Crisis carcelaria: la Corte sugirió a Kicillof trasladar presos a prisiones federales o de otras provincias
LA NACIONMaría José Lucesole
LA PLATA. A pocas horas de la jura de Axel Kicillof, la Suprema Corte de Justicia bonaerense sugirió al Poder Ejecutivo trasladar algunos de los casi 50.000 presos de las unidades penales de este territorio a las prisiones federales o de otras provincias a efectos de atenuar el hacinamiento en las cárceles, calificado por la Justicia como una "crisis humanitaria". También instó a los jueces del distrito a hacer un "uso racional" de las prisiones preventivas y a adoptar, en los casos posibles, medidas de morigeración de las detenciones e, incluso, excarcelaciones extraordinarias con sistema de monitoreo electrónico.
Una semana después del comienzo de una huelga de hambre que ya alcanza al 20% de la población carcelaria bonaerense, el máximo tribunal provincial exhortó a constituir "una mesa del diálogo integrada con los organismos estatales competentes, organizaciones no gubernamentales dedicados a la protección de los derechos humanos y demás entidades o personalidades que se estime pertinente para un abordaje integral de la problemática referida a las condiciones de detención de las personas privadas de libertad".
La nueva administración provincial recogió rápidamente el guante. El ministro de Justicia, Julio Alak, anunció a poco de asumir que convocará a esa "mesa de diálogo" para analizar el problema de superpoblación carcelaria, situación a la que calificó como "una deuda de la democracia".
El gobernador Kicillof ya había admitido ayer, en su discurso de asunción, que en las 57 cárceles provinciales hay "severos problemas de derechos tan básicos como la salud y la alimentación que generan situaciones muy duras, inhumanas". Y culpó al gobierno saliente de María Eugenia Vidal por haber interrumpido la provisión de alimentos. El exministro Gustavo Ferrari había dicho a LA NACION esta semana que las carencias momentáneas de carne vacuna y aviar se habían superado.
Ante esta crisis, que derivó los últimos días en una extendida huelga de hambre entre los reclusos, el máximo Tribunal provincial promovió la adopción de una serie de medidas "frente a las graves condiciones de detención en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)". El mes pasado la Cámara de Casación provincial se había manifestado en el mismo sentido.
La Suprema Corte consideró que esas condiciones "tienden a agravarse en función de la elevada tasa de detenidos, el uso inadecuado de la prisión preventiva, las modificaciones al Código Penal, las leyes procesales y las dificultades en el régimen de progresividad de ejecución de la pena, siendo todo ello susceptible de generar responsabilidad internacional del Estado Argentino".
La resolución, que lleva el número 3341-19 y tiene fecha de ayer, se dio a conocer poco después de la asunción de Kicillof y de la jura de su gabinete de ministros, entre ellos, Alak, de quien depende el SPB y también la relación con el Poder Judicial.
El texto de la acordada de la Corte llegó en copia al Ministerio de Justicia cuando el Servicio Penitenciario provincial afronta una huelga de hambre que alcanza al 20% de la población de los detenidos. El principal reclamo que motorizan quienes llevan adelante la protesta gira en torno a reformas legislativas que les permitan acceder a morigeraciones en el cumplimiento de las penas privativas de la libertad.
En varios petitorios en los que también solicitaban la conformación de mesas de diálogo para buscar soluciones a la crítica situación penitenciaria, los reclusos exigían la derogación de la llamada Ley Blumberg (que entre otras cuestiones aumentó los tiempos de condena al permitir la sumatoria de penas), la reinstauración de la llamada "ley del 2x1" -por la que se computa doble cada día de prisión sin sentencia firme-, la cancelación del proyecto de nuevo Código Penal (que prohíbe excarcelaciones o salidas anticipadas a los acusados por los delitos llamados graves) y la facilitación de mecanismos que les permitan acortar el tiempo de encierro en prisión.
En ese sentido, el máximo tribunal provincial recordó a jueces y fiscales "la importancia del uso racional de la prisión preventiva, el uso de medidas alternativas o morigeradoras de la prisión preventiva, excarcelación extraordinaria y sistema de monitoreo electrónico para los supuestos que razonablemente pudieran tener lugar".
En la acordada difundida este mediodía tras la jura de ministros de Kicillof, la Suprema Corte provincial declaró que "corresponde dar respuesta prioritaria a la problemática del alojamiento de detenidos en comisarías clausuradas, con cierre o inhabilitadas, exhortándose al Poder Ejecutivo a que arbitre los medios necesarios para la urgente subsanación de este estado de cosas".
Se recordó, además, la "absoluta prohibición de alojamiento" de menores, mujeres embarazadas y personas enfermas en dependencias policiales.
Diálogo
La grave situación instalada a partir de la huelga de hambre de uno de cada cinco presos al cuidado del SPB y por disposición judicial, llevó a la Suprema Corte a requerirle al Poder Ejecutivo que constituya una mesa de diálogo integrada por organismos gubernamentales y no gubernamentales para buscar un abordaje integral de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad.
Ayer, Kicillof se refirió a la situación de los 49.567 detenidos durante el discurso que brindó ante la Asamblea Legislativa. "Hay una superpoblación notoria. Hubo un crecimiento: esta cifra era de 33.000 y ahora son 49.000", dijo, sin precisar las fechas de la comparación. "La superpoblación carcelaria supera el 100%; es una cifra jamás registrada en el sistema penitenciario argentino. El índice, de 309 detenidos cada 100.000 habitantes, duplica la media estadística nacional", señaló el gobernador. "Esos severos problemas de derechos tan básicos como la salud y la alimentación generan situaciones muy duras. Inhumanas", afirmó.
"Sabemos que en el último tiempo la provisión de alimentos, sobre todo carne de vaca y de pollo, ha disminuido, tuvo problemas de abastecimiento, unidades que no recibieron suficiente comida por falta de pago del gobierno. Nos hablan de una deuda de casi 400 millones de pesos con los proveedores. Es parte de la deuda que nos han legado al interrumpir el abastecimiento", se quejó el gobernador.
Y finalizó: "Hay que asegurar que las cuestiones básicas estén cubiertas. Y después hay que darse un trabajo que no se va a poder resolver para mejorar las cuestiones estructurales", dijo el flamante Jefe de Estado.
Alak, luego de asumir, reconoció que afronta una crisis severa: "Tenemos un tema urgentísimo y grave: una inmensa superpoblación en las cárceles. Tenemos 49.400 internos. Y solo 24.000 plazas. Tenemos la más alta superpoblación que se ha registrado en la historia, de casi 20.000 internos. Hay 309 detenidos cada 100.000 habitantes", dijo a LA NACION.
"Lo más probable es que se convoque a una mesa de diálogo con representantes de los tres poderes y representantes de los derechos humanos. Nos interesa además que participe la Iglesia, porque tiene una posición clara; queremos nutrirnos de esa posición para lograr soluciones", dijo Alak a LA NACION.
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