Demoraron al hijo de la interventora de la AFI

Una denuncia por un testamento ológrafo falso obtenido mediante engaños a una descendiente directa del presidente Bernardino Rivadavia derivó en dos allanamientos realizados en una librería y en un departamento de Villa del Parque. Los investigadores no lo sabían, pero esos inmuebles pertenecían al hijo de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.

En la búsqueda de los libros que una vecina de Bernardino e Isabel Rivadavia se había llevado de la casa de los hermanos y con la pista de un usuario de internet, identificado como “Pucherito2665”, los investigadores judiciales llegaron, de manera fortuita, a dos inmuebles de Villa del Parque.

Según fuentes de la investigación, en uno de esos inmuebles funciona una librería y el restante corresponde a un departamento en el que vive Federico Barea, hijo de Caamaño.

Al revisar esos inmuebles, los investigadores hallaron incunables y 450 libros de la colección de 20.000 volúmenes de Bernardino Rivadavia, chozno del primer presidente argentino.

Mientras inspeccionaban el departamento para buscar otros elementos que formaban parte de la colección privada del descendiente de la quinta generación de Rivadavia, los investigadores hallaron seis maceteros con plantas de marihuana. Esos plantines fueron encontrados en el primer piso del departamento. A partir de este hallazgo, los policías se comunicaron con el juzgado federal N° 5, que ordenó que el dueño del departamento fuese trasladado a una comisaría donde fue fichado y se le notificó de la formación de una causa penal en su contra por la supuesta infracción a la ley 23.737.

Después que la policía comprobó que el hijo de la funcionaria no tenía ningún pedido de captura en su contra, fue liberado y, en los próximos días será llamado a una indagatoria.

Con respecto a la investigación por el hallazgo de los libros e incunables que habrían sido robados de la casa de los descendientes de Rivadavia, todavía el juez de Instrucción Hugo Decaría, no tomó ninguna decisión. Esto significa que, hasta el momento, el hijo de la interventora de la AFI, no está imputado de ningún delito vinculado al caso Rivadavia, aunque podría ser objeto de una acusación por presunto encubrimiento.

La trama que terminó con la detención de Barea se inició en 2011, con la muerte de Bernardino Rivadavia, el chozno del primer presidente argentino. Tanto Bernardino como su hermana, Isabel vivían en una casa del barrio Caferatta, cerca del cruce de José María Moreno y Asamblea.

Ambos tenían como vecina a Cristina Santojanni. Luego de la muerte de Bernardino, se acentuaron los problemas psiquiátricos de Isabel, su hermana. Esa patología psiquiátrica derivó en una internación en un centro asistencial. Allí, Isabel era visitada por Santojanni, quien en complicidad con una empleada que firmó como testigo, falsificó un testamento ológrafo a su favor, en agosto de 2016.

Según fuentes judiciales, la acusada se habría aprovechado del síndrome demencial grave que sufría Isabel Rivadavia para apoderarse de sus bienes.

Isabel Rivadavia falleció al año siguiente. Ninguno de los choznos del primer presidente argentino dejó descendientes directos. Entonces, los primos de ambos hermanos se presentaron ante la Justicia para iniciar la sucesión. Pero, en ese momento advirtieron que la mencionada vecina había iniciado una sucesión testamentaria de los bienes de los choznos de Rivadavia.

Los primos de Rivadavia radicaron una denuncia contra Santojanni por presunta circunvención de incapaces tal como se conoce al delito que castiga con penas de entre dos y seis años de prisión a quien abuse de las necesidades de un menor o de un incapaz, declarado o no, para hacerle firmar un documento que provoque un daño o perjuicio.

Santojanni fue indagada y procesada por circunvención de incapaces y estafa procesal.

La pista que llevó a los funcionarios judiciales hasta los inmuebles de Villa del Parque fue un testigo que alertó a los herederos de Rivadavia que había visto que, en un sitio de internet se ofrecían varios de los libros del descendiente directo de Rivadavia, un intelectual que dirigió la revista literaria Proa que, en su primera época estuvo a cargo de Jorge Luis Borges.

En internet esos libros eran ofrecidos por un usuario que se identificaba como “Pucherito 2665”.

A partir de la reconstrucción del hecho realizada por los investigadores se abonaría la sospecha que Santojanni habría sustraído varios elementos de la casa de los Rivadavia y los habría vendido al librero Barea, quien los ofrecía en un conocido sitio de ventas por internet.

Un amigo de Rivadavia reconoció los libros como parte de la colección personal del chozno del presidente y concurrió a la librería donde le ofrecieron los incunables. Después de verificar la pista, el juez ordenó allanar la librería y la casa del dueño del local, sin saber que era familiar de la interventora en la AFI.

Durante el operativo, ese vínculo quedó al descubierto.

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