Crisis carcelaria. La Corte bonaerense ordenó a los jueces hacer un “uso racional de la prisión preventiva”
El máximo tribunal bonaerense recordó la prohibición de alojar menores, embarazadas y enfermos en comisarías; requirió al Poder Ejecutivo provincial que informe sobre el avance en las ampliaciones de las cárceles, que tienen casi 55.000 detenidos, con solo 27.000 plazas
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LA NACIONGustavo Carabajal
En atención al grave problema de superpoblación en las cárceles bonaerenses, la Suprema Corte de Justicia bonaerense recordó a los jueces provinciales la necesidad del “uso racional” de la prisión preventiva. En una acordada de 39 páginas, el máximo tribunal instó también al Poder Ejecutivo provincial a informar cada 60 días sobre el estado de las obras de ampliación y mejora de las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y sobre la construcción de nuevas instalaciones.
“Recordar que la prisión preventiva no puede funcionar como una pena anticipada. También se destaca la importancia de su uso racional, en cumplimiento de los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) el 3 de mayo de 2005 [el llamado Fallo Verbitsky] o el empleo de medidas alternativas de morigeración”, resolvió el máximo tribunal bonaerense.
Ese acuerdo resolvió un hábeas corpus colectivo presentado por el Centro Legal de Estudios Legales y Sociales (CELS) que denunció la superpoblación de las cárceles bonaerenses y las malas condiciones de alojamiento.
Según el informe presentado por el Ministerio de Justicia bonaerense, la población carcelaria creció en los últimos dos años, a pesar de la resolución dictada por el juez de la Cámara de Casación provincial, Víctor Violini, que en abril de 2020 dispuso excarcelaciones para los presos con riesgo de vida a raíz de la situación de hacinamiento en las cárceles que favorecía el contagio del coronavirus.
En junio de 2020, el Ministerio de Justicia informó que había 52.503 detenidos, de los cuales 45.398 estaban en establecimientos carcelarios, 4196 en comisarías y 2909,en prisión domiciliaria con tobilleras electrónicas de monitoreo.
Pero la situación de superpoblación carcelaria se agravó en los últimos meses. Según el SPB, actualmente hay 54.818 detenidos en penales y alcaldías; 4415 presos en comisarías y 3338 procesados y condenados que cuentan con el beneficio de la morigeración de prisión preventiva de las sentencias, con monitoreo electrónico.
La capacidad total en los establecimientos de detención bonaerenses es de unas 27.000 plazas.
A raíz del planteo realizado por el CELS para mitigar los efectos de la superpoblación carcelaria y cumplir con dos resoluciones de la CSJN de 2005 y de mayo de 2021, la Suprema Corte bonaerense dictó el reciente acuerdo, firmado por los ministros Hilda Kogan, Sergio Torres, Daniel Soria y Luis Genoud.
Este expediente estaba cerrado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense, pero la Corte Nacional decidió reabrir el habeas corpus colectivo a instancia de los Defensores Oficiales de la Provincia. Se trata de un Programa de Cumplimiento de Sentencia (PCS), según lo dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 13 de mayo de 2021.
En la resolución se incluyó una serie de medidas como, por ejemplo, sugerir la realización de juicios abreviados para agilizar los procesos judiciales en los que hay detenidos.
“Instar a los órganos jurisdiccionales a reprogramar la implementación de audiencias de debate con especial enfoque en las personas privadas de su libertad con mayor tiempo de prisión preventiva, a fin de atender cabalmente la garantía de todo justiciable a un proceso sin dilaciones indebidas. Se dispone que se evalúe la posibilidad de imprimir acuerdos alternativos al juicio oral en aquellos casos en los que pudiere resultar una solución pertinente y adecuada a las circunstancias de cada caso”, se indició en el acuerdo de la Corte provincial.
Además, en la resolución de la Suprema Corte bonaerense se dispuso que “los órganos jurisdiccionales revisen la situación de las personas detenidas en procesos bajo su jurisdicción, valorando la necesidad de mantenerlas en dicha situación, o bien, de cautela o de ejercicio de las penas menos lesivas, acorde al mérito de cada situación particular y siempre que las circunstancias del caso lo ameriten”.
En la resolución, el máximo tribunal bonaerense recordó “la prohibición de alojar en comisarías a menores, mujeres embarazadas y detenidos que padezcan alguna enfermedad”.
Además, la Corte provincial convocó a la Legislatura bonaerense a conformar una mesa de trabajo que cuente con la participación y opinión, entre otras organizaciones, de las que tutelan derechos de las víctimas de delitos, en este último caso teniendo en consideración los principios que estableció la ley 15.232 de protección de las víctimas de delitos.
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