Cupos excedidos. La Cámara del Crimen reclamó soluciones al SPF y al Ministerio de Justicia nacional por la superpoblación en comisarías porteñas

La Cámara del Crimen pidió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que adopte medidas que “regularicen de inmediato” la asignación de cupos de alojamiento para personas detenidas en territorio porteño para “evitar su permanencia en el ámbito de alcaidías y comisarías” de la Ciudad. Se hizo así eco del reclamo de larga data que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta mantiene con la Nación, a la que acusa de no habilitar lugares para que trasladen a cárceles federales a los presos que, hoy, duplican la cantidad de lugares en los centros provisorios de detención de la Capital.

En el Acuerdo General firmado hoy, los jueces del tribunal de Alzada señalaron que “tanto la Comisión de Institutos de Detención, como el pleno de esta Cámara, han demostrado su constante preocupación por las condiciones objetivas de alojamiento de los internos en virtud de la falta de cupo en unidades del Servicio Penitenciario Federal a las que deben ser derivados”.

En 2017, tras la creación de la Policía de la Ciudad, los calabozos de las comisarías fueron inhabilitados para el alojamiento de personas detenidas; pero a partir de mayo de 2020, en plena pandemia, los nuevos ingresos a las unidades del SPF casi se congelaron. Lo que comenzó siendo una medida de prevención ante la emergencia sanitaria se convirtió en una situación permanente. Las alcaidías porteñas se llenaron y eso obligó a la rehabilitación de los calabozos en las seccionales, sin modificaciones edilicias ni agregado de cupos, según sostuvo oportunamente la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). Ese organismo informó que al 31 de enero de 2023, de las 1132 personas detenidas en “centros de detención no penitenciarios” de la Policía de la Ciudad, la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería en la Capital, 1056 estaban alojadas en comisarías y alcaidías dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. En enero, la “capacidad ideal” de las alcaidías era de 453 plazas.

La Cámara se ocupa de la cuestión desde 2016, cuando también le pidieron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (del que depende el SPF), “medidas tendientes a remediar la superpoblación en las unidades carcelarias” que, según la evaluación de entonces, incidía en los “alojamientos prolongados” en la Unidad 28, es decir, la Alcaidía de los Tribunales, un lugar donde los detenidos son alojados provisoriamente, y por corto espacio de tiempo, a la espera de alguna diligencia judicial. Pidieron, en ese momento, que los presos no permanecieran más de 24 horas en la U28.

Actualmente, según consta en los registros de la PPN, los tres grandes complejos penitenciarios federales del Área Metropolitana de Buenos Aires tienen su capacidad máxima de alojamiento superada: el penal de Villa Devoto está al 104%; el de de Marcos Paz, al 108%, y el de Ezeiza, al 115%.

El año pasado, tras una serie de encuentros de los que participaron jueces y funcionarios del SPF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, la Cámara “puso de manifiesto el interés” de “evitar la sobrepoblación de comisarías y alcaidías comunales por no resultar el ámbito propio para cumplir una detención”. Planteó “la necesidad de trabajar en la creación de nuevos y modernos establecimientos en el ámbito penitenciario federal y, más aún, de concluir a la brevedad con las obras ya iniciadas”, como las que están en ejecución en Mercedes y en Marcos Paz, sin precisión actual sobre su conclusión.

Emisarios del Poder Judicial de la Nación realizaron una serie de recorridas a comisarías y alcaidías porteñas que arrojaron, como resultado, la evidencia de la superpoblación mucho más allá de su capacidad y de su objetivo primario, ya que, a pesar de ser celdas de estancia provisorio y de corto plazo, había alojadas personas condenadas, que ya deben cumplir sus penas en un establecimiento penitenciario y no en uno policial.

“En consecuencia, solo podemos concluir que, si bien hemos puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes, en forma reiterada, la necesidad imperiosa de impulsar reformas que atiendan la situación imperante en las unidades carcelarias federales –y hoy, en las alcaidías y comisarías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–, vinculadas con las condiciones en que los internos cumplen su detención, tanto a través de presentaciones de la Comisión de Institutos de Detención de esta Cámara, como en las diversas resoluciones dictadas en las acciones de habeas corpus que en el fuero tramitaron, hasta el presente no se han obtenidos resultados satisfactorios. Y, lamentablemente, podemos asegurar que el deterioro ha ido en considerable aumento y tal estado de cosas ya no permite solo exhibir una vez más nuestra profunda preocupación, sino reclamar enfáticamente a los organismos responsables su inmediata solución”, rubricó con su firma el pleno de la Cámara del Crimen.

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