Abuso sexual: denunciaron a la jueza que liberó a un presunto violador

La jueza en lo criminal y correccional porteña Karina Zucconi fue denunciada por mal desempeño en sus funciones. Se trata de la magistrada que liberó a un comerciante acusado de haber abusado sexualmente de una joven de nacionalidad venezolana durante su primer día de trabajo.

La denunciada ante el Consejo de la Magistratura fue presentada por el consejero Diego Marías, quien solicitó suspender a Zucconi y formular una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.

La magistrada procesó sin prisión preventiva por el delito de abuso sexual agravado con acceso carnal a Irineo Humberto Garzón Martínez. La violación habría ocurrido en su local de venta de uniformes médicos situado en Paso 693, en la zona del Once.

Marías le solicitó a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura que de corroborarse la información expuesta "disponga la apertura del procedimiento de remoción de la juez denunciada, ordene su suspensión y en su caso formule la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento ".

En la denuncia presentada, el consejero remarcó que "teniendo en cuenta la gravedad del hecho por el que se lo acusa a Garzón Martínez" -abuso sexual con acceso carnal–, la magistrada, al otorgarle la libertad bajo caución juratoria, dejó soslayar "las contradicciones y dudas existentes, entre otras cosas, sobre su verdadero paradero", siendo que existen otras alternativas como "una caución real que garanticen efectivamente el sometimiento del imputado al proceso".

Esto se debe a que hay dudas sobre el arraigo del imputado. En la denuncia presentada en la Magistratura se hizo referencia a que "la propia jueza advirtió que el imputado mintió", porque no fue posible establecer su paradero, ya que dijo que vivía con su hermana en el barrio de Mataderos, pero ésta lo negó y aseguró que el acusado vivía en el local. Es por ello que Marías se preguntó en la presentación: "¿Dónde vive Irineo Humberto Garzón Martínez?".

Cabe recordar que la jueza el lunes pasado le otorgó a Garzón Martínez la excarcelación bajo juramento al resolver que "la pena en expectativa de efectivo cumplimiento por sí sola no es obstáculo para que el nombrado no obtenga su libertad". La magistrada procesó al acusado por abuso sexual agravado con acceso carnal y dictó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir los $90.000 pesos, pero mantuvo su excarcelación.

"Riesgo de fuga"

Además, el consejero, hizo mención a que la magistrada no tuvo en cuenta "el riesgo de fuga en este caso", ya que dejó de lado otras pruebas como que "el imputado intentó retirarse del lugar cuando los preventores [por la Policía de la Ciudad] ingresaron en el local y que no abrió la puerta del inmueble cuando la policía llamó".

Sin embargo, Zuconni fundamentó su decisión de otorgarle la libertad al afirmar que "no hay de momento elemento alguno que lleve a presumir que el acusado intentará eludir el accionar de la Justicia, ni que su detención se erija como necesaria para neutralizar el entorpecimiento del trámite del proceso".

La denuncia de Marías se sustentó en la realización por parte de "actos de manifiesta arbitrariedad" en el ejercicio de sus funciones por parte de la magistrada.

"Corresponde analizar si el otorgamiento de la libertad a un imputado por abuso sexual agravado, sin haber establecido que vive en el domicilio proporcionado excarcelándolo bajo caución juratoria constituye un supuesto de mal desempeño en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional", sostuvo el consejero.

Dos fiscales que investigan el caso apelaron a la decisión de la jueza Zucconi de no dictar la prisión preventiva del sospechoso. Se trata de la fiscal Silvana Russi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41, y de su colega Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Las representantes del Ministerio Público resaltaron: "La revocación de su libertad es el único medio útil para asegurar los fines del proceso, la integridad de la víctima y el cumplimiento de los compromisos del Estado argentino en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres".

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