón detuvieron a tres ciudadanos chinos integrantes de una mafia procedente de la provincia Fujian, República Popular China, acusados de estar al frente de la asociación ilícita que extorsionaba y amenazaba a sus compatriotas.
La investigación tuvo su origen a partir de la gran cantidad de denuncias realizadas por comerciantes chinos a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) Nº2 Descentralizada Departamental de La Matanza a cargo de Gastón Duplaá, donde informan que les dejaban notas intimidatorias escritas en su idioma natal en sus locales comerciales, exigiéndole el pago de altas cifras de dinero para poder trabajar con tranquilidad. A su vez, les proporcionaban dos números de teléfono a los que debían comunicarse las víctimas para así arreglar y concretar el pago en cuestión, o en su defecto, contar con un usuario de una plataforma de mensajería similar a WhatsApp que es uso masivo en China.
Ante esta situación, la UFI interviniente encomendó a los efectivos federales la investigación del caso para dar con los responsables detrás de las maniobras extorsivas.
En consecuencia, los federales llevaron adelante todo tipo de tareas de campo, intensificando las mismas en el marco de la detención llevada a cabo en el mes de agosto pasado de un sicario que amedrentaba a comerciantes de origen chino, la que fuera efectuada justamente por la dependencia actuante.
Fue así, como se estableció una clara relación del detenido con al menos tres miembros de la organización, como así también que detrás de las intimidaciones se encontraban propietarios de otros supermercadistas chinos.
Asimismo, se pudo develar que los extorsionadores, al contratar empleados en sus comercios, les tomaban fotos de sus documentos personales con el objetivo de abrir cuentas en entidades bancarias que no exigían el correspondiente reconocimiento biométrico.
Una vez que se realizaba la apertura remota de la cuenta, depositaban grandes sumas de dinero, las que posteriormente eran giradas a billeteras virtuales de los miembros, que desempeñaban funciones de reclutadores, extorsionadores o bien de sicarios. Finalmente, las ganancias obtenidas eran puestas a trabajar en cuevas financieras de la city porteña.
Durante la investigación, se logró detectar un total de ocho inmuebles ubicados en los partidos de Lanús, La Matanza y Marcos Paz vinculados directamente con las maniobras ilícitas.
Con las pruebas recabadas por los investigadores, Fernando Horacio Pinos Guevara, titular del Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial La Matanza, ordenó el allanamiento de los domicilios donde se logró la detención de tres ciudadanos chinos responsables de las maniobras delictivas.
Durante los procedimientos, también se secuestraron 14.341.540 de pesos producto de las extorsiones, tres camionetas de alta gama, una escopeta calibre 12/76, una escopeta de repetición calibre 12, una pistola semiautomática, un revólver, un supresor de sonido (silenciador) para pistola de calibre 9mm, gran cantidad de municiones de varios calibres, juegos de esposas, equipos de radios de comunicación punto a punto UHF/VHF/FM, un CPU, una notebook, varios artículos de electrónica, terminales de pago electrónico, pasaportes de nacionalidad china, documentación de origen chino y 34 teléfonos celulares (con los que se canalizaban las amenazas coactivas y uno de ellos con el que se debían comunicar los extorsionados).
Los detenidos, todos mayores de edad, junto al los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por los delitos “Abuso de armas agravado (Artículo 80), Portación ilegal de arma de fuego de uso civil, Lesiones leves y Extorsión”.
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