Desaparición y muerte en Varela. La madre de una de las víctimas se encadenó en el juzgado y exige respuestas

Estefanía Morello, madre de Lautaro, el joven de 19 años asesinado el 9 de diciembre pasado, decidió encadenarse ante una reja del Juzgado de Garantías de Florencio Varela. La decisión de la madre de la víctima fue motivada por la resolución del magistrado Julián Bustero, que concedió el beneficio de la prisión domiciliaria con el monitoreo de una tobillera electrónica a un comisario mayor que fue acusado de encubrir el homicidio.

Luego de pasar casi ocho horas en la puerta del juzgado, Estefanía mantuvo una entrevista a través de la plataforma Zoom con el magistrado, quien le explicó los fundamentos de la resolución. No obstante, la madre de Lautaro remarcó su disconformidad con la medida aplicada en beneficio del comisario mayor Luis Zaracho, jefe de la Dirección Departamental de Investigaciones de Quilmes, que tuvo a su cargo la búsqueda del joven asesinado.

Zaracho había sido detenido a principios de este mes. Una semana antes había sido apresado el comisario inspector Sergio Argañaraz, interventor de la seccional de Bosques, donde la madre de Lautaro y la familia de Lucas Escalante radicaron la denuncia por averiguación de paradero, el 10 de diciembre pasado.

Al día siguiente de la presentación de la denuncia, la policía encontró la cupé BMW 135 de Lucas. El auto, incendiado, fue hallado al costado de la ruta provincial 53, en el límite entre los partidos de Florencio Varela, La Plata y Presidente Perón. Al revisar el vehículo no había ningún rastro de ambos jóvenes, que habían sido vistos por última vez el 9 de diciembre, minutos después de las 21, cuando Lucas pasó a buscar a Lautaro a una cuadra y media de su casa, para festejar el triunfo de la selección argentina ante Países Bajos por el mundial de Qatar.

El cuerpo de Lautaro fue hallado seis días después; estaba carbonizado, a un costado de un terraplén, donde se construye la ampliación del Camino del Buen Ayre, en Presidente Perón. En la misma época, cerca de ese lugar, pero cinco días antes, había sido encontrado un vehículo utilitario, también incendiado, con dos cuerpos en el interior.

Si bien desde la dependencia a cargo de Argañaraz se informó a los familiares de Lucas y Lautaro que los cuerpos pertenecían a los jóvenes desaparecidos, después se determinó que los cadáveres correspondían, en realidad, a dos mecánicos que vivían en la zona de Burzaco.

Hasta el momento no hay ningún rastro de Lucas. El Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de $5 millones para la persona que aporte datos sobre su paradero. A partir del pedido de la familia de Lautaro y ante las sospechas de que habría existido un encubrimiento policial, la familia de Lautaro pidió que la fuerza de seguridad bonaerense sea apartada de la investigación. Actualmente, la pesquisa por el homicidio de Lautaro y la búsqueda de Lucas está a cargo de la Policía Federal.

En tanto que, después de la recusación presentada por el abogado de la familia de Lautaro, Carlos Guillermo Diéguez, la fiscal de Florencio Varela, Mariana Dongiovani, que instruyó el expediente a partir del momento en que se radicó la denuncia por la averiguación de paradero, se apartó del caso. La familia de Lautaro le había cuestionado que, en el pasado, había trabajado con el juez de Garantías que debía resolver la situación de los imputados en el caso.

Antes de dejar el caso, la fiscal Dongiovani requirió la prisión preventiva para Cristian y Maximiliano Centurión, hijo y sobrino del comisario mayor Francisco Centurión, quien, hasta el momento, no fue acusado ni procesado en el expediente.

Luego que la fiscal se apartó del caso, el sumario quedó a cargo del fiscal de Berazategui, Daniel Ichazo quien avanzó sobre el supuesto encubrimiento policial y solicitó las detenciones de los comisarios Argañaraz y Zaracho.

Uno de los cuestionamientos de la Justicia hacia Argañaraz fue una prueba clave que un amigo de Lucas le entregó a la familia. Se trató del último mensaje de audio que le mandó la noche que desapareció. Esta prueba fue presentada ante aquel jefe policial, pero, según la hipótesis de la fiscalía, el comisario inspector demoró dos días en convocar a la persona que se mencionaba en ese mensaje de audio. Esa actitud del jefe policial derivó en uno de los fundamentos de la acusación por presunto encubrimiento.

Al declarar como imputado, Zaracho afirmó que un colega suyo habría amenazado a uno de los dos acusados de ser los presuntos coautores del asesinato.

“Un familiar de Escalante dijo que tenía un testigo que era amigo de Maximiliano Centurión. Dijo que dos de los involucrados en el caso lo convocaron a la quinta de La Capilla para prender fuego un auto y cobrar el seguro. En principio, Maximiliano Centurión aceptó participar en el hecho del vehículo, pero, cuando advirtió que había alguien lastimado, se quiso abrir”, habría manifestado el jefe policial detenido.

Ante esa actitud, uno de los policías, que todavía no fue acusado formalmente, habría amenazado a Maximiliano Centurión y le dijo que si hablaba le pasaría algo a su hija.

En su declaración, el comisario inspector Zaracho también se refirió a lo que dijo un testigo sobre el aspecto de Maximiliano Centurión, el día después de la desaparición de Lucas y Lautaro. Ese testigo dijo que le llamó la atención que Maximiliano Centurión tenía las cejas y las pestañas quemadas.

Durante la investigación, dos testigos afirmaron que vieron el BMW 135 de Lucas, estacionado en la casa del barrio La Capilla en la que, hasta nueve meses antes, vivía el comisario mayor Centurión.

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