Del tráfico de cocaína al secuestro. Arrestaron a uno de los responsables del “narcojet” por la desaparición de un empresario
Gustavo Juliá fue detenido en Martínez por detectives de la Policía Federal
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Gustavo Juliá, quien en 2012 fue condenado en España a la pena de 13 años de prisión por el trafico de 944 kilos de cocaína oculta en un Bombardier Challenger 604 que había adquirido después de firmar un contrato de leasing, volvió a la cárcel. Ahora, ese hombre de 61 años e hijo de un jefe de la Fuerza Aérea durante el menemismo, fue detenido por detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) en San Isidro en el marco de una causa donde se investiga el secuestro de un empresario que continúa desaparecido desde el 8 de julio pasado.
La víctima, Gastón Tallone, era investigada por lavado de dinero. En su momento, después de una negociación, su familia pagó un rescate, pero no recibió noticias del empresario.
“Devuelvan la droga y los 500 mil dólares que se robó”, fue el mensaje que recibió la familia de Tallone después de pagar el rescate.
En un primer momento, a partir de la denuncia de la familia que reside en Entre Ríos, el secuestro de Tallone, que habría ocurrido entre los barrios de Balvanera y Almagro, era investigado por la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minata, pero después esa funcionaria judicial declaró la incompetencia de su despacho en este caso y la investigación pasó a los tribunales de Comodoro Py, con la intervención del fiscal federal Carlos Stornelli y la jueza María Servini.
Juliá, hijo del fallecido brigadier general José Juliá, jefe de la Fuerza Aérea Argentina durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, fue detenido en Martínez, en San Isidro, cerca de su casa, por detectives de la División Antisecuestros de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA el viernes de la semana pasada, pero el operativo se mantuvo hasta ahora en reserva.
No es la primera vez que Juliá es detenido desde que volvió a la Argentina después de cumplir la condena impuesta por un tribunal de Barcelona.
En agosto del año pasado, el empresario fue detenido en un control vehicular hecho en Vicente López porque tenía una orden de captura por una causa por contrabando de oro a los Estados Unidos que tramitaba el juez en lo penal económico Alejandro Catania.
Un mes después, fue procesado sin prisión preventiva por el contrabando a los Estados Unidos de siete kilos de oro en lingotes y 500 gramos de platino.
El magistrado también procesó a Juliá por ser jefe de una asociación ilícita y le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 17.500.000 de pesos.
Cuando fue indagado y le preguntaron su ocupación actual, Juliá dijo que trabajaba en tareas de “cortar pasto, limpiar piletas y pasear perros”. Vive en Martínez, en San Isidro.
La trampa para un secuestro
Tallone está desaparecido desde el 8 de julio pasado cuando fue obligado a subir a un vehículo en la zona de Abasto, entre los barrios porteños de Almagro y Balvanera. Algunas semanas antes, la víctima del secuestro había aparecido en las noticias de la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay por una denuncia de recepción en 2021 de pagos de extorsiones en la zona portuaria.
Esa presentación la realizó el abogado José Alberto Tomás Uriburu, autodefinido en el escrito como dueño de la empresa Terminal Puerto Concepción del Uruguay, que mencionó a Tallone como uno de los hombres que cobraba el dinero exigido en dólares a nombre, supuestamente, del por entonces administrador del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay a cambio de no obstaculizar el movimiento en esas terminales y de facilitar la compra agresiva de una empresa al “armar una mochila de juicios” a sus anteriores dueños. Desde ese testimonio expuesto del 26 de abril pasado, Uriburu pasó de denunciante de corrupción a imputado por el rapto de Tallone luego de la decisión que en agosto pasado tomó la fiscal Minata, que en ese momento tenía la investigación que ahora sigue su colega Stornelli.
Cuando la Justicia empezó a investigar la desaparición de Tallone lo detectives se llevaron una sorpresa. O no tanto. La mayoría de los allegados a la víctima tenían sus teléfonos interceptados por otras causas judiciales. Entre las líneas bajo escuchas judiciales estaba la de Juliá. A partir de las desgrabaciones, se pudo reconstruir la forma en que había sido llevado a una trampa Tellone. A ese procesamiento del abogado Uriburu se sumó en agosto pasado el de un hombre de confianza de la víctima: Juan Carlos Miró.
En ese momento, los investigadores habían sacado una conclusión: la disputa entre el abogado Uriburu y Tallone tiene que ver con un robo de cocaína y dólares. Los mensajes que allegados a la víctima recibieron varios días después del pago del rescate mencionaban “deudas” que oscilaban entre los US$300.000 y US$500.000. Y en esos primeros pasos de la investigación, cuando la causa era tratada en la Justicia Federal de Concepción del Uruguay y por el fiscal Santiago Marquevich, de la Unidad Fiscal Especializada en Crimen Organizado (Ufeco), apareció una vez más Juliá.
Si bien aún no se sabe qué pasó con Tallone luego del 8 de julio, si estaba claro para los investigadores que la víctima fue engañada por Miró quien pergeñó un inexistente encuentro con una ficticia jueza federal para interesar a Tallone a concurrir a una reunión en las cercanías del Shopping del Abasto. Allí fue amenazado por sus captores, entre los que se encontraba -según figura en la causa- Juliá, que, como se consignó, en noviembre pasado había sido procesado en una causa por contrabando de oro.
Aunque no formó parte de los procesamientos y arrestos ordenados por el primer equipo de investigadores, Juliá fue considerado una figura clave en este secuestro: el vehículo usado para capturar a Tallone es un Gol Trend que tiene una oblea de peaje a nombre de Juliá y que este pagaba con una de sus tarjetas. Su celular también fue detectado en las mismas posiciones que las de Tellone, Miró y Uriburi en una casa de Benavídez en la tarde del 8 de julio, propiedad que sería el lugar donde estuvo en cautiverio la víctima.
Pocas horas después del rapto, entre las 21.30 y las 21.47 de ese 8 de julio, un allegado a Tallone entregó una sobre con una cifra que va de los US$65.000 a los US$100.000 a Miró como pago de rescate. La propia víctima dio las indicaciones del lugar donde podría recolectarse esa cantidad de dólares con la sola mención de su nombre. El amigo llevó luego el dinero al lugar elegido por los secuestradores: una estación de servicio Shell ubicada en Cabildo al 4100.
El sobre finalmente llegó a manos de Uriburu, al menos eso plantea la hipótesis que derivó en su procesamiento con prisión preventiva decidido en agosto pasado por la Justifica Federal de Concepción del Uruguay. En la casa de ese abogado, que tenía vínculos con el inefable Guille Cantero -el encerrado líder de Los Monos-, se incautaron US$65.000, cifra que los investigadores consideran compatible con el pago del rescate.
Ahora, el fiscal Stornelli y la jueza Servini ordenaron el arresto de Juliá, el hombre que en 2011 había provocado uno de los mayores escándalos vinculados con el narcotráfico en la Argentina.
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