Crimen frente al Malba: el psiquiatra del hombre que mató a un policía está a punto de ir a juicio
La Cámara porteña confirmó su procesamiento por abandono de persona seguido de muerte y homicidio culposo al no haber brindado al paciente la atención que requería ante los signos que evidenciaban su peligrosidad
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LA NACIONGabriel Di Nicola
J. A. M., el psiquiatra que atendía a Mauricio Roza, el vecino de Palermo que en medio de un brote psicótico acuchilló y mató al inspector de la Policía Federal Argentina Juan Pablo Roldán, en septiembre pasado, en la esquina del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), está cerca de ser juzgado por los delitos de abandono de persona seguido de muerte y homicidio culposo.
En las últimas horas, la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Correccional y Criminal porteña confirmó el procesamiento que en primera instancia había resuelto la jueza Alejandra Provítola.
“Habremos de homologar el temperamento adoptado en la instancia anterior pues los elementos recabados evidencian que el médico, con su comportamiento, pese a conocer en detalle los antecedentes psiquiátricos del paciente y las múltiples situaciones alarmantes que su familia le había informado en los días previos al hecho, omitió brindar la atención que el caso requería, lo cual aumentó el riesgo de una conducta lesiva para sí o para terceros por parte del afectado, que finalmente se concretó el 28 de septiembre de 2020 [el día del ataque]”, sostuvieron los camaristas Ignacio Rodríguez Varela y Magdalena Laiño Dondiz.
Como se dijo, el homicidio de Roldán, casado y padre de un niño de cuatro años, ocurrió el 28 de septiembre pasado en la tradicional esquina de Barrio Parque. En tanto, Roza, de 51 años, murió pocas horas después como consecuencia de los disparos que hizo el uniformado en un vano intento de defensa.
Con víctima y victimario muertos, la jueza Provítola investigó si el agresor había recibido un tratamiento psiquiátrico indicado. Roza, según la investigación, sufría de un “trastorno esquizofrénico de tipo paranoide continuo”.
J. A. M. comenzó a atender a Roza en noviembre de 2014. Lo diagnosticó como un paciente con “trastorno esquizofrénico de tipo paranoide continuo” como así también con “incapacidad psíquica de más del 90% casi total y permanente desde el inicio del tratamiento. Le recetó, en febrero de 2015, el medicamento Lapenax, que contiene clozapina, droga utilizada en el tratamiento de la esquizofrenia en personas que han probado al menos otros dos medicamentos antipsicóticos a los que no respondieron bien, o que no toleran otros antipsicóticos debido a sus efectos secundarios.
En 2020, durante la propagación de la pandemia de Covid-19, las atenciones discontinuaron. Las últimas veces que el médico vio a su paciente fueron el 8 de mayo y el 3 de julio. Los días 18, 21 y 25 de septiembre pasado, los hermanos de Roza le avisaron al psiquiatra que había dejado de tomar la medicación recetada y que había tenido episodios de “descompensaciones psíquicas”, tales como “comenzar a hablar raro, realizar movimientos extraños, tener delirios de persecución”.
Cuando procesó a J. A. M., la jueza Provítola explicó que el médico “no le brindó la atención, diagnóstico, seguimiento y control en el marco de su ministerio, limitándose a dialogar con el paciente por teléfono, y luego de ello explicarles a los hermanos de Roza que debía ingerir un comprimido diario de Lapenax y realizarse un hemograma, ya que “no lo había visto ‘tan mal’”, y que volvería a atenderlo el 2 de octubre [de 2020], sin perjuicio de que el estado de salud psicofísica de dicha persona mejorara”.
Pero las preocupaciones de la familia de Roza continuaron porque hubo nuevos episodios de descompensaciones. El 25 y el 27 de septiembre del año pasado, es decir, tres y un día antes del ataque a Roldán, los familiares “observaron un empeoramiento en el comportamiento” del hombre.
El domingo 27 de septiembre, la familia de Roza volvió a llamar al psiquiatra. “En esta ocasión le mencionaron sobre sus condiciones de salud psíquica y manifestaciones psicológico-psiquiátricas. Le relataron que el paciente había ido el sábado [26 de septiembre] a la Embajada de los Estados Unidos de América para dejarle un mensaje al presidente Donald Trump”. Además, la familia “le solicitó que, de ser posible, colabore para proceder a iniciar los trámites de internación. Pero el profesional respondió que ‘lo volverían a hablar al día siguiente’, que ‘tenía que consultar cómo era la ley de Salud Mental para internarlo, que no estaba muy al tanto del protocolo de internación’ y que ‘el lunes [28 de septiembre, día del homicidio] no podía porque tenía que atender pacientes en San Miguel’”, explicó la jueza Provítola al momento de procesar al imputado.
Descargo
En su indagatoria, J. A. M. se negó a declarar. Pero al día siguiente presentó un escrito. Su defensa se basó en que, después de las llamadas de los hermanos de su paciente, él se contactó con un centro médico “para proceder a la inmediata y urgente atención médica de Roza y su eventual internación”. Pero recibió como respuesta que el lugar no contaba con un equipo de internaciones y que debía contactarse con el centro de emergencias.
Siempre según el escrito presentado como defensa, cuando el médico llamó al centro de emergencias le dijeron que se tenía que comunicar con la familia del paciente. “Y finalmente, sostuvo que ese mismo domingo, en el horario de la noche, recibió un mensaje de voz de WhatsApp en el que uno de los hermanos de Roza le avisaba que por decisión de otro de sus hermanos, al día siguiente, analizarían nuevamente la cuestión y decidirían sobre la internación”, según el expediente judicial.
“Surge de la propia historia clínica de Roza, como así también de las demás constancias agregadas al legajo e incluso del testimonio de uno de los hermanos del nombrado, que J. A. M., entre al menos el 18 y el 28 de septiembre de 2020, con sus conductas omisivas, de forma negligente, e incumpliendo sus obligaciones legales, abandonó y dejó a su paciente en una situación de desamparo y desprotección tal que luego, incluso, derivó en su fallecimiento, previo asesinar a un inspector de la Policía Federal Argentina, con conocimiento del riesgo que esta persona detentaba y cuando tenía el deber de evitación de la consumación de esta peligrosidad en sí o en terceros”, sostuvo la jueza Provítola al procesar al médico. El profesional ahora está camino al juicio oral.
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