Denuncia por el estado de la cárcel de Batán

LA PLATA.- La provincia de Buenos Aires fue denunciada por la situación del complejo carcelario de Batán, en Mar del Plata, y por la decisión de reabrir los calabozos de las comisarías, tomada en abril pasado por el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, a raíz de la declaración de la emergencia por la sucesión de hechos delictivos.

La primera de las denuncias fue presentada el viernes último ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el defensor ante la Cámara de Casación Penal bonaerense, Mario Coriolano, y el titular del Área de Recursos Extraordinarios y Organismos Internacionales de la Defensoría, Juan Pablo Gomara.

Las condiciones en que permanecen detenidos los internos de ese complejo, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), "ha sido objeto de reiteradas denuncias desde hace aproximadamente cinco años", sostuvieron Coriolano y Gomara en su presentación. Además, destacaron que, a pesar de una resolución favorable de la Cámara de Apelaciones marplatense al hábeas corpus original, presentado hace más de un año y que dispuso el traslado de presos de Batán a otros penales, el gobierno no ha resuelto el problema.

Fuentes del Ministerio de Justicia dijeron que, la semana pasada, el ministro Ricardo Casal convocó a la Suprema Corte de Justicia bonaerense, a la Procuración General de la Corte, a la Secretaría de Derechos Humanos, al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y a la Comisión Provincial por la Memoria para conformar dos equipos de trabajo, uno en La Plata y otro específico para el distrito de Mar del Plata, donde se encuentra la prisión que fue objeto de la denuncia.

"Hay muchos penales en la provincia en la misma situación, pero tomamos el de Batán como caso testigo por la gravedad de la situación y la demora del gobierno", explicó Coriolano a LA NACION. En la presentación ante la CIDH, se explicó que el ministro Casal y la Fiscalía de Estado provincial han realizado "constantes maniobras dilatorias" en el trámite judicial.

En las comisarías

En tanto, el CELS y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) presentaron el lunes una denuncia contra el gobierno provincial en el fuero en lo Contencioso Administrativo, para que se deje sin efecto la decisión del ministro Alejandro Granados de reabrir los calabozos de las comisarías, que habían sido cerrados durante la gestión de Casal, por las condiciones de precariedad y hacinamiento en que permanecían los detenidos.

La justicia bonaerense ya había ordenado revertir la medida en el distrito de La Plata al hacer lugar a recursos presentados por el defensor general Omar Ozafraín, el fiscal Marcelo Romero y la secretaria de Ejecución Penal, Fabiana Ripani. Pero la demanda del CIAJ y el CELS alcanzó a toda la provincia y apuntó a anular la resolución de Granados por considerarla inconstitucional.

Arias pidió informes al Poder Ejecutivo bonaerense e impuso un plazo de dos días hábiles para recibir una respuesta. Mientras que decidiría entre el lunes y el martes si hace lugar a la demanda de los organismos.

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